El problema de la reforma, tal como aparece a los ojos del analista, reside en otra parte. Como sucediera con la ley de medios, no se propone lo que dice que propone, sino algo más bien distinto y cercano. Por eso, no sorprende que en el paquete no aparezca, sino en parte, la rica agenda de medidas planteadas por los especialistas, sino apenas aquellas que pueden interesar al gobierno en la coyuntura. Por ejemplo, se limita el derecho cautelar –precario, es cierto- para enviar una señal a los grupos económicos adversos al gobierno (en concreto, a Clarín). Pero no se repara en las consecuencias más generales que la medida puede tener, a modo de impacto, sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Del mismo modo, la reforma del Consejo de la Magistratura agranda el número de consejeros –allí donde Néstor Kirchner lo había limitado, en 2006-, afectando el principio de equilibrio propuesto por la Constitución Nacional, al sólo fin de mejorar las condiciones en que disputará las elecciones el partido de gobierno en el inminente turno electoral.
Y aún el fin es más concreto. Veamos: con el sistema actual, las elecciones legislativas representaban un problema para el Gobierno. Distritales por naturaleza, exponían su debilidad local, así como su estructural carencia de dirigentes referenciados con la sociedad. En al menos siete distritos, el kirchnerismo carece de candidatos o bien presenta una oferta pobre, que no compite por el primer puesto –y en muchos casos, tampoco por el segundo o el tercero-. En Capital Federal, el oficialismo arrastra una década de derrotas, que previsiblemente lleven a la pérdida del senador por la minoría. En Santa Fe, la división del peronismo kirchnerista a partir de la salida de María Eugenia Bielsa afecta las chances del FPV acaudillado por Agustín Rossi –quien debe renovar su banca- de capitalizar la crisis del socialismo, y deja el camino allanado para que PRO repita su performance y se consolide como segunda fuerza. En Córdoba, el kirchnerismo directamente no cuenta con una fuerza electoral competitiva. En Mendoza y en Chubut, es posible que el oficialismo local, identificado con el gobierno nacional, sea superado por la oferta opositora. Entre tanto, aunque no sobran las definiciones, todo indica que la fractura del peronismo bonaerense complicará, al menos, la posibilidad de una victoria clara en un distrito clave que no cuenta tampoco con candidatos visibles y bien conceptuados desde la vereda del kirchnerismo. Como contrapartida, la débil implantación local de las diferentes oposiciones, así como la dispersión de la oferta electoral alternativa al gobierno, posiblemente permitan que, con un guarismo bastante bajo, el gobierno nacional garantice no obstante la primera minoría.
En ese escenario fragmentado, la aparición de una boleta de alcance nacional, como la que propone el gobierno para seleccionar a los nuevos consejeros que seleccionarán y juzgarán el desempeño de los jueces, introduce una mejoría notable. Es, de aprobarse e implementarse en estas elecciones, el medio idóneo para resolver la crisis que más aqueja al kirchnerismo, aquella que remite a la sucesión de Cristina Kirchner. Con un candidato propio en la boleta de cada agrupamiento local enrolado en el FPV, éste quedaría automáticamente instalado de cara a la próximas presidenciales. Y de ser necesario “apalancarlo”, dado que no existe impedimento legal alguno, la propia presidente podría ir en la lista de 2015. No sin razón, la mirada de los analistas, e incluso de dirigentes del kirchnerismo, como Carlos Kunkel, apuntó directamente a Carlos Zannini, Secretario Legal y Técnico y hombre de extrema confianza de la presidenta, para que encabece la lista de nuevos consejeros. De este modo, la elección quedaría inmediatamente nacionalizada, las listas y sus guarismos se unificarían, y el Gobierno lograría lo que tanto anhela: encolumnar detrás de un mismo candidato con opciones de triunfo a todos sus partidarios de cara a 2015.
Existen dos tipos de dificultades en el plan que se concibe. En primer lugar, la cercanía de la campaña electoral. Por eso destaca la premura de un paquete que no era prioritario antes de marzo. En segundo término, las dudas legales que plantea la ley específica, que llevarían a un sector de la oposición a demandar su suspensión hasta tanto exista un fallo sobre su constitucionalidad. Incluso si tales escollos son superados, habría que esperar que se den algunos resultados para ver si la instalación es exitosa: en concreto, de la suerte del gobierno en la provincia de Buenos Aires depende la continuidad del apoyo de no pocos dirigentes. Finalmente, aún instalado, Zannini debería sortear el absoluto desconocimiento que genera su figura, frente a dirigentes que, como los gobernadores provinciales, tienen una instalación menos artificial en el seno de la opinión pública. Pero no puede dudarse de que es esta, y no otra, la naturaleza de la jugada que auspicia Balcarce 50.
Finalmente, resta un interrogante. ¿Qué pasará si otros dirigentes, hoy sin alcance nacional, deciden competir con Zannini y lanzarse a la contienda? No es un mal incentivo, dicen en los pasillos del Congreso, para figuras que hoy no superan el rango vecinal.
(*) Profesor universitario. Analista político
