La nueva ley mantiene vigente a siete Juntas de Clasificación Docente, en lugar de las 15 que existían hasta el momento, y crea una Comisión que dependerá del Poder Ejecutivo porteño y tendrá a su cargo las tareas administrativas y técnicas referidas a la inscripción y ascensos de los docentes.
El proyecto fue presentado por el diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y buscó un camino intermedio entre la postura del oficialismo y la de los docentes, quienes rechazaban los cambios.
Pasada la medianoche, y con serios incidentes en las inmediaciones de la Legislatura, el proyecto obtuvo 30 votos a favor del bloque del PRO y de la Coalición Cívica, 27 en contra por parte de las bancas de Encuentro para la Victoria y sus aliados, la UCR y Proyecto Sur, y tres abstenciones de los diputados Diego Kravetz, Raúl Fernández y Daniel Amoroso.
Fuera del recinto, los manifestantes que se oponían a la modificación del estatuto incendiaron la puerta del Palacio Legislativo de la calle Perú. La policía reprimió con balas de goma desde las ventanas, lo que provocó un cruce de piedrazos.
La intención del proyecto dio origen a un conflicto que enfrentó en los últimos meses a las autoridades educativas de la Ciudad con los docentes.
Tras la sanción de la ley, uno de los gremios, Ademys, convocó para hoy un nuevo paro por 24 horas, aunque la medida de fuerza no fue seguida por el sindicato mayoritario, UTE-Ctera.
Las Juntas de Clasificación Docente son las encargadas de, entre otras funciones, evaluar los méritos del docente, por medio de un sistema de puntaje que tiene en cuenta los antecedentes curriculares, para que pueda acceder a un cargo específico en escuelas públicas.