Visitaron una de las canteras, Carba, y hallaron todo preparado para efectuar una nueva voladura. Los responsables de la empresa habrían asegurado que se trataba de un proceso inconcluso desde el retiro del registro minero. Luego, la recorrida abarcó el resto de las canteras: El Naranjo, Montecristo y El Centinela.
Por su parte, los canteristas denunciaron “persecución”. Los empresarios afectados tildaron el procedimiento de “payasada” y de “poco serio”, además de formar parte de una “campaña sucia”.
Finalmente, adelantaron que insistirán ante la Justicia para seguir desarrollando su actividad. “Se va a declarar esta ley inconstitucional”, confiaron.
Por su parte los representantes de la Asamblea por la Defensa de las Sierras estimaron que “nadie se puede sentir perseguido porque se cumpla una ley”.
Ana Fernández, referente del grupo recordó que los canteristas habían reconocido como autoridad de control a la Provincia y que ahora no podían desconocerlos. “El argumento (de la persecución) no resiste el menor análisis. Es una postura muy sesgada”, dijo.
Fernández defendió lo hecho por los agentes provinciales aunque solicitó que se explique públicamente y en detalle qué fue lo encontrado en la verificación.
“Hemos reclamado que se controle y se verifique. Sería interesante que los funcionarios expliquen, en detalle, lo que encontraron en la inspección”, concluyó.