El expresidente había planteado el alejamiento del magistrado fundamentando "falta de imparcialidad". Definirá la Cámara Federal de Apelaciones.
El juez federal Julián Ercolini rechazó el planteo de excusación y recusación que realizó la defensa del expresidente Alberto Fernández, imputado por los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado y malversación de fondos públicos en el escándalo de los seguros.
El exmandatario había pedido el apartamiento del magistrado fundamentando "falta de imparcialidad".
"Las consideraciones realizadas por la defensa de Alberto Ángel Fernández no dan lugar a mi apartamiento en la presente causa: no se verifican ninguno de los supuestos expresamente previstos para ello en el ordenamiento procesal, ni tampoco se observan razones fundadas para considerar dudar sobre mi imparcialidad en su trámite, dada la inexistencia de hechos concretos y objetivables que lo justifiquen", refutó el juez a cargo de la investigación sobre la intermediación en la contratación de seguros.
Además, negó una "relación emocional y afectiva anterior", como había consignado el extitular del PJ nacional al pedir la recusación. Frente al informe que elaboró el magistrado, la defensa podrá apelar frente a la Cámara de Apelaciones para resolver si Ercolini sigue al frente del caso o no.
Como contó Letra P, durante la gestión de Alberto Fernández permitió, mediante el decreto 823/2021, la intermediación de los seguros en los organismos públicos, algo que no tiene sentido, considerando que, cuando cualquier aseguradora accede a una cuenta de semejante volumen, como es manejar la totalidad de los organismos públicos, prescinde de los productores, a quienes debería pagarles una comisión por un negocio que no traen ni gestionan. Usualmente, cuando las compañías acceden a este tipo de negocios, forman una división propia interna que administra específicamente esa cuenta, en este caso de un organismo público.
Con el aval del Ejecutivo, se le permitió a Nación Seguros salir a repartir sin control administrativo la masa de dinero que generan los seguros del sector público mediante la contratación de un “coseguro” con otras empresas del sector asegurador.