28|1|2023

Una voz rompe el silencio: represión al colectivo travesti trans en dictadura

27 de noviembre de 2022

27 de noviembre de 2022

Valeria Ramírez es la primera persona trans en declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad. Fue torturada en el Pozo de Banfield. Un caso; más víctimas.

La “subversión” que los genocidas de la última dictadura militar se dedicaron a “aniquilar” tuvo varias caras. Una fue la de la militancia política, social, gremial y estudiantil que resistía al cambio de modelo político y económico necesitado por las élites. Otra, la de quienes desafiaban el modelo de familia “occidental y cristiana” del poder y los uniformes. El colectivo travesti trans y orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género por fuera de la heteronormatividad también sufrió el horror del terrorismo de Estado. Una de sus referentes, Valeria del Mar Ramírez, se convirtió esta semana en la primera persona trans en dar testimonio sobre los crímenes de lesa humanidad de los que fue víctima. No será la única. 

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"Nosotras éramos bichos raros, por supuesto que un gobierno militar no iba a permitir que anduviéramos en la vía pública”, sostuvo Valeria en su declaración en la audiencia número 88 del Juicio Brigadas, que repasa secuestros, torturas, vejaciones, partos clandestinos y robo de niños, asesinatos y desapariciones perpetradas por una veintena de genocidas en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno; los centros clandestinos que funcionaron en el sur del conurbano bonaerense como eslabones del Circuito Camps

 

En 2013, se acercó a la Justicia federal de La Plata, contó lo que había sufrido durante la dictadura en el Pozo de Banfield y se constituyó como querellante en la causa que por entonces investigaba la represión en ese centro clandestino de detención. Casi una década después, volvió a declarar. 

 

El martes, por videollamada desde la sede de Constitución de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, cerró los ojos y regresó durante una hora y media a aquellos 14 días de principios de 1977, cuando fue “levantada” de la parada de Camino de Cintura y Seguí, en Llavallol, donde ejercía la prostitución. La metieron junto a su compañera Romina a la parte de atrás de un Ford Falcon y las depositaron en la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense de Banfield. Las recibió un “gordo” uniformado detrás de un escritorio. Cuando las tuvo enfrente, levantó el teléfono y avisó: “Acá tienen las cachorras que habían pedido”.

 

A Valeria y a Romina las subieron por la escalera al segundo piso. A Valeria la “tiraron” en el primer calabozo, un lugar –describió– de “dos metros por metro y medio, alargadito, un banco de porland (cemento) y una lamparita”. Entonces, comenzó el calvario: 14 días de violaciones. “Qué linda que sos, por acá hay carne blanca”, recordó que dijo uno de sus abusadores. Describió que para violarla en grupo la llevaban a otro lugar, una “especie de habitación con colchones”. La comida diaria estaba condicionada; solo comía si accedía a realizarle sexo oral a los represores. “A veces lo hacía, pero llegó un momento en que, la verdad, me preguntaba: cómo puede ser. Ya no sabía qué hacer, prefería que Dios me llevara”, testimonió. 

 

Durante los 14 días que permaneció secuestrada no vio a nadie a quien pudiera reconocer. Solo una vez, mientras terminaba de bañarse, se cruzó con una chica en el baño. Una joven que recién acababa de parir y a la que –contó- “la milica que la custodiaba la obligó a limpiar” los restos de su parto. Valeria la describió “de pelo largo, delgada, demacrada, amarilla, todo el vestidito lleno de sangre, con botones”. También vio a su bebé en brazos de un policía, pero nada más. Tampoco supo nada de Romina, la compañera con quien la habían secuestrado, durante el cautiverio. La visitó años después, poco antes de que falleciera.

 

Las otras víctimas

Tras declarar, Ramírez escribió en sus redes sociales que dar testimonio fue “doloroso y también sanador”, y además “un granito de arena. Por todo el horror que pasé, para que se haga justicia”, se descargó. Ana Oberlin, auxiliar fiscal en el Juicio Brigadas, destacó el testimonio de Ramírez como “sumamente relevante”, dado que “es la primera vez que una mujer trans, que fue parte del grupo de víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, declara en un juicio oral y público”.

 

Las personas travestis y trans fueron perseguidas y atacadas por el Estado antes y después de la dictadura. Sin embargo, Oberlin demostró, en el marco de un trabajo académico, cómo la represión de la última dictadura endureció esas prácticas sobre ese colectivo. Oberlin también advirtió que este grupo de víctimas está invisibilizado dentro del ejercicio de memoria sobre los crímenes del genocidio. El hecho de que la primera querellante trans llegue a juicio recién en 2022, después de 16 años de proceso de juzgamiento, lo confirma. Hay numerosos casos.

 

Mientras Ramírez aguardaba su juicio, Ivanna Aguilera radicó una denuncia en Rosario por lo que le hicieron pasar. Sin embargo, La Plata es la única jurisdicción que avanzó concretamente. Al caso de Valeria están listos para sumarse otros en el marco de la misma causa: se trata de ocho personas travestis y trans que fueron secuestradas y vejadas en el Pozo de Banfield; hechos por los que a principios de año, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a una docena de civiles, militares y policías retirados. El viernes elevó esos hechos -entre otros- a juicio oral. Ahora depende del Tribunal que se incorporen al debate en curso. 

 

La Fiscalía presentó los casos ante el juez tras dar conformidad a los procedimientos que ponían en evidencia la “sistematicidad” de los ataques a ese colectivo y demostraban que no fueron aislados, sino que atendían a un objetivo concreto de parte de la dictadura: eliminar a quienes atentaran contra el modelo “occidental y cristiano” de familia.