Aun cuando la administración provincial de Daniel Scioli hubiese preferido un saludo protocolar, no pudo permanecer al margen del clima festivo que se instaló la Casa Rosada para celebrar la continuidad del régimen autoritario presidencial de Hugo Chávez en Venezuela.
“Por convicción política, Scioli es respetuoso del voto popular. Gane quien gane y sea donde sea”, señalan en la gobernación platense de calle 6. Con la prudencia habitual aclaran que el “fenómeno electoral con reelección presidencial chavista” no tiene ningún tipo de proyección directa sobre la Argentina.
Naturalmente, la elección venezolana tiene un impacto “positivo” para el gobierno nacional, por ser Chávez un socio estratégico en términos ideológicos. Además, para la Casa Rosada, esa “victoria ajena” podría permitirle retomar la iniciativa política y hasta un dolor de cabeza menos, dada la relación de comercio exterior entre ambos países. La Provincia también puede obtener beneficios con dicho intercambio comercial.
Cualquiera que transite las diagonales platenses y haga una rápida lectura de los consecuencias del triunfo del venezolano durante el fin de semana largo podrá advertir la poco sutil avanzada del ejército irracional dentro del universo oficialista K, buscando poner nuevamente sobre la mesa el debate por una eventual re-reelección de la presidenta Cristina Fernández, aun cuando hace un par de semanas la viuda de Néstor Kirchner haya dicho que no era su “deseo” impulsar una reforma constitucional.
“Son situaciones absolutamente distintas. Acá, básicamente, se debería volver a modificar el texto que habla de una cláusula reeleccionista de la Carta Magna reformada en 1994, como lanzó el expiquetero Luis D Elía subiéndose al carro vencedor del comandante Chávez”, minimizan desde el entorno de Scioli, en un intento por mantener a flote la aspiración presidencial del gobernador.
No hay lugar para proyectar la reelección de Chávez con la de Cristina. Fundamentalmente, en la opinión pública. Existe en inmediaciones de la Casa Rosada un pronunciado clima de malhumor social, con cacerolazos incluidos, además de la protesta salarial de las fuerzas uniformadas de seguridad. “Hay un contraste demasiado fuerte entre el ciudadano común, la realidad cotidiana de Buenos Aires, y la personalidad chévere y el clima caribeño de Caracas”, se señala.
En la provincia también crecen día a día los reclamos salariales, además de la renovada crisis de inseguridad ciudadana.
La gestión Scioli padece una crisis de insuficiencia financiera que no le permite en la coyuntura atender varias protestas. Como consecuencia de las limitaciones presupuestarias, el Estado todavía no logra afrontar la deuda que mantiene con los proveedores de comedores escolares, incluidos los de Bahía Blanca.
Además, efectivos policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense, por ejemplo, también piden mejoras salariales y laborales. Es una extensión del conflicto que empleados de la Dirección General de Cultura y Educación mantienen abierto con la ministra Nora De Lucía, por el depósito en el pago de la totalidad de horas extras y viáticos adeudados del mes anterior. En definitiva, el recorte en las liquidaciones del “festival de horas adicionales” que la funcionaria heredó de gestiones educativas anteriores quedó en stand by.
Así como Scioli llamó a “renovar la fe”, tras presenciar la peregrinación hacia la Basílica de Luján y dialogar con el cardenal Jorge Bergoglio, también dentro de la Gobernación hicieron hincapié sobre el comportamiento de buena parte del arco opositor, “retrocediendo varios casilleros” tras intentar capitalizar políticamente una eventual victoria del rival antichavista Henrique Capriles para golpear por elevación al Gobierno nacional.
“En líneas generales, un sector de la oposición, y en particular el espacio Pro, que responde al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sufrió un impropio traspié electoral al pretender que una derrota de Chávez (como mascarón de proa ideológico) iba a caer como ‘efecto cascada’ sobre la Casa Rosada”, indican.
El tema Capriles también tuvo un inesperado capítulo dentro de la gobernación, cuando, en el atardecer del feriado del lunes pasado, el portavoz sciolista y secretario de Comunicación, Juan Courel, además del presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, salieron a brindar una fuerte desmentida por una supuesta comunicación telefónica del gobernador con el adversario de Hugo Chávez.
La sobreactuada y exagerada aclaración tenía una razón puntual. Evitar deteriorar el precario vínculo que mantiene Scioli con la Casa Rosada, ante el temor de recibir nuevas represalias políticas e institucionales. En otras palabras: que el gobierno nacional decida cerrar aún más las canillas de la transferencia de recursos financieros hacia la Provincia.
La inmediata aclaración de los habituales voceros, intentando despegar al gobernador del rival electoral antichavista, surgió a raíz de una entrevista radial que el ministro de la Producción, Cristian Breitenstein, había realizado horas antes de los comicios presidenciales en Venezuela ante los micrófonos de la radio estatal de la Provincia.
En rigor, lo que hizo el bahiense –quien ya tiene incorporada la lógica discursiva del sciolismo– fue destacar a Scioli como un hombre de diálogo, que mantiene contactos con casi todos los líderes de América Latina. Eso fue interpretado como que el gobernador, particularmente, le estaba dando su apoyo político a Capriles, en detrimento del líder venezolano.
“La única oportunidad en que Scioli vio y conversó con Capriles fue hace 8 años, en el marco de un encuentro de alcaldes en Estados Unidos”, dijeron los dos funcionarios del Ejecutivo, desautorizando al ministro y exintendente de Bahía Blanca.
Dentro de la Legislatura, donde se respira un “microclima propio”, esperan que en las próximas horas la ministra de Economía, Silvina Batakis, comience con una formal ronda de consultas ante los diputados que integran la estratégica Comisión de Presupuesto.
Básicamente, el gobernador busca garantizarse una rápida aprobación del proyecto de Presupuesto y, fundamentalmente, la Ley Fiscal 2013. Esa herramienta le permitiría comenzar a cobrar, hacia fines de este año, un adicional impositivo en los rubros de rentas y patentes, para completar el pago de sueldos y aguinaldo a empleados estatales en diciembre venidero.
“Scioli va a meter mano a la ley impositiva del año que viene para poder oxigenar las cuentas corrientes actuales del Estado bonaerense”, sintetizan dentro del oficialista Frente para la Victoria-PJ. “En apretada síntesis, el presupuesto 2013 contiene ‘impuestos para pagar sueldos’, un pedido de endeudamiento y no incluye pauta de aumento salarial”, adelantan.
“El gobierno provincial hace como el tero: desvía la discusión hacia el presupuesto 2013, mientras intenta camuflar otro impuestazo para los últimos tres meses del año”, disparan opositores del Frente Amplio Progresista.
“Lo lamentable es que, con este presupuesto, la Provincia no va a mejorar la situación de la seguridad ni de la salud ni de la educación; y va a ser difícil sostener el mantenimiento de las rutas y otras obras públicas pendientes. El proyecto tampoco propone fondos para los municipios. Sin decisión para solicitarle a la Nación los fondos que Buenos Aires necesita, el problema estructural que tiene la Provincia va a persistir, y sólo vamos a estirar la agonía un año más”, sostuvo el vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados, Abel Buil.
Ese chispazo no es el único que discuten los legisladores. Mucho menos, los kirchneristas-cristinistas enrolados en la agrupación K, La Cámpora, contra las espadas sciolistas que reportan al gobernador. En principio, y a pesar de estar en inferioridad numérica en los bloques de Senadores y de Diputados, los parlamentarios de Scioli se atribuyen un par de “victorias internas”.
En Diputados, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para limitar las excarcelaciones a quienes utilicen ilegalmente armas de fuego –resistido por el ala dura del kirchnerismo– logró despacho favorable en la comisión de Seguridad, que preside el bahiense Iván Budassi. Otra porfía dialéctica se dio en el Senado, donde los senadores de “La Juan Domingo”, con “picardía de recinto de sesiones”, impusieron que el criterio de selección de las autoridades de la futura Policía Judicial –otro proyecto sensible en términos presupuestarios para la Provincia– quede en manos de la Suprema Corte de Justicia y no con acuerdo de los senadores, como pretendían desde la bancada oficialista que preside Cristina Fioramonti de Kunkel (Frente para la Victoria).
Antes de la aprobación por unanimidad del denominado ahora Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el vicegobernador Gabriel Mariotto recibió en su despacho del Senado a los intendentes Gustavo Trankels (Tornquist) y Patricia Cobello (Villarino), para dialogar sobre el fortalecimiento del “proyecto nacional”, que continúa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ambos distritos de la Sexta Sección Electoral.
Poco después, fue el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, quién escuchó el planteó de los intendentes de Tornquist y de Villarino, sobre la posibilidad de generar una herramienta legislativa para lograr poner en pie de igualdad a algunos cuarteles de esos distritos y de Puan, que son los más afectados por la sequía en el sudoeste.
(*) Ricardo Salas es Periodista en La Nueva Provincia