Lesa Humanidad

El juicio que visibiliza la represión al colectivo travesti trans en la dictadura

Más sobrevivientes dan testimonio de las vejaciones en centros clandestinos. La persecución sistemática a las personas LGTB+ como fundamento y una audiencia histórica.

El colectivo travesti trans y orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género por fuera de la heteronormatividad también sufrió el horror del terrorismo de Estado; y era considerado por los genocidas como una amenaza tan fuerte como el comunismo, el marxismo o el peronismo. Ahora el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como "Brigadas" empieza a visibilizar los casos de personas LGTB+ que fueron víctimas del plan sistemático de exterminio que se ejecutó en la última dictadura militar. Es gracias al testimonio de personas que sobrevivieron a las vejaciones perpetradas en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El infierno, que formaban parte del Circuito Camps que funcionó en el conurbano bonaerense durante los años de la represión ilegal.

Al testimonio que aportó en diciembre de 2022 Valeria del Mar Ramírez, primera querellante travesti-trans en el proceso de juzgamiento a genocidas de la última dictadura, en audiencias recientes se sumaron los de Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Alagastino, Analía Velázquez, Marcela Viegas Pedro y Julieta González. Sus casos y los de otras dos integrantes del colectivo fallecidas, fueron incorporados a la causa Brigadas. "Es histórico porque por primera vez se están reconociendo las violaciones a los derechos humanos de las disidencias durante el terrorismo de Estado", dijo la auxiliar fiscal Ana Oberlin, una de las responsables de este paso para condenar a los represores.

Además de las historias de detenciones ilegales, golpes e insultos, maltratos y abusos sexuales que contaron estas sobrevivientes del Pozo de Banfield y otros centros clandestinos, la audiencia del martes 18 de abril fue considerada "histórica" para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En esa jornada también declaró la activista travesti trans Marlene Wayar. "El ejercicio de exterminio, al menos en el caso del colectivo travesti-trans, ha sido exitoso. El problema es que seguimos naciendo”, definió Wayar entre otras tantas expresiones que sirvieron para dar contexto a los testimonios.

Las exposiciones de las cinco sobrevivientes y de la activista no fueron las únicas que introdujeron el debate sobre los objetivos del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio a este colectivo. El objetivo de Oberlin y de la Unidad Fiscal federal de Derechos Humanos de La Plata fue, según esgrimió la fiscal, no sólo "dar cuenta de la persecución particular a gays, lesbianas y personas travesti trans durante la dictadura, sino hacer hincapié en su sistematicidad y su masividad, que es fundamental para el juzgamiento".

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La auxiliar fiscal platense reconoció las dificultades que "desde siempre" existieron para reconocer en el proceso judicial a las personas gays, lesbianas, travestis, trans y representantes de otras diversidades sexogenéricas como víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura genocida; pero también en la sociedad. "Parte de las resistencias a extender a las disidencias como parte de la población que sufrió el plan de exterminio radicó en que las violencias hacia estas personas estaban naturalizadas, formaba parte del cotidiano e incluía a buena parte de los sectores sociales", puntualizó Oberlin.

La subversión amoral

"Las disidencias durante la dictadura vivieron un calvario de persecución", aseguró el investigador Flavio Rapisardi. El autor, junto a Alejandro Modarelli de Fiestas, baños y exilios: los gays porteños en la ultima dictadura, fue otro de los testigos de contexto que declararon ante el Tribunal Oral federal número 1 de La Plata por los crímenes de lesa humanidad en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús.

Ana Cecilia Solari Paz y Cristian Prieto Carrasco también aportaron sus testimonios de contexto en el juicio Brigadas. Sus trabajos estuvieron vinculados al archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba), que está en custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. En esos registros quedó plasmada la persecución a las disidencias sexogenéricas como una vía para de lo que la dictadura consideraba "el mantenimiento de la moralidad".

De hecho, Solari Paz exhibió al tribunal fichas y documentos de la inteligencia de la fuerza bonaerense refiriéndose a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ con términos como “amoral”, “pederasta”, “mujer hombruna”, “marimacho”, “maricón” y “afeminado”.

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