Mientras reclama un régimen para el sector, el proyecto minero del titular de la gremial fabril tendrá beneficios fiscales por 30 años. Socios bajo sospecha.
El ministro Toto Caputo autorizó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros por 30 años, al proyecto de extracción de cobre, Minera San Jorge, cuyo director y socio es el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.
Se trata de un proyecto de inversión por u$s 891 millones para extraer cobre en Uspallata, departamento de Las Heras, Mendoza. La empresa informó que la construcción de la mina podría comenzar a finales de 2026, y los trabajos van a demandar 18 meses.
La autorización a Rappallini y a sus asociadas para ingresar al RIGI, coincidió con los reclamos del presidente de la UIA para que el Gobierno permita que los nuevos beneficios fiscales del súper-RIGI incluyan a las industrias ya radicadas en Argentina.
El proyecto minero de Rappallini tuvo el apoyo explícito del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien compartió reuniones con el titular de la UIA en el Consejo de Mayo, el órgano consultivo no vinculante que coordinó el ministro Federico Sturzenegger para generar proyectos, entre ellos la reforma laboral que aprobó el Congreso.
Minera San Jorge es una sociedad anónima que integra con el 70% la firma Zonda Metals y, como socio menor, el Grupo Alberdi del titular de la UIA. Rappallini comenzó con una empresa familiar de la ciudad bonaerense de Maipú, Gigot Cosméticos S.A., y luego generó el Grupo Alberdi, con la fábrica de cerámicas y la construcción de parques industriales como desarrollo inmobiliario en el conurbano provincial.
El mendocino Federico Soria, que integra la Asamblea por el Agua Pura de Uspallata, investigó y presentó un informe que indica que Zonda Metals es una empresa relacionada con el grupo Solway Investment Group, una compañía radicada en paraísos fiscales que compró el proyecto San Jorge después de que fuera rechazada la explotación a cielo abierto de oro y cobre en 2011 por la Legislatura provincial de Mendoza.
Quienes cuestionan el proyecto afirman que Solway incurrió en delitos ambientales en otras explotaciones mineras que gestiona, por ejemplo, en Guatemala, donde se la acusa de haber contaminado el río Trincheras.
En Uspallata, la empresa asegura que va a reutilizar el 90% del agua, y las organizaciones socioambientales advierten que los controles son insuficientes.
PSJ Cobre Mendocino, tal cual es su actual denominación, es el más pequeño de los siete proyectos de cobre del país que ya están listos para comenzar a construirse. Podría ser el primero en ponerse en funcionamiento en Argentina.
Tiene un potencial de 40.000 millones de toneladas anuales con una expectativa de explotación de 16 años, como mínimo. El resto de los proyectos mineros están ubicados: cuatro en San Juan y los dos restantes en Salta y Catamarca.
El ceo de Minera San Jorge es el abogado mendocino Fabián Gregorio, quien informó que el emprendimiento puede generar 600 empleos directos y 2400 indirectos, con una operación anual que requiere u$s 120 millones de costo operativo que incluye insumos, salarios y mantenimiento.
San Jorge obtuvo en diciembre pasado la aprobación definitiva de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el Senado mendocino, con una mayoría importante de 29 votos a favor, seis en contra y una abstención.
“En la mina San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia de Mendoza en viabilizar la minería en su territorio, que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país”, dijo Caputo para subrayar el ingreso al RIGI del proyecto de Rappallini.
También el ministro aprobó los beneficios del RIGI para la ampliación del proyecto de litio de Cauchari-Olaroz en Jujuy con una inversión de u$s 1241 millones. Entre ambas iniciativas, según Caputo , se van a generar 8000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Economía ya ingresó 16 proyectos al RIGI, por casi u$s 30.000 millones, y tiene otros 20 en evaluación.
San Juan concentra proyectos de cobre que suman inversiones por u$s 37.000 millones, de los cuales u$s 32.000 no se aprobaron todavía. Argentina exportó minerales por u$s 6000 millones en 2025 y proyecta superar los u$s 9000 millones en 2026.
“La plata que teóricamente iban a invertir los privados la vamos a terminar poniendo los argentinos y los mendocinos, mediante las exenciones fiscales que reciben mientras el Gobierno nacional sigue aumentando, por ejemplo, el impuesto a los combustibles; es una mentira más del lobby minero amparado por los gobernantes”, dijo a Letra P Jorge Difonso, diputado provincial mendocino y exintendente de San Carlos.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, aseguró que los siete proyectos van a generar 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Dijo que en San Juan se concentra la mayor cantidad de cobre descubierto en Argentina.
“La ejecución del proyecto pondría en riesgo de contaminación el agua de la cuenca del río Mendoza, que aguas abajo riega el principal oasis agroindustrial de la provincia y donde vivimos tres de cada cuatro mendocinos, aproximadamente 1,5 millones de habitantes”, dijo a Letra P Marcelo Giraud, profesor de Geografía en la Universidad Nacional de Cuyo y activo militante por la preservación ambiental de Mendoza.
“Es muy real que la Legislatura aprobó por amplia mayoría el impacto ambiental del proyecto, y que los pedidos de medidas cautelares para frenar la explotación fueron rechazados, aunque las causas judiciales con los planteos de fondo siguen su curso y no hay fallos de fondo, y queda la instancia de la Corte Suprema si la justicia provincial llegase a ser adversa”, sostuvo Giraud.
