18|9|2022

La muerte impune del empresario yerbatero cómplice de la dictadura

07 de agosto de 2022

07 de agosto de 2022

Un juez lo excluyó del “Juicio Las Marías”. Nunca dio explicaciones sobre su rol en persecuciones y secuestros a trabajadores de la empresa. Murió con 97 años.

“En paz y rodeado de toda su familia”, dice el diario La Nación que falleció Adolfo Felipe “Toco” Navajas Artaza, la nochecita del martes pasado; en una descripción a la que le falta un adjetivo: impune. Tenía 97 años y dedicó gran parte de su vida a presidir el Establecimiento Las Marías, el imperio yerbatero emplazado en el norte correntino que fundó su familia y que él se dedicó a sostener e inflar. Desde la empresa familiar construyó poder tejiendo puentes con los sectores más conservadores del país, que lo llevaron a ser funcionario de las últimas dos dictaduras.

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A Adolfo Navajas Artaza lo denunciaron familiares de extrabajadores de la empresa de yerba y té emplazada en la localidad de Gobernador Virasoro, en el norte de Corrientes. En la primera década de los 2000, Jorge Pérez lo señaló como uno de los responsables de la desaparición de su padre, Neris Pérez. El empresario ni siquiera tuvo la necesidad de negarse a declarar por escrito, dado que 17 jueces federales evitaron abrir una investigación contra este varón dueño de la comarca. Uno de ellos, Tomás Challup, finalmente lo sobreseyó sin siquiera citarlo a declaración indagatoria. 

 

Así, quedó fuera del “Juicio Las Marías”, como se conoció al debate oral y público que se desarrolló en Corrientes y que tuvo como único acusado al interventor de facto de Virasoro, el estanciero Héctor Torres Queirel, quien acabó absuelto por el secuestro y desaparición de Marcelo Pereyra, el único trabajador tenido en cuenta de una lista de más de 20 personas víctimas de crímenes de lesa humanidad. En ese proceso judicial de 2018, el fiscal federal correntino Flavio Ferrini, había solicitado la extracción de testimonios para investigar a Navajas Artaza por violaciones a los derechos humanos de esos tareferos de Las Marías.

 

“Las puertas se habían cerrado en el caso de Pérez, pero no del resto, y teníamos pruebas ahora”, contó Marisa Sanauria, prosecretaria de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Corrientes y referente del Espacio de Memoria de esa provincia. En el juicio se había exhibido documentación que comprometía al empresario con los crímenes. La denuncia se presentó y recayó en el juzgado federal de Paso de los Libres, a cargo del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda. “Otra vez empezaron a dar vueltas, muy preocupado el Poder Judicial por no agarrar la papa caliente”, denunciaron quienes impulsaban la demanda, a la que en los últimos años se habían sumado como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Federación de Peones Rurales. 

 

Hilda Presman, de la Red Corrientes de Derechos Humanos, recuerda que “Navajas Artaza fue el personaje más político de la empresa familiar agroindustrial yerbatera de Gobernador Virasoro” y que a su rol de persona de empresa sumó los de “legislador, interventor en la gobernación de Corrientes durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, ministro de Desarrollo Social de Reynaldo Bignone en el último tramo de la dictadura genocida y autor de la ley de autoamnistia”, conocida como Ley de Pacificación Nacional y con la que los últimos dictadores abandonaron la Casa Rosada.

 

La dictadura genocida del 24 de marzo de 1976 se instaló en Virasoro. El interventor municipal fue el estanciero Torres Queire; el capitán Juan Carlos Sacco quedó a cargo de las fuerzas de seguridad locales. “Se instaló en Las Marías, iba a buscar las listas de trabajadores a las oficinas de Navajas Artaza”, indicó Presman. Esas listas aparecieron durante el juicio. Las identidades de los empleados secuestrados y detenidos aparecen marcados “con cruces, con círculos”, aportó Sanauria.

 

El hasta el martes pasado presidente honorario de Las Marías, tenía 97 años. “Queríamos que si moría lo hiciera ante la historia con un requerimiento judicial por los crímenes que cometió y no como sucedió ahora, como un hombre de bien”, expresaron fuentes de la investigación consultadas por Letra P. Este año, Navajas Artaza había sido citado a prestar declaración indagatoria con la condición previa de que se le realizaran estudios médicos. “Sabíamos que corríamos en contra del reloj biológico y el Poder Judicial jugó a dilatar todo siempre. No llegamos”, se lamenta Sanauria.

 

“Absolutamente todos los secuestros, detenciones y desapariciones de Gobernador Virasoro durante la última dictadura cívico militar fueron trabajadores sindicalizados vinculados laboralmente a Las Marías”, afirma Presman y sostiene que hay pruebas de que Navajas Artaza habría sido partícipe en esos hechos .

 

Con su muerte, la posibilidad de registrar en la Justicia la responsabilidad de Navajas Artaza en estos hechos ya no existe y la sensación entre familiares de víctimas, sobrevivientes y militantes de derechos humanos de la zona es “de frustración, falta de justicia, compromiso político judicial de encubrimiento y falta de voluntad política”, concluyó Presman.