El viernes último, dos días antes de la primera vuelta electoral que dejó a Flávio Bolsonaro cerca de convertirse en presidente de Brasil, la encuestadora Datafolha, una de las más importantes de ese país, midió, además de la intención de voto de los candidatos, el nivel de apoyo de la ciudadanía a la democracia como "la mejor forma de gobierno". El dato, de 73%, resultó tranquilizador.
Más lo fue todavía por significar un incremento desde el 69% de diciembre de 2024. Sin embargo, el domingo, una mayoría relativa del 47% —destinada a estirarse en el balotaje del domingo 25— apostó por el regreso al poder de un sector que se retiró del mismo en medio de un intento de golpe hace cuatro años.
En paralelo, la medición registró también el apego de un segmento minoritario, nostálgico del régimen militar que imperó en 1964 y 1985, a la dictadura como un régimen de gobierno preferible. Fue el 7%, promedio entre el 7% de los votantes bolsonaristas y el 5% de los simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva.
En el medio, un 15% se asumió como el peso muerto de la historia.
En su primera reacción al triunfo del domingo, Flávio Bolsonaro destacó que se acababa de consumar "el fin de la era del PT". Brasil, dijo, "no aguanta más" y ya es hora de que reciba como respuesta la inauguración de "un gobierno moderno, un gobierno con menos ministerios, un gobierno que rescate la democracia, un gobierno que va a nombrar al menos a cuatro ministros para el Supremo Tribunal Federal que no van a intentar intervenir en elecciones".
¿Rescate de la democracia? ¿Habrá que creerle?
La vocación golpista del bolsonarismo no es una imaginería ni un prejuicio cimentado en viejos dichos de Jair Bolsonaro a favor de la dictadura militar, por cierto previos a que se convirtiera en un presidente votado por el pueblo en 2018. Surge, más bien, de su propia praxis, la que hoy vale recordar.
Su proyecto presidencial, de hecho, nació, como te conté durante la cobertura de las elecciones de ese año para Letra P, en el seno de las Fuerzas Armadas, deseosas de restaurar el rol político perdido desde el 85. Así, durante su gobierno fueron designados unos 6000 militares en actividad o retirados en cargos de diverso nivel, empezando por los más altos.
El propio presidente llegó al grado de capitán antes de su retiro en 1988, tras sufrir una acusación por la colocación de bombas en cuarteles en protesta por los bajos salarios.
También fueron uniformados el vicepresidente, general retirado Hamilton Mourão, y un tercio de los miembros de su primer gabinete. Entre los cargos que llegaron a ocupar militares en diferentes momentos hay que destacar la Secretaría de Gobierno, la jefatura del Gabinete de Seguridad Institucional, y el Ministerio de Defensa, entre otros.
Más relevantes resultaron los hechos ocurridos durante el 2022 que terminó con el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de octubre.
La trama golpista empezó con una campaña de fake news en las redes sociales acerca de un presunto fraude en ciernes —insólito: contra lo que entonces era oficialismo— mediante la manipulación de las urnas electrónicas.
Fernando Cerimedo, el estratega digital del bolsonarismo y luego de Javier Milei —hoy todavía preso en Bolivia por presunto intento de femicidio— fue acusado por la Policía Federal como parte de esa trama, aunque la Justicia finalmente no lo procesó por considerar que no estaba al tanto de la falsedad de esas argumentaciones.
Tan falaces eran que nunca desde que empezaron a usarse en 1994, las urnas electrónicas fueron sospechadas de nada y, de hecho, este último domingo no impidieron que el bolsonarismo ganara.
Construido el clima en las redes sociales, la campaña siguió —ya después de los comicios— con manifestaciones de militantes bolsonaristas frente a cuarteles en diversos puntos de Brasil para estimular una asonada que impidiera la tercera asunción de Lula el 1 de enero de 2023.
Al no obtener el resultado deseado, parte de esos sectores movilizados se convirtieron en una turba que asaltó las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, copia fiel del copamiento del Capitolio perpetrado dos años antes por una muchedumbre alentada por Donald Trump.
Lo ocurrido en la Explanada de los Tres Poderes fue visto en vivo y en directo por todo el mundo, pero no fue la única prueba del intento de golpe.
El 5 de julio de 2022, el palacio presidencial del Planalto fue escenario de una reunión de gabinete que se convirtió en la pistola humeante del crimen contra la democracia.
Encabezados por el entonces presidente Jair Bolsonaro, asistieron los ministros y altos mandos militares en medio de un clima de alarma interna por lo que ya se intuía como un posible triunfo del ya liberado y rehabilitado Lula da Silva.
Durante la misma, Bolsonaro padre dijo de modo explícito que sus funcionarios debían abandonar la pasividad y desplegar una ofensiva coordinada contra el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el sistema de votación electrónica.
"Todos acá saben lo que está pasando. ¿Vamos a esperar que pase para tomar una medida? Si dejamos que pase antes de las elecciones, no habrá vuelta atrás", arengó.
El jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general retirado Augusto Heleno, propuso entonces utilizar a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) para infiltrar las campañas rivales y adoptar medidas de fuerza. "Si tenemos que dar vuelta la mesa, tiene que ser antes de las elecciones. Después de las elecciones va a ser muy difícil", reflexionó.
Precavido, Bolsonaro le pidió entonces que realizara esos comentarios en privado, aunque otros participantes, como el ministro de Defensa, general Paulo Sérgio Nogueira, describió la relación con la autoridad electoral como una "lucha de fuerzas", y el ministro de Justicia, Anderson Torres, instó a volcar a la Policía Federal contra el proceso electoral.
El freno de mano que intentó aplicar el presidente tenía un motivo: por disposición suya, las reuniones de gabinete eran filmadas para la conformación de un archivo oficial, y aunque ese video particular no fue subido a los servidores oficiales, fue conservado y entregado en 2024 a la Justicia por el teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro.
Esa fue, a la postre, una prueba fundamental para que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo condenara a 27 años y 3 meses de prisión —que cumple en su domicilio de Brasilia— y lo inhabilitara políticamente.
El teniente brigadier Carlos de Almeida Baptista Junior, comandante de la Fuerza Aérea Brasileña en los años de Bolsonaro padre, publicó este año el libro Eu disse NÃO: uma trincheira antigolpista —"Yo dije NO: una trinchera antigolpista"—, en el que revela la fuerte presión ejercida por el entonces jefe de Estado para la realización de un golpe.
Según el autor, los preparativos fueron presentados en forma de minuta y contaron con el apoyo del entonces jefe de la Armada, almirante Almir Garnier Santos, pero rechazados por él y por su par del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, quien llegó a amenazar a Bolsonaro con arrestarlo en caso de que continuara con esos preparativos.
El apoyo de Javier Milei a su "amigo" Jair Bolsonaro y su juicio de que el brasileño es víctima de una "persecución judicial" marcan la diferencia entre una ultraderecha de ideas radicales, pero que juega dentro de las reglas de la democracia, de una extrema derecha que se ubica fuera del sistema.
Todo lo narrado es de amplio conocimiento en Brasil, lo que no impidió el voto aluvional del domingo por Bolsonaro hijo, quien en 2022 fue coordinador de la campaña derrotada, tarea que matizaba, según se supo la semana pasada, con tráfico de influencias ante autoridades del gobierno de entonces y jueces del Supremo, y con orgías con prostitutas.
Si el balotaje del 25-O terminara, como se espera, con su victoria, la idea inicial de un indulto a Bolsonaro padre podría derivar en una iniciativa superadora, una amnistía amplia en favor, además del mencionado, de los otros condenados: los siete excolaboradores de su gobierno; de los nueve militares y el policía federal que recibieron severas penas de prisión por su involucramiento en la operación Punhal Verde e Amarelo, destinada a asesinar a Lula da Silva, a su vice Geraldo Alckmin y al juez que instruyó la causa contra el exmandatario en el Supremo, Alexandre de Moraes.
A ellos hay que añadir las 850 personas condenadas por el asalto a las sedes de los tres poderes.
Amnistía mata indultos: es mucho mejor para el reo el olvido de su ofensa que el perdón que no borra registros, tal la solución más precaria que Trump encontró en Estados Unidos para sus propios alzados.
La gravedad de los cargos señalados generó en los últimos meses una fuerte polémica jurídica y política en Brasil: mientras avanzaban en el Congreso propuestas de amnistía impulsadas por legisladores bolsonaristas, juristas varios y magistrados del Supremo señalaban que tal cosa sería inconstitucional.
De acuerdo con la conformación del próximo Congreso, en el que un bolsonarismo eventualmente gobernante dispondría de la mayor bancada oficialista desde el retorno de la democracia, esos obstáculos podrían ser removidos.
El Partido Liberal (PL) contaría con 121 diputados sobre un total de 513 y con 28 senadores en un cuerpo de 72. Sin embargo, las respectivas mayorías le quedarían a mano con el concurso de partidos aliados.
Cuando Flávio B. habla de la posibilidad del próximo presidente de "nombrar al menos a cuatro ministros para el Supremo Tribunal Federal", se refiere al hecho de que esas serán las vacantes que se abrirán por el límite de 75 años que fuerza las jubilaciones de esos magistrados. Sin embargo, podría ir por más y convertir ese cuerpo de 11 miembros en una corte adicta.
De acuerdo con el inciso II del artículo 52 de la Constitución brasileña, es función privativa del Senado acusar y realizar juicio político a magistrados del Supremo, cuya destitución es posible con el voto de 54 legisladores, esto es dos tercios de los miembros de la cámara.
Más allá de los 44 escaños que tendrán el bolsonarismo y sus aliados, se sabe que esos votos están para destituir por lo menos a De Moraes debido a su aparente involucramiento en el escándalo de la quiebra del Banco Master y con quien fuera su dueño, el banquero preso Daniel Vorcaro.
Una excusa oportuna y probablemente justa para una decisión que ya estaba tomada de antemano.
Volvamos al inicio: ¿de qué habla Datafolha cuando describe un respaldo del 73% a la democracia? En verdad, no hay que matar al mensajero: ¿qué dice, entonces, ese 73%?
La medición de Datafolha sobre la democracia fue paralela a la de intención de voto para los comicios del domingo, en general correcta y sólo errada respecto del primer lugar que obtuvo Bolsonaro hijo, aunque eso ocurrió dentro del margen de error muestral. Así, vale creerle cuando mide respaldo al sistema democrático.
La pregunta es qué entienden los consultados cuando se les pregunta su opinión respecto de la democracia o, en su defecto, qué profundidad real tiene su compromiso con la misma.
El consenso democrático dado por sentado en todos los países de América del Sur desde los años 1980 tal vez no tenga la intensidad o el convencimiento que se les suele atribuir. Incluso es posible que ese haya sido uno de los mayores malos entendidos políticos de las últimas décadas en la región.
Con todo, no hay que confundirse: la liviandad —o la hipocresía— no es sólo brasileña.
Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.
