Los límites de la legalidad sin legitimidad

Por Juan Carlos Córica (*)

Mientras en la literatura política fábulas como la de “el rey desnudo” alcanza para descalificar a los pícaros que actúan en la realidad; en los escenarios regidos por el sistema de leyes positivas, esto resulta insuficiente. Poco y nada sirve denunciar lo evidente si la evidencia no puede sancionarse desde el orden legal.

 

La minitecnología de los helicópteros equipados con máquinas fotográficas que registró y reprodujo desde una perspectiva irrefutable la impresionante movilización popular del 8-N y reemplazó a los helicópteros prohibidos por el gobierno, mostraron de forma irrefutable la masividad de esa muchedumbre que salió a manifestarse sin aparatos para decirle al gobierno que está gobernando mal. Que su gobierno legal está careciendo de la legitimidad necesaria que la legalidad le ofrece. Que la formalidad resulta incompetente vaciada de sustancialidad.

 

De la misma forma que el ADN ha allanado las dudas sobre veracidad, identidad y paternidad del asesino; las nuevas tecnologías como se constituyen en poderosos soportes para conocer la realidad, cuando esta realidad puede ser oscurecida por los relatos políticos. Los relatos con apariencia de ciertos pero cargados de mentiras. La presencia verificada del masivo número de la movilización concentrada en distintas localidades y puntos neurálgicos de la Argentina, marcó el altísimo nivel de población que salió a denunciar su disconformidad con las políticas de gobierno de la actual administración kichnerista. Demostración objetiva, irrefutable, en términos tanto políticos como institucionales.

 

Después de una década de kirchnerismo, el desacuerdo y descontento demostrado con la masiva concentración, deja a las claras que hay mandatos no satisfechos. Una década que se aprovechó de todos los vericuetos que los sistemas legales le permiten a quienes operan en las fronteras de la institucionalidad. Como muestra de tal situación, varios son los casos testigos. Primero y principal el haber vaciado al poder legislativo convirtiéndolo en “la escribanía” del poder ejecutivo. El caso de la violación de hecho del sistema federalista al falsear la coparticipación correspondiente, falseamiento que se convierte en palanca de poder al operar desde la política de chequera y consecuente clientelismo que convierte a los gobiernos provinciales y municipales en cautivos. El caso de la manipulación del INDEC que ha vaciado de referencias confiables al sistema estadístico nacional; el caso de los presupuestos anuales falsificados como método de dejar sin control legislativo a una importante masa de dinero, que es escamoteado para aplicación a políticas de producción y desarrollo, siendo usado para sectarias operaciones políticas. El caso de la aprobación de normativas que en lugar de defender los derechos de las mayorías sirven para privilegiar exigencias de minorías que integran a los grupos de poder a los que el gobierno no se atreve a enfrentar; grupos que, como el gobierno, se apalancan en derechos universales que aplican desde un fundamentalismo que atropella al buen sentido tanto como a la soberanía de los pueblos-nación. Esto en casos como la violación de la identidad cultural o de un igualitarismo que, además de aplicar la lógica de manta corta, dejando a la mayoría en manos de minorías sectarias, hace del fundamentalismo liberal el axioma irrefutable de sus determinaciones políticas. Casos controversiales que de la misma forma de exigir mayorías especiales, exige consulta populares para adquirir legalidad junto con legitimidad. Caso como el de la composición de la Magistratura, donde se operó desde la retórica de terminar con la menemista y, terminar instalando una kirchnerista.

 

Metodologías que en conjunto configuran tácticas que operan como ácidos corrosivos que se derraman sobre la frágil estabilidad del sistema institucional exponiendo al sistema a una dependencia parainstitucional –factores de coacción no institucional–, que a la vez de someter de hecho y no de derecho a la población, le da al gobierno poder de discrecionalidad aprovechándose del contexto político favorable por condiciones favorable de fortaleza-debilidad, y por la aplicación de falsas coyunturas “destituyenes”. O sea, hace lo que quiera, con casi nulo riesgo de ser sancionado.

 

En definitiva, el maniobrar políticamente en las fronteras del sistema, es la táctica sectaria por la que el kirchenrismo en esta década ha “gobernado” obligando al pueblo y a la nación a jugar su realidad coaccionada por una irracional y tramposa opción entre legalidad y legitimidad.

 

(*) Escritor, ensayista

 

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