La derogación del pago adicional se da en medio del escándalo por el negocio de las pólizas que jaquea a Alberto Fernández. Beneficiaba a cuatro aseguradoras.
Toto Caputo eliminó el sobreseguro de su antecesor Sergio Massa
Con varios meses de demora y tras la nota de Letra P que expuso el tema, el ministro de Economía, Toto Caputo decidió eliminar un sobreseguro a micros de larga distancia que implementó su antecesor Sergio Massa y que beneficia a cuatro aseguradoras.
Por medio de la resolución 775/24, Caputo derogó la medida del antiguo Ministerio de Transporte por la cual se implementó el cobro de una tasa adicional al seguro obligatorio de transporte de personas que ya tenían las empresas de ómnibus.
Pese a que desde abril contaba con el aval de las áreas jurídicas de Economía y de la Secretaría de Transporte para darlo de baja, Caputo dilató más de la cuenta la derogación del sobreseguro que, según las empresas del sector, tenía como beneficiarias principales a las firmas Protección, Rivadavia, Garantía y Argos, las mutuales de seguros que concentran las pólizas de viajes de larga distancia.
La anulación del sobreseguro se de medio de la causa judicial por la contratación de seguros por parte del Estado que jaquea al expresidente Alberto Fernández y luego de que la diputada Patricia Vásquez (PRO-Buenos Aires) impulsara pedidos de acceso a la información pública sobre la validez y vigencia del cobro adicional ante las autoridades de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Para justificar la eliminación del doble seguro, Caputo se basó en el DNU 70/23 que autoriza al Gobierno a “disponer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
La tasa adicional al seguro de transporte obligatorio que ya contaban las compañías de larga distancia entró en vigencia en setiembre de 2023 e implicó el pago de una suma fija de $250 por cada boleto emitido y les reportaba a las aseguradoras un ingreso anual del orden de los $7.500 millones.
La administración albertista justificó la medida en la necesidad de mejorar los ingresos a las compañías aseguradoras, a raíz de que estaban operando con números negativos y postergando los pagos de siniestros e indemnizaciones más allá de lo razonable.
Normativamente fue presentada como “una ampliación del seguro de responsabilidad civil de personas transportadas, a fin de que cubra específicamente los riesgos de muerte e incapacidad por accidentes en los servicios de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por una suma inicial de hasta $7.000.000 por persona”.
El 19 de abril pasado los directores generales de Asuntos Jurídicos de Economía, Luis Quinteros y de Transporte, Cristián Méndez emitieron un informe conjunto favorable para una inmediata eliminación del seguro adicional.
Una de las conclusiones de ese dictamen fue que “corresponde derogar el seguro adicional para armonizar la reglamentación vigente al principio de desregulación previsto en el artículo 2° del DNU 70/23 y que dicha supresión no generará conflicto alguno al público usuario, toda vez que la obligación de la transportista de contratar los seguros de responsabilidad civil para amparar a los pasajeros y terceros no transportados surge con palmaria claridad del plexo normativo vigente”.