Cortina de humo

Por esa razón, el gobernador mantiene con prudencia indestructible su compromiso político e institucional con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es que, aun cuando Scioli tiene como “gran ventaja” un elevado índice de imagen positiva según varias encuestas de opinión pública, no le conviene dinamitar ningún puente directo en su relación con la Casa Rosada, por las dudas de que tenga que ir a pedir la renovación de algún “préstamo pecuniario”.

Según advierten especialistas en materia económica, Scioli deberá pedirle ayuda a la presidenta otra vez en diciembre, si es que en privado todavía no lo está haciendo. Consideran que la Provincia seguirá sintiendo los efectos de la asfixia financiera y creen que el problema, sólo en concepto de salarios y la segunda cuota del aguinaldo, volverá a llevar al gobernador a solicitar asistencia a la Nación de la misma manera que lo hizo en junio pasado.

La cruda realidad presupuestaria en el ámbito bonaerense indica que, en plena “toma” de la sede platense de Educación, la Provincia tuvo que salir públicamente a garantizar el pago de los salarios docentes en “tiempo y forma”, más allá del conflicto que nació en la reorganización de la Dirección General de Cultura y Educación, a partir de la razonable decisión gubernamental de “suprimir excesos” en horas extras y viáticos a personal administrativo.

De todos modos, el conflicto en la cartera educativa, que ya lleva una semana, se agravó en la víspera con la huelga y ruidosa movilización de empleados estatales y médicos frente a las puertas de la gobernación de calle 6. Además, las limitaciones presupuestarias también provocaron la decisión de los proveedores de comedores escolares de restringir sus servicios a raíz de la falta de pagos de Estado bonaerense.

El estado de crisis económica motiva a Scioli a tener que contemplar fuertes aumentos impositivos para mejorar la recaudación propia. El objetivo está focalizado en que “los gastos corrientes sean financiados totalmente con los ingresos corrientes”, recitan en La Plata.

Sobre esa antipática medida de la agenda económica para lo que resta del año y el 2013, les habla Scioli a los intendentes oficialistas con los cuales habitualmente se reúne en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno.

En los últimos días, reapareció por La Plata el intendente ultra K de Florencio Varela y titular de la FAM, Julio Pereyra, tras los cuestionamientos que recibió por su reciente viaje a Miami en primera clase de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, para festejar el cumpleaños de su hijo en Disney, precisamente para repasar con Scioli temas de gestión vinculados con aspectos económicos.

Aún en el terreno de aparente indefinición, Scioli habría desempolvado ante un puñado de alcaldes que acompañaban a Pereyra su intención política de avanzar con un nuevo tributo: cobrar un aumento “adicional” del Impuesto Inmobiliario para propietarios de varios inmuebles en la Provincia.

Con pronóstico de austeridad y dura política impositiva, la ministra Silvana Batakis (Economía) comenzó a descubrir el hasta ahora hermético proyecto de presupuesto para el año que viene ante los presidentes de los bloques con representación política de la Cámara de Diputados.

El cálculo de gastos y erogaciones de la administración Scioli se da en un contexto de recorte de los fondos que el gobierno nacional le envía a la Provincia. Precisamente, cualquier falencia presupuestaria que pueda desprenderse de la lectura de la redacción original gubernamental permite vaticinar un difícil trámite parlamentario.

La gobernación buscará evitar caer en alguna “emboscada traicionera” de los legisladores “cristinistas” enrolados en la agrupación K de La Cámpora dentro de la Legislatura.

De hecho, dentro del Frente para la Victoria-PJ oficial anotan críticas contra Scioli, por haber sido uno de los espectadores más importantes del partido del sábado pasado entre Los Pumas y All Blacks en el Estadio Ciudad de La Plata, así como decenas de funcionarios provinciales, mientras trabajadores estatales rechazan el “ajuste” en distintas áreas ministeriales que afecta el pago de planes sociales y la falta de provisión en los comedores escolares.

Sobre la denominada Ley de Leyes, junto a la Ley Impositiva que incluye aumentos de varios tributos para el año que viene, el titular de la Comisión de Presupuesto de los Diputados, Darío Golía, consignó que el texto contiene un acento muy fuerte en la recaudación. Pero aclaró que el nuevo régimen tributario, irá hacia un camino de mayor progresividad. Es decir, “que paguen más los que más tienen”, en sintonía con la construcción del relato de la Casa Rosada.

Se sabe, el gobernador anhela que la Legislatura bonaerense apruebe hacia fines de este mes el paquete presupuestario, aunque respecto de adicionales impositivos haya desestimado hace pocos días la posibilidad de incluir un adelanto del pago de Ingresos Brutos para grandes empresas. En cambio, sí se avanzaría con una cuota extra para este año, que pagarán autos de lujo y viviendas de alta valuación.

La decisión política del gobernador de elaborar un plan de austeridad y optimización de los recursos –en otras palabras, recortar los gastos llamados “superfluos” en la administración pública estatal– le provocó un primer dolor de cabeza. Ya lleva una semana de continuidad la ocupación de la sede central de la Dirección General de Educación y Cultura, sin alcanzar ninguna solución al conflicto.

La encargada educativa del elenco sciolista, Nora de Lucía, soporta una protesta por ordenar una auditoría interna en la que se detectaron abusos y privilegios de un grupo de empleados administrativos. Son los que protestan por el recorte del “festival de horas extras y viáticos”.

Dentro de la Gobernación, y entre las irregularidades, pudo observarse hasta el mes pasado el “cobro de personal con carpeta médica (licencia) y por, al menos, un agente que estando preso, igual que los demás, cobraba extras y viáticos”.

El “festival” comenzó en la época que la pedagoga Adriana Puiggrós, estuvo al frente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia durante el periodo 2005-2007, y luego fue heredado por el actual diputado nacional oficialista, Mario Oporto.

Al parecer, el “compromiso político en el reparto de horas extras y viáticos, además de la designación de más de dos mil auxiliares docentes (porteros) en un año” fue con el “líder principal” de la “violenta” agrupación 11 de Septiembre, sector liderado por Fernando Marín, un exdelegado gremial de UPCN, que fue expulsado del sindicato y cesanteado como empleado de Educación a principios de este año, acusado de utilizar materiales y personal de esa cartera para construir su casa.

No hay dudas de que son razonables los recortes en un área tan importante como la Educación. El problema es que los excesos no son nuevos. Tampoco esta es la primera protesta que escucha De Lucía.

Apenas llegó a su cargo con rango ministerial, intentó dar de baja más de un centenar de contratos –en la mayoría personas que cobraban sin realizar ningún tipo de contraprestación laboral– que habían ingresado durante la gestión de la “renunciante” Silvina Gvirtz, y que pertenecerían a la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora.

Entre los desmedidos e injustificados gastos en los que incurrió mientras estuvo al frente de la Dirección de Escuelas, también se habrían beneficiado con contratos varios docentes y allegados a la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout.

 (*)Ricardo Salas/”La Nueva Provincia”