La medida de fuerza continúa después de un mes, con jornadas de huelga y paros que esta semana se realizaron el lunes, el miércoles y el jueves, con asambleas en los lugares de trabajo, además de cortes de calles y rutas.
El diálogo entre el gremio, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), y el Ejecutivo, está cortado y no hay avances en relación a una posible intervención de la Suprema Corte en busca de una solución a la paralización en Tribunales por las medidas de fuerza. El gremio le envió una carta a la Corte para solicitarle una mediación para encontrar una solución al extenso conflicto, misiva que no fue respondida.
Empleados en la AJB, volvieron a marchar hacia Gobernación en el marco de una nueva jornada de protesta este jueves. Durante el acto, se escucharon críticas al gobierno provincial y al alto tribunal.
“Si hoy la Corte, que es el principal responsable de este conflicto, nos convoca a la AJB y al Gobierno, seguramente encontraríamos alguna solución, pero no se quieren sentar en la mesa de negociaciones”, sostuvo el secretario general del sindicato, Hugo Blasco.
“Al nuevo presidente del máximo tribunal de la Provincia que hoy inició su gestión por el término de un año, Eduardo De Lázzari, se le presentan dos escenarios: asumir como cabeza visible del Poder Judicial y defender a sus trabajadores, o hacerlo en medio de un conflicto en el que le va a ser difícil mantenerse en ese lugar”, agregó Blasco.
La AJB profundizó sus reclamos, luego de que el Ejecutivo dictara un decreto para pagar el aumento salarial rechazado por el sindicato, por el cual el incremento es del 21% para los jueces y va del 24 al 26% para los empleados.
Los judiciales rechazaron la mejora, por considerar que no se enmarca en la recuperación de la porcentualidad salarial, que engancha los sueldos de los empleados con los ingresos de los ministros de la Suprema Corte, reclamo que, según la Provincia, no está en condiciones de erogar.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Provincia presentaría un recurso de amparo para exigir que “garantice el libre acceso a la justicia” que, asegura, se ha visto afectado por los reiterados paros que lleva el gremio.