El Gobierno pudo reestructurar el Estado por decreto. Qué anticipan los analistas sobre la continuidad del plan económico sin facultades delegadas.
Javier Milei agasajó a Federico Sturzenegger en la Casa Rosada
Presidencia Javier Milei y Federico Sturzenegger trazan el plan desregulador
Captura de redesA partir de ahora, Javier Milei no tendrá facultades delegadas. El primer aniversario de la ley Bases marca un punto de inflexión para el programa de reformas del Gobierno. Sin superpoderes, el Ejecutivo intentará continuar con su agenda de reducción del Estado y liberalización de la economía y la energía.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejó en claro que la agenda de reformas continuará.
La estrategia gubernamental será sostener por decreto lo que ya se inició, reorganizar las áreas que quedaron pendientes y luego avanzar con nuevos proyectos en el Congreso, según anticiparon desde su entorno.
Pero ¿qué viabilidad tiene esa hoja de ruta sin el paraguas de emergencia pública? ¿Y qué implicancias fiscales, políticas y productivas deja el primer año de esta ley? Letra P consultó a tres especialistas para entender cómo sigue el proyecto libertario.
Anastasia Daicich, directora ejecutiva de Qualy, considera que la ley Bases fue clave para abrir el camino hacia una reorganización estructural del Estado, "en línea con los objetivos de apertura, desregulación y equilibrio fiscal".
Sin embargo, advierte que "sin una batería de reformas estructurales que acompañen", el esquema puede volverse regresivo.
“Este proceso, sin equilibrar la cancha con reformas impositiva, laboral y previsional, se queda a mitad de camino. Más bien, deteriora las capacidades productivas locales y lleva a una economía más primarizada”, señaló ante la consulta de Letra P.
Según Daicich, la reducción del Estado en sectores estratégicos como la ciencia, la educación y la infraestructura "puede comprometer el desarrollo económico en el largo plazo".
"El mercado no resuelve todo. Hay bienes públicos que requieren un rol activo del Estado”, subraya.
Para el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, el saldo de la ley Bases muestra efectos heterogéneos. En lo fiscal, reconoce que hubo capacidad para recortar el gasto, sobre todo en empleo público: entre diciembre y julio se perdieron más de 52.000 puestos en el Estado nacional. Pero señala que los beneficios de corto plazo pueden acarrear costos a futuro.
“La pérdida de profesionales en áreas como el Conicet, el INTA o el INTI puede limitar capacidades relevantes para el desarrollo económico”, advierte.
En cuanto al plano financiero, Caprarulo destaca que "el blanqueo fue exitoso en términos de dólares reingresados al circuito formal, lo que dinamizó el crédito en moneda extranjera, sobre todo para el sector energético". Pero aclara que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aún no muestra impactos significativos en la inversión extranjera directa.
“Se aprobaron proyectos, pero no hubo un salto en los desembolsos. La apuesta sigue siendo de mediano plazo”, explica.
Con el vencimiento de las facultades delegadas, Caprarulo anticipa que el Gobierno deberá moverse con más cautela: cada nuevo paso requerirá respaldo legislativo o encuadre normativo sólido. “Ya no hay margen para avanzar por decreto con la misma amplitud que el último año”, sintetiza.
Más crítico es el diagnóstico del director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, quien dijo a Letra P que, al año de vigencia, la ley Bases "no cumplió con ninguno de los objetivos que prometió".
El analista asegura que "no hubo generación de empleo ni llegada de inversiones" y que la política de recorte fiscal "favoreció a los sectores más concentrados".
“La ley benefició al 0,1% de los argentinos, a través de la reducción de la alícuota más alta de Bienes Personales, no la mínima”, señala.
Además, según el economista, "el modelo de ajuste estuvo atravesado por decisiones en clave ideológica, como la eliminación de los institutos Eva Perón o el Sanmartiniano. La aplicación de la motosierra estuvo atravesada por la eliminación de la obra pública, de los fondos de fideicomisos sin explicar donde terminó esa plata" y con una lógica de desregulación que profundizó la regresividad del sistema fiscal.
Sin las facultades delegadas, el oficialismo dependerá del Congreso para continuar su plan de transformación estatal.
En paralelo, el Gobierno utilizó hasta el último momento el recurso, al publicar el decreto que redefine la estructura de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y que completa la reorganización trazada por Sturzenegger.
La administración de Milei llega al segundo semestre con una hoja de ruta abierta, pero sin la herramienta que marcó el pulso del primer año. El desafío será sostener el rumbo con apoyo político más amplio y con una narrativa que justifique el ajuste sin superpoderes.