LESA HUMANIDAD

Dictadura militar y complicidad empresarial, la deuda pendiente

Un juicio pone el foco en delitos perpetrados en el ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino. Embargo y búsqueda de reparación económica.

Durante la última dictadura militar, los represores persiguieron, secuestraron, torturaron y asesinaron a numerosas personas; además de abusar sexualmente de quienes tenían en cautiverio y apropiarse de sus bebés. También robaron, usurparon, se adueñaron y vendieron bienes –casas, autos, empresas, entre otras– mediante la falsificación de documentos y el sometimiento de las víctimas. A 20 años de la reanudación del proceso de juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad, recién hace algunos meses comenzó a ponerse el foco en esos delitos y a viabilizar modos de repararlos, más allá de la búsqueda de condenas a sus perpetradores.

A fines del año pasado, el Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo lugar a un pedido realizado por la Fiscalía junto con la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General: el embargo del Ingenio La Fronterita y de paquetes accionarios vinculados a la compañía. La medida, de índole cautelar, es la primera que se aplica en una causa de lesa humanidad. Corre dentro del expediente que investigó y está a punto de juzgar a exdirectivos del ingenio por su colaboración con secuestros, torturas y asesinatos de personas que trabajaban en la empresa.

Hay por lo menos otras dos causas que indagan en los crímenes financieros que perpetraron represores en tiempos de terrorismo de Estado. Una llevará a juicio oral al represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge Radice y a su hermana, quienes se quedaron con propiedades y otros bienes de detenidos desaparecidos y armaron una estructura para lavar dinero de origen espurio. La otra, indagó en el uso de varios millones de dólares que el represor Aníbal Gordon robó en 1977 de la casa de Cecilio Mechoso, un referente de la organización uruguaya Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en Chascomús. La pesquisa estuvo a cargo del entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Hasta el momento, en ninguna de las dos causas se trabaron embargos.

“Buscamos reforzar la reparación que las investigaciones y juicios de lesa humanidad persiguen a través de los actos de Justicia”, explicó a Letra P el fiscal Pablo Camuña, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán, desde donde se trabajó el pedido de embargo junto a la Dirección a cargo de María del Carmen Chena. “Toda violación a los derechos humanos acarrea, una vez probado el hecho y emitida la condena, la obligación de reparar el daño por parte del responsable de haberlo cometido. Esto está en los tratados internacionales con los que Argentina se comprometió. Buscamos que además de una condena, haya consecuencias económicas”, añadió.

Complicidad empresarial

En septiembre de 2021, la Cámara Federal de Tucumán revirtió la falta de mérito dictada en primera instancia por el juez de instrucción Daniel Bejas y procesó a Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos por su colaboración con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y sus años previos. Los cuatro integraron, presidieron, administraron y dirigieron la empresa Minetti & Cía, titular registrada de La Fronterita. En 1975, en el marco del Operativo Independencia, el Ejército montó la sede de su fuerza de tareas “Rayo” e instaló un centro clandestino de detención, tortura y exterminio dentro del ingenio ubicado en la ciudad tucumana de Famaillá.

La Fiscalía, que Camuña comparte con la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, estableció que entre 1975 y 1980 en ese lugar fueron secuestradas y torturadas al menos 68 personas; algunas fueron capturadas con vehículos de la empresa. La mayoría trabajaba en el ingenio y alrededor de diez eran dirigentes gremiales Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del “Ingenio La Fronterita”.

La investigación judicial determinó que la empresa debió aportar recursos para que pudieran perpetrarse estos delitos: cedieron instalaciones y locaciones, colaboraron con logística y mantenimiento; y dieron permisos y autorizaciones para que las fuerzas militares circularan y ejercieran control dentro del predio, aportaron vehículos, entregaron información general y calificada sobre el personal, omitiendo luego realizar denuncias; y enriqueciéndose.

El juicio oral y público espera fecha de inicio desde fines de 2021. Hace algunas semanas, la querella solicitó celeridad. El TOF, que recién inicia el tercer debate oral y público por los crímenes de la Jefatura de Policía, respondió que no desarrollará dos juicios simultáneos.

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