En la última semana, los medios de comunicación nacionales y locales reflejaron el acto oficial en la Casa Rosada donde la Presidenta Cristina Fernández de Kichner entregó los primeros DNI a travestis y transexuales.
Cabe recordar que este acontecimiento es parte de un proceso político, social y cultural impulsado por la lucha histórica de buena parte de nuestra sociedad.
En los ’90 hubo dos intentos fallidos de establecer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. El primero promovido por la asociación Gays por los Derechos Civiles y el segundo fue un proyecto de ley fundamentado por la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) que no fue tratado y perdió estado parlamentario.
En diciembre de 2002, se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley de Unión Civil (ley 1004) presentado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). A pesar de ser una regulación de alcance local y limitado abarcó a personas del mismo y de distinto sexo y marcó precedente. De forma similar, se replicó en Río Negro y en las ciudades Carlos Paz y Río Cuarto de Córdoba.
La lucha se fortalecía con la unión y organización de las personas que habían resistido en carne propia las consecuencias de la carencia legal de libertad e igualdad (traducida en criminalización, discriminación, aislamiento) junto a personas independientes que, con la convicción de que era una causa justa, militaron la ley a la par de estas organizaciones.
En 2005, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó el proyecto Unión Civil Nacional para parejas del mismo y distinto sexo que incorporaba todos los derechos (pensión, patria potestad compartida y adopción, herencia, beneficios previsionales y de obra social, etc.) con un régimen distinto al “matrimonio”. Este programa se abandonó y perdió estado parlamentario.
Dos años más tarde, ingresaron proyectos similares en la cámara Alta y Baja con el apoyo de legisladores de variadas corrientes políticas y el reclamo también fue presentado ante la Justicia. Estas iniciativas modificaron el artículo 172 del Código Civil de la Nación: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente (…). El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
En diciembre de 2009, se celebró el primer casamiento gay. Alejandro Freyre y José María Di Bello contrajeron matrimonio en un Registro Civil de Ushuaia, Tierra del Fuego, tras un recurso administrativo aprobado por el gobierno fueguino conducido por Fabiana Ríos, ya que por una disposición judicial, no pudieron hacerlo en Capital Federal. En abril del año siguiente, el juez de Minoridad y Familia, Marcos Meillien declaró “inexistente” dicho casamiento, medida luego apelada y todavía sin resolución.
En Buenos Aires se continuó marcando precedente ya que otras parejas del mismo sexo se unieron mediante un juez que las autorizaba en la decisión mientras que otro que intentaba revocar ese matrimonio una vez consumado legalmente.
El proyecto se convierte en ley
El 16 de marzo de 2010 la CHA, por medio de la diputada Diana Conti (FpV), presentó otro proyecto de reforma del matrimonio. Este incluía la derogación del artículo 198, sobre la obligación a ser fiel, el 199 que exigía a convivir bajo el mismo techo. También del artículo 166 inciso 9 que establecía la “sordomudez” como impedimento para contraer matrimonio; el 169, inciso 3 y 4 que establecía a la enfermedad contagios; la conducta inmoral o la falta de medios para la subsistencia como impedimentos para llegar al matrimonio.
Las actividades de las comisiones comenzaron el 15 de abril de 2010. Cientos de activistas independientes, de la CHA, de la FALGTB (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) y de otras organizaciones, participaron de las sesiones de debate.
El 4 de mayo de 2010, la Cámara de Diputados consiguió el quorum y comenzó el tratamiento de reforma de la Ley de Matrimonio. Luego de la exposición de más de 60 oradores y una sesión de 13 horas, se logró la media sanción de Diputados. El resultado de la votación fue de 125 votos a favor, frente a 109 en contra y seis abstenciones.
En el Senado de la Nación la sesión duró 15 horas ininterrumpidas, con 33 senadores a favor, 27 en contra y tres abstenciones, el 15 de Julio se aprobó la ley de matrimonio igualitario que modificó el Código Civil.
Fue así como Argentina se convirtió en el primer país Suramericano en legalizar el matrimonio entre personas homosexuales.
Avanza la Justicia Social
El 9 de mayo de este año, el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Identidad de Género a través de la que el Estado garantiza que cada persona tenga su DNI acorde a su “identidad autopercibida”.
Asimismo la norma prevé que tanto mayores de edad, como los adolescentes, los niños y niñas (estos tres con autorización de sus padres) puedan acceder a tratamientos hormonales sin la necesaria intervención judicial.
Por otro lado, la ley establece que las únicas intervenciones quirúrgicas que requieren habilitación judiciales es en los menores de 18 años. En todos los casos, los tratamientos están incluidos en las prestaciones de Plan Médico Obligatorio.
De esta manera, se llega a la mencionada entrega de los primeros DNI a travestis, trans e hijos de dos madres. En el mismo acto, Cristina Fernández de Kichner firmó un decreto para que los hijos nacidos antes y después de la ley de matrimonio igualitario puedan ser reconocidos y llevar el apellido de ambos padres o madres.
Las conquistas conseguidas y las que vendrán son producto de la lucha colectiva acompañada con una fuerte voluntad política. El cambio cultural de toda la sociedad debe profundizarse para la modificación efectiva de los avances logrados en Argentina en los últimos años.
Falta mucho por recorrer en este largo camino de la Justicia Social y los Derechos Humanos pero son innegables los pasos agigantamos que se dieron para garantizar la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas que constituyen el pueblo argentino.
(*) Periodista