JUSTICIA

Revés judicial a los hermanos Bruera: uno, condenado; el otro, bajo la lupa

Mariano recibió una sentencia de seis años de prisión por "asociación ilícita". Pablo, exintendente de La Plata, otra vez en la mira por denuncia por soborno.

Una condena de seis años de prisión como integrante de una asociación ilícita recayó sobre el exfuncionario Mariano Bruera, hermano del exintendente peronista de La Plata Pablo Bruera, quien también quedó en la mira de la Justicia al ordenarse la reapertura de la investigación. Además, fueron condenados el exsecretario de Planeamiento municipal Enrique Sette a ocho años de cárcel por “asociación ilícita, exacciones ilegales y cohecho pasivo”, y el empresario Gustavo Orlandi, a tres años de prisión en suspenso por “cohecho activo”, es decir, por pagar coima para lograr la rezonificación de unos terrenos en la bucólica localidad platense de City Bell, lugar donde residen jueces, fiscales, empresarios y políticos.

Luego de más de dos meses de juicio oral, el Tribunal Oral Criminal II de La Plata avaló el pedido de condenas solicitado por la fiscal de Juicio Victoria Huergo. Además de las penas de prisión (que no se hicieron efectivas), Mariano Bruera quedó inhabilitado por 10 años para el ejercicio de la función pública, lo mismo que Sette, quien no podrá ejercer cargos públicos a perpetuidad, en caso de quedar firme la resolución de primera instancia.

La causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense de extracción radical Guillermo Andreau en el año 2014. El denunciante aseguró que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 220.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad. Andreau tenía la intención de lotear las tierras y vender a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

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De acuerdo con la investigación del fiscal de instrucción Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.

Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo "hablá por teléfono con todos" y así se obtuvieron las escuchas telefónicas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al exfuncionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, Campanaro le respondió: "Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo", en alusión al exintendente Bruera.

La sentencia fue unánime, pero el voto fue redactado por el juez Claudio Bernard, quien consideró que al momento de la denuncia de los hechos juzgados “existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones, que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos”.

Para el juez, “en esta organización delictiva se encontraban funcionarios de alto rango dentro de la escala jerárquica del municipio y operadores de menor jerarquía para lograr estos fines espurios”.

En la resolución se deja en claro que existían dos ventanillas de cobros de sobornos: “Por un lado”, la de Sette, Roberto Moreno, Raúl Moratti y Christian Ybarra, pero, “por otro lado, la de (Jorge) Campanaro, que según sus aseveraciones tenía acceso directo e inmediato con el intendente Dr. Pablo Bruera”.

El juez mostró su diferencia con la instrucción de la causa por entender que se investigó una sola de las ventanillas de cobros ilegales y lamentó que no se pidieran las intervenciones de los teléfonos de otros exfuncionarios como Campanaro.

“Considero que esta medida judicial, la cual no fue requerida por el Ministerio Público Fiscal, hubiese sido necesaria e imprescindible en la dilucidación del otro extremo ilícito reinante en la Municipalidad. En una investigación compleja y con un entramado en el cual existían funcionarios con distintos roles y funciones en una organización vertical y jerárquica destinada a cobrar sumas indebidas, no resulta lógico ni razonable, a mi criterio, intervenir teléfonos de empleados de menor rango y no adoptar igual criterio con los más altos funcionarios”, sentenció el juez Bernard.

Nuevo expediente

En la resolución a la que accedió Letra P, los jueces Bernard, Silvia Hoerr y Hernán Decastelli hicieron lugar al pedido de la fiscal de juicio para que se reabra la investigación y se siga en línea ascendente de mando. La medida también alcanza a particulares que -se sospecha- habrían pagado coimas para lograr las rezonificaciones de sus tierras para volcarlas al mercado inmobiliario.

“Disponer que se extraigan copias de la totalidad de la causa, conforme lo solicitado por la Sra. Fiscal de Juicio, y se remitan a la instancia de instrucción para que se pueda proseguir con las investigaciones y responsabilidades de los funcionarios públicos mencionados a lo largo del debate: Jorge Campanaro, (el abogado Lorenzo Jorge) Tomasi y Pablo Bruera incluso, como así también de los particulares involucrados”, dispuso el tribunal.

La medida también puede alcanzar al exfuncionario Ricardo Ridick y los particulares identificados como “Bocha” Castaña y Darío Ballester. Los nombres de estos ciudadanos aparecen apuntados en la explosiva planilla Excel (que según la justicia de primera instancia acredita el pedido de sobornos) secuestrada en el marco de la investigación que llegó a juicio oral y finalizó con condena para los dos exfuncionarios Bruera y Sette.

En esa planilla se detalla cómo era el reparto de los sobornos cobrados entre los concejales de La Plata para que aprobaran las rezonificaciones de tierras. Esta arista de los legisladores comunales no fue abordada aun por la Justicia Penal de la capital bonaerense, pero ya se saben los 24 nombres de exconcejalas y exconcejales que serán auditados judicialmente. Sus identidades se mantienen en reserva porque todavía no fueron imputados en la nueva causa que está en sus primeros pasos.

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