El 5 de julio, la Subsecretaria de Política Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de esa institución, Ruth Kochen, comunicó a tres trabajadores del Equipo de Restitución y Promoción de Derechos la modificación de un beneficio laboral que ella misma había otorgado a fines de 2011.
El beneficio consistía en la posibilidad de tomarse 10 días de descanso adicionales a las vacaciones reglamentarias a lo largo del año. La modificación comunicada por la Subsecretaria de manera personal y no al conjunto de los trabajadores, derivó en una discusión con un compañero que expresó individualmente un reclamo colectivo.
“Al día siguiente, cinco minutos antes de finalizar su jornada laboral, el compañero fue informado por la Subsecretaria que sería dado de baja del contrato laboral y que el tiempo que mediaba de pre aviso lo pasaría realizando funciones administrativas en otra dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social”, comunican los trabajadores de la Secretaría.
Ante el reclamo de reincorporación, llevado adelante por la gran mayoría del Equipo, la Subsecretaria y la Secretaria de Desarrollo Social, Valeria Isla, “sostuvieron el despido del compañero y nos quitaron el beneficio de los diez días de descanso”, expresaron en el comunicado.
Según el mismo, el despido ocurrido “se inscribe en el contexto de precarización laboral propia de los contratos de trabajo de todos aquellos quienes, en el Municipio, desarrollamos nuestras tareas sin formar parte de la planta permanente. Pero también de quienes, haciendo uso de dicha precarización, niegan los derechos laborales que históricamente los trabajadores hemos sabido conseguir”.
“Ante esta situación, las trabajadoras y los trabajadores del Equipo de Restitución y Promoción de Derechos de la Subsecretaría de Infancia y Adolescencia nos resistimos al despido de nuestro compañero y aprovechamos la ocasión para dar a conocer las condiciones laborales particulares en que día a día desempeñamos nuestra tarea. Nuestro trabajo consiste en brindar atención directa a niños, niñas y adolescentes que atraviesan diversas situaciones de vulneración de derechos. Se trata del acompañamiento de, al día de la fecha, más de tres mil familias que cargan sobre sus espaldas con historias de discriminación, maltrato y abandono institucional que no se reducen a los cuatro años de existencia de este Equipo, sino que apenas son el emergente de varias generaciones dejadas en banda por el sistema”, exponen los trabajadores.
Asimismo, sostienen que la política de infancia llevada adelante por la actual gestión del Municipio “resulta un cambio sustancial con respecto a políticas anteriores, pero es necesario aclarar que la realización de toda política es posible no sólo gracias a los responsables de su diagramación, sino también a los encargados de su implementación. Y en esta ocasión, ellos somos nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de la Subsecretaría de Infancia y Adolescencia”.
En un ente que propicia la atención directa a personas con derechos vulnerados, la ausencia de una garantía de protección de derechos hacia sus propios empleados contradice su función, con un equipo donde el 85% de los trabajadores alcanza los dos años de antigüedad. “Algunos de los que se fueron durante este tiempo lo hicieron por haber encontrado trabajos con mejores condiciones y mejor paga. La gran mayoría, lo hizo por estar expresamente quemados por la falta de protección. Otros, por haber sido ‘invitados a renunciar’ bajo amenaza o corrimiento de sus funciones sin motivo expreso alguno por parte de la Subsecretaria”, aseguran en el comunicado.
El Equipo de Restitución y Promoción de Derechos se encuentra conformado por equipos de cuatro integrantes cada uno: dos profesionales y dos educadores en ciudadanía. “En el mes de noviembre de 2011, las dos profesionales que integraban el equipo de nuestro compañero despedido dejaron el trabajo. Hasta el mes de marzo de este año cuando el equipo finalmente se volvió completar, nuestro compañero llevó adelante, junto a otra compañera educadora, el trabajo de todo el equipo. Y lo hizo de tal modo que en más de una oportunidad se ganó las felicitaciones por su desempeño no sólo de la Subsecretaria, sino incluso de la Asesora de Menores e Incapaces”, contaron.
“Veinticuatro horas más tarde de haber terminado la redacción de este escrito, sin haberlo aún difundido, habiendo solicitado una respuesta favorable a nuestro reclamo a través del diálogo con la Subsecretaria Ruth Kochen y la Secretaria Valeria Isla, así como a través de un pedido de reunión al intendente Francisco Gutiérrez, y sin haber tomado ninguna medida de fuerza, el día 18 de julio, 15 minutos antes de finalizada nuestra jornada laboral, la Subsecretaria Ruth Kochen y las directoras Operativa, Mariana Véliz, y de Asuntos Jurídicos, Pamela Cao, informaron a siete compañeros por escrito su traslado a otra área de la Secretaria de Desarrollo Social, y a viva voz comunicaron el cese de su contrato laboral a partir del 15 de agosto”, denuncian los trabajadores de la Secretaría.
El anuncio de las autoridades, está vinculado con “la necesidad de realizar una reestructuración del Servicio”, una decisión basada en “criterios técnicos y perfiles personales y profesionales” que no precisaron.
Además, de los 13 equipos técnicos que actualmente conforman el Equipo de Restitución y Promoción de Derechos sólo quedarían ocho con la disolución, entre otros, del equipo especializado en el trabajo de situaciones de violencia de género.
“Creemos que los despidos compulsivos por cuestiones políticas no sólo atentan contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino también contra la aplicación de la Ley Provincial N° 13.298 de Promoción y Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, cuyo decreto de implementación fue firmado por el intendente Francisco Gutiérrez en 2008. Cuando de derechos se trata, las normativas nacionales e internacionales establecen el principio de progresividad que implica, entre otras cosas, la imposibilidad de retroceder en el reconocimiento de los derechos otorgados, así como en la cantidad de recursos destinados para tal fin. La reducción del personal de la Subsecretaria, a través de la vulneración de derechos de sus trabajadores se traduce en un incumplimiento de este principio en desmedro de los derechos de niños, niñas y adolescentes del municipio de Quilmes”, finaliza el comunicado.