El futuro de los protagonistas de los sucesos aún no están definidos ya que, según Bravo, “estamos tomando testimoniales, pidiendo informes a una prestataria (de servicio telefónico), la causa la seguimos”.
También Bravo deslizó que en la investigación se tiene en consideración el artículo 299 de la Ley 11.922 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que habla sobre desafueros y establece que “cuando se inicie investigación penal preparatoria o querella privada que tenga como imputado o querellado a un legislador, se practicarán todas las medidas tendientes al esclarecimiento del hecho que no vulneren la inmunidad de aquel“.
El mismo artículo resalta, en otro pasaje, que “cuando el legislador no concurriera a prestarla, o si existiere mérito para continuar el proceso, el Juez de Garantías solicitará el desafuero a la Cámara legislativa que corresponda acompañando copia de las actuaciones”.
De esta manera, mientras en la Legislatura bonaerense van y vienen con la emergencia económica de Scioli, la Justicia continúa la investigación que tiempo atrás estalló en todos los medios a partir de una foto que publicó el diario Clarín.
Los supuestos indican que José Ottavis intercambiaba mensajes del chat de Blackberry con la diputada Rocío Giaccone e involucraba a la diputada radical Valeria Arata en casos de sobornos para apoyar la Ley de Revalúo Fiscal.