La causa que investiga el supuesto ofrecimiento de sobornos para la aprobación de la Reforma Impositiva en la cámara de Diputados bonaerense recayó en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7 (UFI 7), a cargo de Virginia Bravo y Silvana Langone, luego de que el Fiscal de La Plata, Marcelo Romero, elevara el caso a la fiscalía general.
Anoche Romero trasladó la investigación que inició de oficio al Fiscal General, Héctor Vogliolo, por considerar que la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) inició previamente una Investigación Penal Preparatoria (IPP) a raíz de una denuncia presentada por el titular del Comité Provincia de la UCR, Miguel Bazze.
En la Vice Presidencia I de Diputados siguen atentamente el devenir de la causa, ya que cuentan con información que la UFIC contaría entre sus integrantes a un pariente del ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, a quien el camporismo apunta reiteradamente sus críticas.
En su resolución Romero sostuvo que la existencia de una investigación anterior “me obliga a cesar en mi intervención, en beneficio de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas, salvo mejor criterio de la Fiscalía General”.
En tanto, el titular de la UFIC, Jorge Paolini, indicó a la agencia Agepeba que tanto la investigación de Romero como la denuncia de Bazze fueron remitidas a la UFI 7, mientras que la causa será seguida por el juzgado de Garantías Nº 5, a cargo de Marcela Garmendia.
La investigación se inició luego de que el diario Clarín publicara el viernes una foto del celular del vicepresidente de la cámara de Diputados, José Ottavis, en el que se lee una charla con la legisladora Rocío Giaccone, que le advierte que “150 mil x cabeza ofrecen a los diputados de la opo según palabras de Valeria Arata. Se está corriendo eso”.
Tras ello, el titular del Comité Provincia radicó una denuncia para que se investigue el caso, mientras que la diputada Arata (mencionada en el mensaje de texto) se presentó ante el fiscal platense para ponerse a disposición en la causa y aclaró que “yo no le dije nada a nadie”.
En tanto, Romero explicó que la causa “versa sobre la hipótesis del espúreo y deleznable ofrecimiento de sumas dinerarias a miembros de un Poder del Estado -en el caso, Legislativo- tendiente a asegurar el voto afirmativo de Representantes del Pueblo, en pos de lograr la aprobación del proyecto de ley conocido como Reforma Impositiva”.
El titular de la UFI 6 exhortó en su resolución “a quienes detentan Investiduras erigidas por elección de la Ciudadanía, a que presten la más absoluta colaboración, ante la complejidad del ilícito en tratamiento”.