El Presidente busca blindarse frente a causas por delitos contra la administración pública y lavado. El rol de Karina Milei y el parteaguas ANDIS. El decretazo.
Mientras el mundial de fútbol y el escándalo incesante de Manuel Adorni mantienen entretenida a la enorme mayoría de la población, Javier Milei impulsó, vía decreto, el cambio que le permitirá avanzar en la colonización del sistema judicial federal como no lo hizo ningún otro gobierno en las últimas décadas.
Sin prurito para hacer jugadas audaces, el Presidente publicó este martes el decreto 467/2026, que flexibilizó las condiciones para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación y los magistrados de tribunales federales inferiores, es decir, todas las instancias que intervienen, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, el lavado de dinero, el narcotráfico o lesa humanidad.
El decreto modificó dos normas que habían sido firmadas por Néstor Kirchner en 2003, el decreto 222/03, sobre la designación de los jueces de la Corte Suprema, y el 588/2003, correspondiente a los demás estamentos mencionados. Si bien el nombramiento de los jueces de la Corte, hoy incompleta y formada solo por tres jueces, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, se llevó toda la atención, habrá que poner la lupa en los tribunales inferiores, primeras vallas de contención en las causas que le interesan al poder y que abren una instancia de negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada, que ya parece inexistente en otras materias, como obra pública y fondos, que el libreto libertario no está dispuesto a conceder.
Karina Milei no tardó nada en hacer valer el poder que le dio la victoria electoral de 2025. Ya en noviembre, unos días después de los comicios, la secretaria general de la Presidencia pidió las nóminas de los candidatos a ocupar los cargos vacantes en la Justicia, que había elaborado el sector de Santiago Caputo, vía Sebastián Amerio.
La hermana presidencial dijo que quería revisarlos personalmente “uno por uno” y conocerlos antes de dar el visto bueno final para que los pliegos llegaran al Senado. La nómina representaba el 33% del fuero federal. En marzo, Karina dio una nueva estocada, con el nombramiento de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, quien le reporta directamente.
La dirigencia política más experimentada no tardó en leer el movimiento: la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el famoso “3% para Karina” funcionaron como parteaguas para la administración libertaria, que empezó a vislumbrar la multiplicación de problemas judiciales en el horizonte. Los encargados de desplegar la estrategia fueron los primos Lule y Martín Menem.
Menos de tres meses después, casi en tiempo récord, el Senado aprobó los pliegos de 74 candidatos judiciales. Si el Gobierno así lo decidiera, tendría todo dado para avanzar con los poco más de 200 que faltan. La mayoría está servida. El nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el procurador y el defensor general requieren de los dos tercios de los presentes -48 senadores, si estuvieran todos en sus bancas-, pero los magistrados de tribunales inferiores, apenas de la mayoría simple. Nada que una negociación política lógica no pueda destrabar.
Por poner un ejemplo, el pliego de Carlos Mahiques, padre del ministro, para que pueda seguir cinco años más en su cargo tras haber cumplido 75, consiguió 58 votos a favor y apenas 11 en contra, del kirchnerismo duro. El resto casi no suscitó polémica.
Todo podría acelerarse con la publicación del decreto 467/2026, que eliminó la instancia de observaciones e impugnaciones ciudadanas que podían presentarse ante el Poder Ejecutivo en la etapa previa del envío de los pliegos al Senado, al tiempo que eliminó la recomendación para que el Presidente contemplara criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos.
En los pasillos de Tribunales se habló de la influencia de Lorenzetti en la redacción del nuevo texto, por su vínculo directo con Milei. En la primera etapa del Gobierno, Lorenzetti se había anotado en el bando de Santiago Caputo, pero rápidamente hizo buenas migas con el Presidente. Ahora se dice que quiere imponer los nombres de los nuevos candidatos para el Máximo Tribunal. Sin embargo, los nombramientos exprés tienen el impulso de Karina, los Menem y Mahiques.
En los hechos, los tiempos de nombramientos se acortarán de manera drástica, siempre y cuando el Gobierno logre destrabar las sesiones del Senado, ahora embotellado por la situación de Adorni. Los operadores más avezados de Tribunales entienden que ahí radicó el verdadero objetivo del Gobierno, que buscar colonizar juzgados y tribunales de primera y segunda instancia, los primeros encargados de acelerar o congelar el avance de causas que algún día llegarán a la Corte. Serán los primeros en definir sobre la suerte de Milei y sus funcionarios, ahora o después de 2027, con o sin reelección.
Entre los lugares más codiciados figuran, por ejemplo, las dos vocalías de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, actualmente ocupadas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La gestación del decreto 222/03 tuvo como germen la crisis de representación de 2001. Después del “que se vayan todos”, un grupo de organizaciones se propuso tomar la iniciativa, frente al nivel de desprestigio que no solo afectaba a la política, sino también a la Corte Suprema, identificada con la mayoría automática del menemismo.
Así nacieron los documentos titulados “Una Corte para Democracia”, que elaboraron y suscribieron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores. El primero se publicó el 22 de enero de 2002.
“En 2001, por primera vez, hubo manifestaciones frente a la Corte Suprema. Los jueces tenían un altísimo nivel de desprestigio. Se sabía que en algún momento iba a haber vacantes. Por eso pensamos en la reconstrucción de la Corte y de su legitimidad, y una forma de lograrlo era que se abrieran instancia participativas ciudadanas”, cuenta Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
El espíritu de aquellos documentos fueron los que el gobierno de Néstor Kirchner incorporó en el dictado de los decretos 222/03 y 588/03, que establecieron una autolimitación en las facultades para el Presidente en la designación de jueces de la Corte Suprema y también para el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación y el nombramiento de magistrados de los tribunales federales inferiores.
El decreto fue redactado por el Ministerio de Justicia, entonces comandado por Gustavo Beliz, bajo la órbita del jefe de Gabinete Alberto Fernández, que tomaron los aportes de las organizaciones de la sociedad civil. “Unos días antes de avanzar con el decreto había versiones de que el decreto no iba a salir porque era una autolimitación muy importante para el Presidente y, cuando se firmó, se generó un gran nivel de apoyo en todo el arco institucional de la Argentina”, recordó Beliz este miércoles en Radio Con Vos.
Dos semanas antes de la publicación del decreto 222/03, el 4 de junio, Kirchner le había pedido al Congreso que pusiera en marcha el juicio político contra los jueces Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, integrantes de la mayoría automática de la Corte menemista.
Tras el proceso de renovación, los jueces de la nueva corte, motorizados por el fallecido Enrique Petracchi -un sobreviviente de la vieja composición, que había sido nombrado por Raúl Alfonsín- adoptaron algunas de las propuestas de las organizaciones para su funcionamiento interno. Así se incorporaron, por ejemplo, las audiencias públicas para algunas causas en trámite, según quedó establecido en la Acordada 30/2007, que buscó garantizar la participación ciudadana y transparentar el accionar del Máximo Tribunal. Fueron célebres, por ejemplo, las audiencias por la ley de medios y la causa “Mendoza" sobre la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Otros tiempos.
