Una década después de los sucesos, cuando el ex presidente renunció a su cargo y las repercusiones de su retirada causaron represiones que dejaron cinco muertos en Plaza de Mayo y Congreso y 34 en todo el país, las heridas siguen abiertas sin culpables ni sentencia.
A mediados de 2012, comenzará el primer juicio oral a los ex funcionarios y jefes policiales procesados por la responsabilidad política de los hechos que culminaron el 20 de diciembre de 2001.
De La Rúa, aquel que dejó un país en llamas y lo observó desde las alturas, corrió con la suerte de ser sobreseído por la causa que lo acusaba de homicidio y lesiones culposas, apelado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La Cámara Nacional de Casación tendrá la última palabra y en caso de revocar la medida, el ex jefe de Estado podría sumarse al juicio oral por delitos que prevén hasta cinco años de prisión.
Por el momento, los que llegarán al juicio en junio del año que viene, serán el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y los entonces comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero.
Todos están procesados por cinco homicidios culposos, 117 casos de lesiones, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La jueza federal María Servini de Cubría, estuvo al frente de la causa hasta que se apartó por la “violencia moral” de los escritos presentados en su juzgado. El caso pasó a manos del juez Claudio Bonadío.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 6 unificará la causa que caratula a los procesados por “homicidio culposo” y cuya sentencia cuenta con hasta 25 años de prisión, con el crimen de Alberto Márquez, baleado durante la represión a manifestantes durante el estado de sitio impuesto por De La Rúa el 20 de diciembre de 2001. Están procesados, aunque excarcelados, los por entonces miembros de la División Asuntos Internos de la Federal Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliverio.
Según la causa, ese día los acusados bajaron de un automóvil particular vestidos de civil y dispararon a los manifestantes cerca del Obelisco, causando la muerte de Márquez en el lugar.
Además, las represiones provocaron la muerte de Gastón Riva, de 31; Carlos Almirón, de 24 y Gustavo Benedetto, de 30. Se calcula que por el accionar represivo hubo otros 34 muertos en el país.
La fiscalía le pedirá al tribunal que Fernando De La Rúa se presente como testigo, junto con aquellos que ejercieron el rol presidencial y cargos ministeriales en el breve lapso de crisis, luego de la renuncia.
Treinta y cuatro muertes y más de cuatrocientos heridos se registraron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, en manos de la represión policial durante dos calurosos días diciembre. Saqueos, violencia, desconcierto y un país movilizado que tomó el espacio público en pleno estado de sitio, dejaron en la historia nacional un triste recuerdo.
La renuncia de De La Rúa marcó el final de una gestión y de un modelo económico, político y cultural que empezó mucho antes del gobierno de la Alianza.
“El 2001 será un gran año para todos”, decía “chupete” en su spot de fin de año. La realidad fue diametralmente opuesta. Recorte del 13% a los estatales, patacones, lecops, desempleo, pobreza y deuda externa provocaron un desenlace que, a diez años, busca sentenciar a sus responsables para que aquellas heridas puedan comenzar a cicatrizar.