Sociedad

Un paso atrás: España reformó la ley del aborto con restricciones

El gobierno español aprobó una reforma restrictiva de la ley del aborto, donde vuelve hacia atrás y elimina la actual legislación que permite la interrupción libre del embarazo en las primeras 14 semanas y hasta las 22 en caso de malformación del feto.

La reforma vuelve a una vieja legislación que autoriza el aborto en caso de que haya peligro “para la vida o la salud física o psíquica de la mujer” o que el “embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual”.

 

En el primer caso será necesario un “informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad de la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer. Médicos que habrán que ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto se debe producir”.

 

Los dos supuestos estaban contemplados en la ley de 1985, que reformó la legislación actual aprobada en 2010 por el entonces gobierno socialista español. Ahora, se elimina la posibilidad en sí de abortar en caso de malformación del feto, algo que permitía la ley de 1985, subsumiéndola en los casos de riesgos para la madre.

 

“El proyecto contempla como un riesgo para la salud psíquica de la mujer que el embrión tenga una anomalía fetal incompatible con la vida. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión sufra una malformación que impida la vida se requerirá un informe médico de la madre y del embrión”, especificó el ministro de justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, y agregó que, al contrario de lo que permite la ley actual, las menores que quieran abortar necesitarán del consentimiento de los padres.

 

La nueva ley es criticada por algunas asociaciones feministas consideran que se trata de una vuelta a los años 80 cuando las mujeres españolas tenían que salir de España para abortar.

 

Sin embargo, organizaciones provida como “Derecho a Vivir”, celebraron que se “haya decidido acabar con el aborto como derecho”.

 

Según el gobierno, se trata de una norma que pretende seguir una sentencia del Tribunal Constitucional, que en 1985 fijó su doctrina para respetar los derechos de la mujer y los del feto.

 

Según Gallardón, los socialistas rompieron esa doctrina al promover en 2010 una reforma que no respetaba los derechos del concebido.

 

La norma también obligará a que la mujer sea asesorada convenientemente antes de decidir si aborta y sin que ello sea un “trámite”, como Gallardón considera que ocurre ahora.

 

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