Secuela inmediata de un informe televisivo sobre supuestas irregularidades con fondos del plan “Argentina trabaja”, el oficialismo logró sobre el filo imponer una versión Light de la comisión investigadora, sin facultades para citar funcionarios ni para promover el juicio político al Intendente. Es, de todas formas, un golpe directo sobre uno de los eslabones más débiles en la cadena de alianzas del gobierno nacional con el GBA.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
La comisión está facultada para investigar y resolver en un plazo de 30 días si se desestima la denuncia o existen razones para avanzar con un juicio político al intendente. Se duda que la alianza legislativa que allanó hasta ahora su gestión vaya a reeditarse con este nuevo escenario.
La creación de una comisión con representación de todos los bloques legislativos del Concejo Deliberante pero finalmente sin facultades para investigar y resolver en un plazo de 30 acerca del supuesto manejo irregular de fondos del plan “Argentina Trabaja”, es la primera derivación política de alto impacto en el Conurbano atribuible al enfrentamiento que mantienen el gobierno nacional y el grupo “Clarín”.
Motorizada por todo el arco opositor – Frente Amplio Progresista, Coalición Cívica, Frente Renovador Justicialista, UCR y PRO – y con poco ánimo para resistirla desde el oficialismo ante las 14 firmas reunidas por ese espacio, la medida se adoptó el primer día hábil posterior al feriado del 24 de septiembre y a 48 horas que el tema fuese puesto bajo el foco de la atención pública por el ciclo “Periodismo para todos” que conduce Jorge Lanata.
Allí se expuso los casos de Hugo Blanco, presentado como un proveedor de ese programa en el Municipio de Quilmes a quien le habría facturado 2.100.000 pesos. En el informe, Blanco se presentó como un desempleado quien a instancias de funcionarios municipales se habría inscripto en la AFIP para facturar servicios por ese monto. Lo mismo que Andrés Sersing, a quien se sindica como destinatario de más de 5 millones de pesos en obras de pavimentación. Sensing, aseguró estar jubilado.
Las supuestas revelaciones golpean sobre uno de los eslabones más débiles de la cadena de lealtades que recoge el oficialismo en el Gran Buenos Aires. Junto a Darío Díaz Pérez, también aludido por su presunta vinculación con un emprendimiento de la firma Electro Ingeniería, se trata de dos de los jefes comunales más cuestionados por la falta de Seguridad en sus distritos.
Demanda generalizada de los ciudadanos de los Municipios que gobiernan pero que sensibiliza particularmente a los sectores medios a quienes el oficialismo nacional intenta enviar señales de distensión luego de las marchas y movilizaciones del pasado 13 de septiembre.
Como en el caso del intendente de Lanús, no es allí donde se ubica la base de sustentación electoral del de Quilmes que, como admiten sus oponentes “ganó con los votos que van de la avenida Calchaquí a Donato Álvarez”, una porción del distrito que concentra una alta densidad demográfica de sectores más dependiente de los planes de asistencia social.
Acostumbrado, según sus críticos, al viejo molde sindical de buscar soluciones cuando el conflicto le golpea la puerta y el agua le moja los pies, Gutiérrez verá puesta a prueba su capacidad negociadora. Si bien la comisión negociadora estará presidida por Claudio González, en su condición de jefe de la bancada mayoritaria que responde al oficialismo, habrá que ver qué papel desempeñan en ella quienes hasta aquí mantuvieron alianzas con ese bloque.
Para evitar sorpresas y curarse en salud, el oficialismo logró deshacer sobre el filo de la tarde, y después de un largo cuarto intermedio en la sesión, el oficialismo logró imponer a la oposición que finalmente se constituya una comisión de Seguimiento y Control del plan pero sin facultades de investigar y resolver un eventual pedido de juicio político al Intendente. Acotamiento de funciones que también le impide citar a funcionarios del Municipio.
