La autora destaca la importancia de la perspectiva de género en los programas y presupuestos públicos y del control de su transaparencia.
Las trabajadoras del área de género, a la espera de (malas) noticias. FOTO: @julianite.nite
La lucha de las mujeres por acceder a las mismas oportunidades, derechos y libertades que los hombres es histórica. Incorporar la perspectiva de género en la administración estatal es reconocer que las políticas públicas no son neutrales, que tienen impactos diferenciados en varones y mujeres habida cuenta de esta asimetría estructural.
Al mismo tiempo, permite desarrollar políticas más equitativas, reconociendo la diferenciación social, económica y política entre mujeres y hombres e impulsando medidas específicas en donde las mujeres no tienen acceso equitativo a recursos y derechos.
Institucionalizar políticas antidiscriminatorias e implementar, desde los organismos públicos, herramientas que faciliten un tratamiento equitativo de oportunidades y trato con el fin de eliminar jerarquías entre hombres y mujeres es garantizar y avanzar en la construcción de sociedades más justas y democráticas, que permitan a sus ciudadanos y ciudadanas desarrollarse y vivir en plenitud.
A través de sus gestiones, los Estados deben ser capaces de incorporar e implementar esas herramientas eficientes para que los gastos e ingresos reflejen los impactos diferenciados para hombres y mujeres y se generen cambios en la recaudación y distribución de los recursos públicos para lograr cambios positivos en pos de la igualdad.
Los presupuestos públicos tampoco son neutrales al género y, dado que la recaudación de recursos como el gasto público pueden contribuir a disminuir y revertir inequidades sociales o bien pueden cristalizarlas, surgen iniciativas como los presupuestos con perspectiva de género como herramienta de transformación para reducir brechas laborales, ingresos, de tiempo, salud y violencia.
ONU Mujeres señala que "A través de la política fiscal, el Estado toma decisiones mediante la elección de determinadas fuentes de ingresos, y la asignación de recursos para la ejecución de las políticas y los programas en los diferentes niveles de gobierno. La expresión más concreta, a la vez que una de las más poderosas de la política fiscal, es el presupuesto público.”
De la misma manera es fundamental el rol que desempeña la fiscalización y el control público en el análisis, auditoría y seguimiento de las políticas públicas implementadas para reducir las desigualdades de género.
Las auditorías de género son herramientas nodales para evaluar la igualdad de oportunidades y el impacto de las políticas, programas y proyectos en la vida de las mujeres y los hombres. En definitiva, se trata de reducir brechas. Son capaces de identificar desigualdades de género y mejorar la eficacia en las políticas, programas y proyectos; promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública creando entornos más inclusivos y equitativos para todos.
Los gobiernos nacionales han asumido importantes compromisos en materia de igualdad de género, especialmente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS incluyen un objetivo centrado en la igualdad de género -el ODS 5 que señala "Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas"- y consideran la igualdad de género una prioridad transversal esencial para la consecución de los demás objetivos.
Los compromisos se basan en la integración de la perspectiva de género mediante la adopción de leyes, reglamentos, políticas, planes, estrategias y presupuestos nacionales y subnacionales, y el establecimiento de funciones y responsabilidades dentro de las instituciones gubernamentales para su aplicación. Al ser auditados por los gobiernos, los organismos de control y fiscalización contribuyen a mejorar las vidas de diversos grupos de mujeres, hombres y personas en situación de vulnerabilidad.
Las auditorías referidas a los avances del ODS 5 están generando lecciones importantes, dado que las auditorías de género se pueden aplicar a una amplia gama de políticas, programas y proyectos y visibilizar sus impactos positivos.
La Auditoría General de la Nación realizó distintas auditorías de gestión con enfoque de género, entre las que se destacan el Informe sobre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social referido al control del Cupo Femenino Sindical (Ley Nº 25.674).
Otra auditoría sobre la Gestión del Programa 17 -"Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer”-, en los aspectos relacionados a las acciones desarrolladas por el ex Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).
Otro hito muy importante es que en noviembre de 2020 se aprobó por primera vez en Argentina una Ley de Presupuesto con perspectiva de Género (PPGyD) para el ejercicio 2021, cumpliendo otra de las recomendaciones propuestas por la AGN de continuar y profundizar el trabajo de incorporar la perspectiva de género como herramienta de transversalidad presupuestaria.
En la Auditoría Coordinada de Violencia de Género (2023) se señala que “el Presupuesto con perspectiva de género tuvo en cuenta las políticas dirigidas a cerrar brechas de tiempo y cuidados, laborales, de ingresos y brechas de salud y autonomía física y reproductiva. En el primer caso, el presupuesto destinó el 61% del gasto del etiquetado a la moratoria previsional, dado que el 85% de las trabajadoras se jubilan a través de una moratoria jubilatoria. En segundo lugar, el programa Potenciar Trabajo representa el 5% del gasto con impacto en género y diversidad, En tercer lugar, se reforzaron transferencias monetarias de protección social de aquellos hogares más vulnerables como la Asignación Universal por hijo (AUH), la Asignación Universal por embarazo (AUE) y la pensión para madres de mujeres que han sido víctima de violencia con motivos de género" realizada al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad abarcando el período 2019/2021.
Asimismo, vale la pena resaltar los trabajos referidos a los ODS: la "Auditoría Coordinada de Preparación de los Gobiernos Nacionales para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 5, de la que participaron 117 Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de todo el mundo. En ese informe se auditó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y fue aprobado en 2019. Y también la Auditoría Coordinada “Políticas Implementadas para abordar los Objetivos y Metas del ODS 1 ”Fin de la Pobreza” desde un enfoque transversal de género y que tiene como eje la feminización de la pobreza.
En el Informe de la Auditoría de ODS 5, se contemplaron distintas acciones a implementar y recomendaciones a los organismos involucrados que oportunamente fueron tenidos en consideración. En este sentido, al Poder Ejecutivo Nacional se le recomendó “dotar de mayor nivel jerárquico y autoridad al centro de gobierno” para dar cumplimiento del ODS 5 Igualdad de género. En relación a esto, el 10 de diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El objetivo de la auditoría sobre el ODS 1 “Fin de la Pobreza” desde un enfoque de género fue evaluar el desempeño de los Estados nacionales entre 2016 y 2019, en términos de políticas públicas tendientes disminuir la pobreza y, a su vez, reducir las brechas de género.
La perspectiva de género dentro del estudio de la pobreza afirmó que no hay azar en la probabilidad de ser pobre y que ésta afectaba de manera específica a las mujeres tanto cuantitativa como cualitativamente.
Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de 2019 “Trabajar para un futuro más prometedor sobre el Futuro del Trabajo" había recomendado firmemente que se adoptasen medidas para garantizar la rendición de cuentas con el fin de impulsar la igualdad de género. Advertía que “importa lo que medimos” y que es preciso elaborar, medir y actualizar constantemente toda una gama de herramientas de acción afirmativa –que comprendan cuotas, objetivos y planes de igualdad– para asegurarse de que siguen siendo pertinentes para la lucha contra las desigualdades de género.
Las conclusiones y recomendaciones de los informes de auditoría tienen la enorme capacidad de influir directamente en la forma en que los gobiernos incorporan y persiguen la integración de la perspectiva de género y la igualdad para el logro de la reducción de brechas, de violencias y de todo tipo de discriminación en sus procesos de planes y programas desde su planificación, ejecución y evaluación de impacto de políticas; mejorando el rendimiento de su gestión y cerrando brechas.
A través de auditorías e informes oportunos y pertinente, los organismos de control pueden influir significativamente en las respuestas nacionales e integrar una perspectiva de género es vital para generar verdaderos cambios culturales en las sociedades que reclaman – en tiempos de mayores retos sociales y económicos- mayor igualdad, justicia y paz.
Vivimos momentos desafiantes a nivel global y nacional y esto nos interpela y acciona a contribuir desde nuestros lugares a la construcción de sociedades más justas y resilientes. Sin fiscalización no hay reducción de brechas, pero sin políticas públicas que consideren la perspectiva de género no habrá sociedades igualitarias.