Caen acciones y se calienta el riesgo país mientras la política se mueve a ambos lados de la grieta. Toto Caputo fatiga el inflador. ¿Reelección inexorable?
La política se mueve, la reelección de Javier Milei no es una certeza y los mercados lo saben.
La actividad económica doméstica planchada, un dato de inflación que hoy podría volver a sembrar preocupación y una insatisfacción popular que se traduce en encuestas que reflejan mayor rechazo a Javier Milei y a su gestión comienzan a impactar en mercados que hasta hace poco le sonreían al plan oficial y ahora le muestran los dientes.
Es oficial: el riesgo electoral de la Argentina se instaló en el mundo financiero.
En un elemento positivo para Toto Caputo, el dólar permanece bajo control –en el sentido más estricto del término–, pero las acciones argentinas y los títulos de deuda –con su contracara crucial: el riesgo país– muestran una trayectoria negativa que se traduce en un concepto: el mercado ya no está seguro de que el Presidente vaya a ser reelecto.
Esto resulta especialmente relevante por coincidir con contactos destinados a comenzar a ordenar el tablero electoral: por un lado, el acercamiento entre Karina Milei y Mauricio Macri con miras a una posible alianza; por el otro, una cumbre peronista destinada, en principio, a defender el mecanismo de las PASO, lo que indica la manifestación, por primera vez en mucho tiempo, de una vocación de unidad. Por si eso fuera poco, el mercado político se puebla de outsiders que, habida cuenta del ascenso de Milei, creen que cualquier aventura es posible en la Argentina.
Con la política corriendo, el mercado se llena de incertidumbre.
Este miércoles, los ADR –acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street– cayeron hasta 5,8%, como fue el caso de Mercado Libre, pero en promedio perdieron 0,82%. En tanto, la merma del mes alcanza a 7,42% y la acumulada en el año, a 6,76%. Como se ve, las retracciones recientes borraron con creces las ganancias de los no tan lejanos tiempos del optimismo con la reelección.
Más notable, el riesgo país, que hace menos de un mes estaba a punto de perforar a la baja el nivel clave de los 400 puntos básicos, volvió a crecer y cerró a 471. Sólo desde el último lunes 3, ese indicador trepó 14,6%.
El sueño del ministro de Economía –y la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), deseoso de empezar a cobrar y de reducir la enorme exposición a su mayor deudor– de refinanciar vencimientos de deuda en el mercado voluntario a tasas razonables –con un riesgo de entre 300 y 350 puntos– se aleja.
El repunte del riesgo soberano vuelve más desafiante en lo financiero el año electoral, cuando el Tesoro deberá afrontar pagos de 27.000 millones de dólares, 6000 de ellos para honrar vencimientos con el Fondo. Además, aleja la chance de que financiamiento externo permita aflojar el ajuste fiscal en momentos en que ni siquiera parece sólido el pilar de doble filo del superávit fiscal.
Con un mercado local en el que enero de 2027 opera como un deadline que pesa cada vez más en las licitaciones del Tesoro y, como se señaló, sin aval del mercado externo, crece la dependencia del Gobierno de la ayuda de un Donald Trump que no se sabe qué representará políticamente después de las midterms de noviembre, acaso de la buena voluntad del FMI y –tremenda herejía– de China, gracias al swap renovado por el equivalente a casi 20.000 millones de dólares.
Atrapado entre la necesidad y el riesgo geopolítico en el que lo mete su alineamiento canino con Trump, el Presidente juega con fuego al desafiar la paciencia de Pekín cerrándoles la puerta a sus empresas en licitaciones y haciendo hacer la vista gorda ante amenazas estadounidenses como la sufrida por la cooperativa neuquina CALF. Visto desde el interés nacional, esto supone sumarle un "costo Milei" a la economía.
El deterioro del clima financiero es un problema de ida y vuelta. Refleja una mayor conciencia de los inversores sobre los problemas político-electorales del Gobierno –en el fondo, son eminentemente económicos–, pero presagia una previa electoral más turbulenta que la deseada por Milei y Caputo.
No por nada, el jefe del Palacio de Hacienda sale cada vez más seguido a repetir que la reelección es un hecho inevitable, que no habrá corrida cambiaria en 2027 y que la economía va a estar más tonificada. De crecimientos históricos ya no habla.
Este miércoles dijo en la Bolsa de Comercio de Córdoba que "el flujo de dólares es cada vez más alto". "Esto garantiza que no vamos a tener problemas con el tipo de cambio como supimos tener en el pasado. Van a estar entrando muchas más inversiones", prometió.
Milei, añadió, va a ser refrendado en las urnas "porque es irreemplazable".
Se ve que hacen falta aclaraciones.
Si, a diferencia de lo que proclama Caputo, el mercado ya no considera inevitable la reelección de Milei, el problema de fondo no es político, sino económico.
No se trata sólo de que no arranca la actividad doméstica –industria, construcción, comercio, empleo formal, ingresos populares y consumo privado–. El drama es que el plan oficial no cierra ni siquiera en sus propios términos.
La economía no crece "como pedo de buzo" porque los ingresos están atrasados, que sufren por políticas oficiales deliberadas –limitación de paritarias, licuación continua de los haberes mínimos que cobra el 60% de los jubilados–, por una morosidad que se cocinó con tasas desreguladas y demenciales, y porque la inflación se mantiene estancada desde hace un año en niveles del 2% mensual o incluso más.
La novedad del IPC de julio, que se conocerá este jueves, no hará más que prolongar ese estado de cosas y poner en entredicho una vez más la narrativa de un gobierno que considera el fenómeno como unicausalmente monetario, noción de la que abusó hasta el extremo de hundir la actividad, para peor, sin lograr el efecto deseado; una herramienta, aparte, en la que insistirá el jefe del Palacio de Hacienda, más allá de sus remilgos, por orden superior.
La base de todo ese plan contrahecho es el superávit fiscal, pero incluso ese objetivo nodal hace agua.
No hay sorpresa: el dogma de un ajuste que no se detiene ni en el empobrecimiento de trabajadores estatales o jubilados, en las necesidades de financiamiento de la educación y la salud públicas y en el mandato –¡económico!– de mantener y ampliar la infraestructura deviene en "trampa de austeridad", esto es caída de la actividad, derrumbe de la recaudación impositiva y recortes que se muerden la cola.
La forzada narrativa del superávit fiscal ya no se limita a la conocida contabilidad creativa con la que el Gobierno hace pasar los intereses capitalizables de las LECAP y los BONCAP como deuda y no como gasto financiero, algo puntualizado incluso por el FMI.
Se supo, según reveló Chequeado, que "en junio de 2026, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantenía más de 290.000 millones de pesos invertidos en Letras del Tesoro y 49.000 millones en depósitos", recursos desviados de su finalidad específica.
Esto se suma a lo informado por La Nación respecto de una apropiación por parte del Tesoro del 74% de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), el fondo fiduciario que financia la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales. Como esos recursos son de aplicación obligatoria, la práctica constituye delito.
Para peor, el destino de esos recursos manoteados de prepo se vuelve vidrioso.
"Durante los primeros cinco meses de este año, el Ministerio de Economía giró más de 33.000 millones de pesos para obras viales a un puñado de provincias cuyos legisladores, a continuación, acompañaron al oficialismo en las sesiones más sensibles del Congreso, según reconstruyó La Nación a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública", escribió Hugo Alconada Mon.
"Las partidas llegaron a esas provincias a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo fiduciario que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial, pero que el Gobierno destinó a colocaciones financieras por más de un billón de pesos, como plazos fijos y Letras del Tesoro, según reveló La Nación en su edición del domingo", añadió.
La diputada Marcela Pagano, cuña del palo paleolibertario, fue más allá.
En un explosivo hilo de Twitter, expuso el presunto tarifario de leyes específicas y los eventuales beneficiarios políticos de los giros financiados con el impuesto que paga cada usuario que carga combustible en una estación de servicio. ¿Investigará la Justicia?
La política arde y el mercado lo sabe.
