El revés que sufrieron para sus cuentas con recorte del orden de los mil millones, producto de la creación de un fondo para obras escolares financiado con recursos coparticipables, no sería compensado por los cambios que impulsa el Gobierno.
Si bien públicamente los jefes comunales salieron a brindar apoyo a la reforma, transmitieron sus inquietudes a los legisladores por temor a que el dinero que llegue a las arcas locales no sea el esperado.
La nueva Ley Impositiva, que el Ejecutivo justificó en base a los reclamos de intendentes -aunque exceden la situación municipal-, incluye algunos ítems que redundan en beneficios directos para las administraciones locales, al margen del 38 por ciento coparticipable de lo que se recaude en las subas a los Ingresos Brutos, el impuesto a los Sellos y al Inmobiliario Rural.
Uno de los puntos del proyecto –el artículo 34- triplica el piso de facturación de los contribuyentes de II.BB. que será recibido por los municipios, elevándolo de 144 mil a 450 mil pesos. De esta forma, las comunas dispondrán de un espectro mayor de comercios de los cuales percibirá el 100 por ciento de la contribución por ese tributo.
En tanto, el artículo 35 de la propuesta del Ejecutivo elimina los descuentos que se realizaban sobre las patentes municipalizadas –correspondientes a modelos anteriores al año 2000-, mediante los cuales se bonificaba el 50 por ciento de las obligaciones si se contaba con el seguro y la VTV. Con este punto, las comunas duplicarían la recaudación en ese rubro, que se percibe en tres cuotas anuales.
Por otra parte, el proyecto refuerza el Fondo de Fortalecimiento de Recursos municipales, elevando del 2 al 2,2 por ciento la cifra de II.BB. que compone dicho fondo. Paralelamente, establece una cláusula para que las comunas que perciban ese beneficio no puedan establecer tasas sobre los servicios de telefonía fija o celular, una posibilidad que varios intendentes había estudiado ante la pérdida de fondos coparticipables.
No les cierra
A pesar de ello, los jefes comunales no se muestran “convencidos” con la reforma, según se lo hicieron saber a varios legisladores que esta semana iniciarán el debate sobre el proyecto oficial. “Los intendentes piden ser mejor considerados en el reparto de fondos, al menos aunque sea de manera extraordinaria durante 2012”, revelaron fuentes legislativas a la agencia DIB.
Los legisladores indican que los beneficios “extra” para las comunas –la eliminación a la bonificación en patentes y la ampliación de los contribuyentes de II.BB. “municipalizados”- “deben ser cobrados por ellos mismos, por lo que dependerá de cómo cobren y de la voluntad de los contribuyentes”.
Las fuentes explicaron que “los municipios participan en esta reforma en el 38 por ciento, pero la Provincia se lleva mucho más, a pesar de que la reforma supuestamente fue pensada para compensar la pérdida de fondos coparticipables”.
Es por ello que legisladores de la oposición avanzan en dos iniciativas: la primera es impulsar una modificación en el reparto de la coparticipación, elevando del 38 al 40 por ciento la participación de las comunas en los fondos recaudados. Por su parte, el radicalismo buscaría que esa relación sea “50 y 50” excepcionalmente durante 2012, de manera de corregir esa “fuga” de fondos.
Incluso en el oficialismo le dan la razón a esta lógica: “La Provincia lo vendió como algo que era para los municipios y se llevan más ellos de lo que le dan a los municipios, que son convidados de piedra en esta discusión”, dijo a esta agencia un legislador del FpV.
El proyecto de reforma impositiva, lanzado por el Ejecutivo tan solo cuatro meses de aprobar los aumentos para 2012, prevé un incremento promedio del 42,5% en el Inmobiliario Rural; una suba de medio punto en casi todos los ítems de Ingresos Brutos; la eliminación de la exención que gozaban las cooperativas y las empresas de TV por cable; y un aumento promedio del 20% en el impuesto a los Sellos.
Con esto, la Provincia plantea que recaudará unos 2.500 millones de pesos, de los cuales mil millones serían girados a los municipios por coparticipación. Sin embargo, las estimaciones son anualizadas, por lo que, con los tiempos de tratamiento, solo podrían aplicarse en el segundo semestre del año, por lo que los números se reducirían a la mitad. En ese sentido, las cifras que se manejan en la Legislatura dan cuenta de una mejora en 500 millones de pesos para los municipios, la mitad de lo que dejaron de percibir a partir de la aplicación de la Ley Federal de Educación.
El debate del proyecto oficial comenzará a debatirse el miércoles al mediodía en la comisión de Presupuesto del Senado, a donde concurriría la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis.
Fuentes legislativas indicaron que, pese a la “celeridad” que pide el Ejecutivo, el debate “será lento” debido a los reclamos de los sectores agropecuarios y a los pedidos de los intendentes.