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JUSTICIA & POLÍTICA

Quién es Alberto Recondo, el juez indescifrable nombrado por CFK que complica a Javier Milei en la causa #Libra

Su fallo sobre los tuits del presidente golpea la estrategia del oficialismo en la criptoestafa. Cristina lo entronó en 2011, pero después también lo padeció.

En los tribunales federales, Alberto Recondo es conocido por fallos de fuerte impacto institucional. Este juez de La Plata nombrado por Cristina Kirchner (CFK) quedó en el centro de la escena al emitir una resolución que complica al presidente Javier Milei en la causa $Libra, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas y que involucra directamente al mandatario.

El magistrado, titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, dictaminó que los mensajes del presidente en la red social X (ex-Twitter) no pueden considerarse personales, sino institucionales. En su decisión, que respalda un dictamen del fiscal federal Oscar Gutiérrez Eguía, consideró que la cuenta verificada de Milei -identificada con una tilde gris exclusivo para jefes de Estado- funciona como una extensión de su investidura presidencial. La causa se inició tras una publicación del mandatario que agravió al niño autista Ian Moche, pero la interpretación judicial alcanza al escándalo $Libra y desarma uno de los principales argumentos de defensa de Milei: que tuitea “a título personal”.

Este no es el primer capítulo relevante de Recondo en la Justicia federal. Desde que asumió como juez, en noviembre de 2011, su trayectoria estuvo marcada por fallos de alta sensibilidad política y constitucional. Y, con el tiempo, su despacho en La Plata se convirtió en epicentro de decisiones que condicionaron tanto al kirchnerismo como al oficialismo actual.

Un juez con historia: de CFK a Milei, pasando por la Corte Suprema

La carrera judicial de Alberto Recondo comenzó formalmente hace más de una década, aunque su vínculo con la política y lo público viene desde mucho antes. Nacido en La Plata, se graduó como abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1982 y ejerció durante casi tres décadas en el ámbito privado. Fue apoderado de al menos cuatro compañías de seguros y de la agencia estatal Télam, además de docente universitario.

También tuvo cargos públicos: entre 1984 y 1987 trabajó como prosecretario de bloque en el Concejo Deliberante de La Plata y entre 1996 y 2001 ocupó cargos jerárquicos en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa bonaerense. Su perfil técnico y discreto lo convirtió en un nombre aceptable para distintos sectores del arco político.

En 2007 se postuló para el Concurso 176, que buscaba cubrir la vacante del Juzgado Federal N° 4 de La Plata. Si bien no integró la terna oficial, su nombre figuró en la lista complementaria. Pasaron tres años desde que terminó el concurso hasta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó, en noviembre de 2011, el decreto que lo convirtió en juez.

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Desde entonces, Recondo protagonizó varios fallos de peso. Uno de los más resonantes fue en 2013, cuando se sumó al bloque judicial que frenó la ambiciosa reforma del Poder Judicial impulsada por el kirchnerismo. Fue uno de los magistrados que declaró inconstitucional la modificación al Consejo de la Magistratura y la ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado.

Dos años después, en abril de 2015, Recondo se convirtió en el primer juez federal en declarar inconstitucional la ley de subrogancias que permitía al oficialismo designar jueces interinos a dedo. Su fallo dejó sin efecto la designación de Laureano Durán al frente del estratégico Juzgado Federal N° 1 de La Plata. Aunque la Cámara Federal local revocó esa decisión, en noviembre de 2015 la Corte Suprema confirmó el criterio de Recondo y declaró inconstitucional la ley, en un fallo que marcó un precedente clave para la independencia judicial.

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Entre la neutralidad técnica y el límite a la política

A pesar de los antecedentes que lo enfrentaron al kirchnerismo, Recondo no se alineó con la narrativa del nuevo oficialismo, aunque durante 2024 fue uno de los jueces que rechazó declarar inconstitucional el mega DNU 70/2023 de Javier Milei, en al menos dos oportunidades, dejando en claro su enfoque conservador sobre la intervención judicial en decisiones de política pública. También rechazó, en abril de ese año, un amparo presentado por Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Provincial por la Memoria que buscaba impedir eventuales indultos a responsables de delitos de lesa humanidad, bajo el argumento de que no existía un “caso concreto”.

Sin embargo, en julio de 2025, su fallo sobre los tuits de Milei reconfiguró su perfil en el mapa judicial. La decisión, que declara la competencia federal sobre las publicaciones del presidente en redes sociales, no solo habilitó el avance de la causa por el agravio a Ian Moche, sino que también generó una jurisprudencia con efecto inmediato sobre el caso #Libra. Para la defensa del mandatario, que había insistido en que sus mensajes eran expresiones personales, el golpe fue estratégico.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, patrocinante de la familia de Ian, explicó: “Este fallo es clave porque le pone un límite a una conducta reiterada que puede causar daño. La figura del presidente no puede escindirse del uso que hace de sus canales institucionales”.

La Plata, centro judicial del país

El fallo de Recondo marca un nuevo momento de centralidad para el fuero federal de La Plata. Su figura, de bajo perfil público pero con decisiones que generan alto voltaje institucional, vuelve a posicionarse como clave en el tablero de poder judicial.

En un país donde el peso de los jueces muchas veces trasciende el expediente, su nombre será recordado como el primero que le puso un límite jurídico al uso presidencial de las redes sociales. Y eso, en tiempos de hiperconectividad y comunicación digital desenfrenada, podría marcar una doctrina con efectos duraderos.

El futuro inmediato: ¿precedente o excepción?

Con el fallo de Recondo ya firmado, la causa #Libra suma una pieza determinante. Si se comprueba que el presidente actuó en su carácter institucional al promocionar una criptomoneda denunciada como fraudulenta, podría enfrentarse a consecuencias legales más severas de las previstas.

Por lo pronto, la decisión sienta un precedente que excede lo jurídico: obliga a reflexionar sobre los límites del poder presidencial en el terreno digital y sobre el rol de la Justicia para establecer esos límites. Recondo, el juez de carrera discreta, pero con dictámenes contundentes, vuelve a ocupar el centro de la escena nacional. Esta vez, complicando al líder que puso patas para arriba el tablero político.

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