Carlos Blaquier

El poder impune

Emblema del empresariado cómplice de la dictadura, el dueño de Ledesma murió a los 95 años. Procesado por 29 casos de secuestros, nunca fue juzgado. La protección de la Justicia.

La madrugada del 24 de marzo de 1976 Luis Arédez es arrebatado de su casa, ubicada en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, por una patota de militares y policías de Jujuy, cargado en una camioneta de la empresa Ledesma y trasladado a la cárcel de Villa Gorriti. Su caso es el más emblemático de lo que fue el aporte que aquel imperio agroindustrial y su dueño, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, al plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio de personas que puso en marcha la última dictadura cívico militar. Por el secuestro de Arédez y de otras 28 personas Blaquier fue procesado hace una década, pero la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema demoraron la posibilidad de que fuera juzgado en un debate oral y público; y el paso del tiempo cerró el salvataje: el empresario falleció a los 95 años.

El reclamo histórico de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, así como de organizaciones sociales y políticas de Jujuy vio, por primera vez, la posibilidad de concretarse en 2012, cuando el juez federal Fernando Poviña procesó a Blaquier y al gerente administrativo de Ledesma, Alberto Lemos, por considerarlos partícipes primarios en dos causas de lesa humanidad.

Aquel procesamiento fue potente y fundamental en el marco de la lucha para que la Justicia avanzara sobre los ideólogos económicos de la dictadura y su plan criminal. También puso en evidencia que el poder de Blaquier superaba la industria agroindustrial y que también lo haría valer: no estaba dispuesto a sentarse en el banquillo de los acusados y logró evadirlo. Murió impune.

El poderoso

Blaquier llegó a Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI), hoy una de las empresas agroindustriales de capitales nacionales más importantes del país y América Latina, en la década de los 60. Estaba casado con Nelly Arrieta de Blaquier, hija del dueño de la compañía, Herminio Arrieta. Diez años después, Blaquier reemplazó a su suegro en la presidencia de la compañía. Lemos fue su ladero en el directorio y administrador general.

Para entonces, la caña de azúcar era la actividad principal en todo el territorio que pertenecía a la compañía, en los que mechaba pequeños terrenos dedicados a otras plantaciones. Lo principal era, sin embargo, la producción de azúcar, alcohol y papel. Los cierres de ingenios azucareros del norte argentino beneficiaron el proceso de concentración que encabezó la empresa. Los directivos se llevaron de lujo con la dictadura de Juan Carlos Onganía, de 1966, y, como se certificó en la investigación que realizó el Ministerio de Justicia en 2015 sobre la responsabilidad económica en los crímenes de la dictadura, la relación con los dictadores de 1976 fue más fuertes y trabajaron codo a codo el plan económico que llevó adelante el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Obediencia, desaparición, dependencia

Todo en General Libertador San Martín era propiedad de la compañía que, para los ‘70, se había expandido hacia otros pueblos linderos, como Calilegua. Ledesma empleaba a unas 5 mil personas, entre trabajadores agrícolas y personal jerárquico. A eso, debían sumarse los trabajadores golondrina, que participaban de la época de zafra. La dependencia de la población con la empresa, era absoluta.

Antes de ser intendente, Arédez fue empleado de Ledesma como médico pediatra para atender a los hijos de quienes trabajaban en la empresa. Al tiempo fue despedido. Su intendencia comenzó en 1973, pero duró ocho meses, porque fue obligado a renunciar por presiones de Blaquier y su empresa. Había motorizado la expropiación de tierras para vivienda de los habitantes, impuso tributos a la azucarera. Arédez se fue del pueblo, pero regresó al tiempo y empezó a trabajar con el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma.

El conflicto entre el sindicato y Ledesma se hizo cada vez más intenso desde 1974, pero se profundizó con el golpe militar. El 24 de marzo de 1976, a las 3, Arédez fue secuestrado por una patota militar que lo arrancó de su casa, lo subió a una camioneta de la compañía de Blaquier y lo mantuvo un mes desaparecido. Con el mismo modus operandi también fueron secuestrados Omar Claudio Gainza y Ramón Luis Bueno, trabajadores de la empresa, y Antonio Filliú. “Mi papá apareció luego detenido en la sede de Gendarmería de Ledesma, ubicada a metros del ingenio, siempre defendiendo los intereses económicos”, contó Ricardo Arédez, cuyo padre fue liberado a los meses y nuevamente desaparecido en 1977. Por tres de esos casos fue procesado Blaquier en calidad de partícipe primario.

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Los otros casos que le endilgó la Justicia a Blaquier son los perpetrados durante la semana del 20 y el 27 de julio de 1976, cuando en sucesivos cortes de energía eléctrica durante las madrugadas, cientos de personas vinculadas con Ledesma –trabajadores, familiares, empleados de comercios de Libertador General San Martín o Calilegua– fueron arrancadas de sus casas por patotas del Ejército, Policía y Gendarmería locales, trasladadas en vehículos de Ingenio Ledesma a centros clandestinos y torturadas. Más de 50 permanecen desaparecidas.

La Justicia y el paso del tiempo

“Las pruebas siempre estuvieron claras. Lo que también estuvo siempre claro fue la Justicia injusta que no permitió que Blaquier diera explicaciones sobre lo que hizo”, apuntó Arédez en diálogo con Letra P.

El procesamiento dictado por el juez Poviña había sido contundente. Para el magistrado, había elementos suficientes para probar que Blaquier y Ledesma habían aportado vehículos, listados de trabajadores e información sobre sus vidas privadas, para concretar los secuestros a sabiendas de lo que estaban haciendo, parte del plan sistemático en la denominada “lucha contra la subversión”. Poviña contextualizó el análisis en el marco de una “persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma contra los dirigentes sindicales de la misma”.

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Blaquier apeló su procesamiento y recibió un primer coletazo de la Cámara de Apelaciones de Salta. Entonces acudió a Casación, donde primero logró que el tiempo pase y luego que se recompusiera el orden en su favor. En marzo de 2015, los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, miembros de la Sala IV, le dictaron la falta de mérito.

Las querellas de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura jujeños, además de la Fiscalía, llevaron el expediente ante la Corte Suprema de Justicia. Lo hicieron en queja, a pesar de que Casación quiso ponerle un cierre final a la cuestión. Espantados por la decisión judicial que, para las víctimas tenía como único objetivo impedir que Blaquier rindiera cuentas ante la Justicia por su complicidad con la última dictadura, denunciaron a los camaristas ante el Consejo de la Magistratura y recurrieron de manera extraordinaria al máximo tribunal.

Seis años tardaron los supremos en darles la razón. Seis. Fue recién en julio de 2021 que tres cortesanos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, dejaron sin efecto la falta de mérito con la que Blaquier y Lemos habían sido beneficiados por los jueces camaristas Hornos, Gemignani y Riggi, y los acusaron de definir de manera arbitraria en el expediente con el efecto de obstaculizar el avance del proceso. El entonces presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, consideró que la actuación de los camaristas no había sido tan desacertada. Para entonces, ya eran conocidos sus vínculos con la familia Blaquier a través de organizaciones de la sociedad civil: compartió con el sobrino de Blaquier, Miguel, la ONG Cimientos; que, a su vez, mantuvo vínculos cercanísimos con el macrismo, y recibió donaciones para la Universidad de San Andrés cuando era rector.

Para cuando la Corte reenvió las causas a Casación para que se resolviera con “celeridad”, Blaquier ya tenía casi 94 años. Pese a que Casación se expidió con rapidez, al dueño de Ledesma le habían llegado los achaques de su avanzada edad. Durante el último tiempo hubo tires y aflojes con pericias médicas que habían determinado que ya no estaba en condiciones de afrontar un debate oral. “Los madres, padres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy hicimos todo a nuestro alcance para visibilizar el vínculo de Blaquier con la dictadura. Él se fue con total impunidad, pero es todo responsabilidad de la Justicia. Que se hagan cargo”, concluyó Arédez.

la parabola del abogado que no quiere escuchar dos veces la verdad
?la corte no acelera en las causas de lesa humanidad?

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