Optimismo o realidad virtual

Por Ricardo Salas (*)

La continuidad de días grises y lluviosos sobre la provincia impulsó a la administración Scioli a mantenerse con la guardia en alto ante las inclemencias del tiempo por un lado, pero también por la necesidad de permanecer con el paraguas abierto a raíz del inestable “pronóstico del clima político interno” en su relación con el gobierno nacional.

 

Evitar como tarea de prevención que la Casa Rosada provoque un nuevo temporal que afecte la gobernabilidad de Daniel Scioli parece ser el desafío institucional más inmediato.

 

Además, una agenda gubernamental dispersa sobre distintos asuntos coyunturales permite flotar sobre la superficie sin resolver problemas estructurales de fondo, como la crisis financiera y de inseguridad en territorio bonaerense.

 

Precisamente, las derivaciones interpretativas del inminente dictamen de la comisión de seguimiento legislativo que preside el senador por el oficialista Frente para la Victoria por la Sexta, Jorge Ruesga, tras el secuestro y posterior asesinato de la niña Candela Rodríguez, ocurrida hace un año atrás en Hurlingham, despierta expectativas, porque varios actores del universo K admiten que el informe podría sacudir la estantería del ministro de Seguridad, Ricardo Casal.

 

Ese podría ser el objetivo básico, aunque por elevación el “informe de la comisión Candela” –creada por decisión del vicegobernador Gabriel Mariotto– también puede salpicar con barro al propio Scioli.

 

El diputado bonaerense Marcelo Saín (Nuevo Encuentro), quien habitualmente expresa el pensamiento ideológico del gobierno nacional, sostiene que se trató de “un vuelto” por cuestiones vinculadas al narcotráfico, con conexión policial. Esa es apenas una de las presuntas maniobras que denunció el legislador, que responde a Martín Sabbatella. “Si esto se investiga de vuelta, es probable que algunos jefes policiales que han estado comprometidos salgan esposados, pero quizás también algún funcionario de gobierno”, asegura Saín.

 

En términos financieros, la ministra Silvina Batakis (Economía) predijo que este año iba a ser un año de “incertidumbre” y el tiempo le dio la razón, pues difícilmente la Provincia pueda solucionar definitivamente los problemas salariales de acá a diciembre –además de la segunda cuota del medio aguinaldo, que durante el primer semestre se abonó fraccionado–.

 

En ese contexto, y aun con matices, el dernavaismo y el radicalismo legislativo coinciden en pedir que Buenos Aires abandone el pacto fiscal y recupere el 15 por ciento de los fondos coparticipables que el gobierno nacional retiene a las provincias.

 

“Este aporte dejó de tener sentido a partir de la estatización del sistema previsional. Es vital que el gobernador Scioli imite la decisión de su par cordobés (José Manuel De la Sota) en beneficio de todos los bonaerenses, y busque sentarse a discutir el reparto de la masa coparticipable.”, aconsejan desde la oposición.

 

Agregan que, “en momentos de grandes desequilibrios financieros (como el que tiene Scioli de caja cotidiana) es imprescindible que esos recursos, que son más de 5.200 millones de pesos por año, vuelvan al tesoro provincial”.

 

De la estrategia del manual sciolista por zarandear un título positivo ante tanta pálida, el ministro Alejandro Arlía (Infraestructura) afirmó que la obra pública en la Provincia “goza de buena salud” y detalló que los trabajos previstos “se mantienen en pie”.

 

En un desborde de optimismo o de “realidad virtual”, el funcionario, siguiendo instrucciones del gobernador, también difundió licitaciones de obras de infraestructura vial, con un presupuesto total del orden de los 80 millones de pesos, que abarcan distintos tramos en rutas bonaerenses.

 

A un mes de la primavera, de la agenda del Ejecutivo brota también la necesidad de la principal encargada de Educación, Nora De Lucia, de evaluar en términos de costos y beneficios el “reajuste” a colegios privados.

 

“Estamos haciendo sintonía fina con esto de optimizar los recursos presupuestarios de la Dirección General de Cultura y Educación”, explica la Provincia, casi imitando aquella definición aportada por el jefe de Gabinete sciolista, Alberto Pérez, cuando subrayó: “No existe en nuestro gobierno ninguna posibilidad de ajuste”.

 

Obviamente, lo que más irritó al sindicalismo docente fue el anuncio gubernamental de querer instalar un sistema de control online del ausentismo en el ámbito educativo.

 

En las próximas horas, el vice Mariotto se ubicará interinamente al frente del Ejecutivo a raíz del viaje de Scioli a Chile, para encabezar una misión comercial multisectorial junto al bahiense ministro de Producción, Cristian Breitenstein, que tendrá como eje la posibilidad de abrir supuestas oportunidades de negocios “para aumentar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer las asociaciones productivas” de las casi dos docenas de representantes de pymes que participan de la poco oportuna excursión, en plena época de restricción presupuestaria y medidas de ahorro gubernamental.

 

En los radares de La Plata detectaron socarronas críticas desde el gobierno nacional por el viaje del gobernador al país trasandino. Casi sobre la hora, el gobernador amplió la agenda con un capítulo puntual sobre la experiencia chilena de la estatización del juego online. Lo acordó con el embajador argentino en Chile, Ginés González García, y decidió que subirá la comitiva al presidente del Grupo Bapro, Santiago Montoya, y al titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Jorge “Piedrita” Rodríguez.

 

En rigor, a Scioli tampoco parece importarle demasiado algún disgusto de la Rosada a la hora de conformar su elenco ministerial. Diás atrás, a su gabinete de perfil técnico decidió politizarlo con la designación de Eduardo Camaño como nuevo secretario General de la gobernación, en señal de recompensa a su medio centenar de años de militancia en el peronismo ortodoxo.

 

El fin se semana largo, en términos políticos, le permitió al oficialismo K comenzar prematuramente a jugar nombres en una, por ahora, imaginaria lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente para la Victoria en representación de la Provincia para la elección legislativa del año que viene. En el primer casillero anotan a la ministra nacional de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Pero quienes en las diagonales ya dicen tener el aval de la Rosada para ir en los primeros lugares de la boleta sábana, son el secretario general de la CTA y del SUTEBA bonaerense, Roberto Baradell, y la “cristinista” decana de la facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout, en representación de la Universidad Nacional de La Plata.

 

También se indica que, sin el guiño de la Nación, muy difícilmente prosperen en ámbitos parlamentarios algunos proyectos de ley promovidos desde la gobernación; por ejemplo, la creación de la Policía Judicial casi en paralelo con el de policías comunales de prevención, la iniciativa de Regionalización o una nueva ley orgánica de municipalidades (LOM) como todavía impulsa la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.

 

“Scioli, entre otros, depende de la buena voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner“, señalan. Esta semana la actividad legislativa –al margen de las reuniones técnicas en comisiones– quedó virtualmente “semiparalizada” porque la Cámara de Diputados levantó la sesión y la corrió para el 30 de este mes, fecha popularizada como el día de la tormenta de Santa Rosa.

 

El oficialismo legislativo K no sólo bloqueó días atrás, sino que además minimizó, los problemas que ocasionan las trabas a las importaciones que afectan a distintas áreas, como la industria y la salud en ámbito bonaerense.

 

Durante la sesión en el Senado, el radicalismo identificó “serias consecuencias inmediatas, como son los faltantes de medicamentos, fundamentalmente drogas básicas o genéricas, insumos hospitalarios, como es el caso de llaves de 3 vías, guías, suturas y sueros y repuestos claves para aparatología de alta complejidad”. El problema se agrava ante la falta de pagos por parte del ministerio de Salud de la Provincia, que según la UCR ya acumula una deuda cercana a los 900 millones de pesos con los laboratorios.

 

Entre el paquete de proyectos de declaración presentados por distintos actores del arco opositor contra medidas del gobierno nacional, que se rechazó desde la bancada de senadores del Frente para la Victoria-PJ, se destacaba del “orden del día” una iniciativa que manifestaba preocupación por las restricciones a las importaciones que afectan negativamente el normal desempeño de las industrias y empresas radicadas en Bahía Blanca.

 

(*) Ricardo Salas es columnista en “La Nueva Provincia”

 

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