A un año de la ley Bases, sólo hubo avances concretos en un tramo de Corredores Viales. Trenes, Enarsa, Intercargo, AySA y NASA, con paso cansino.
Ninguna privatización en la Argentina de remate de Javier Milei
A poco más de un año de la entrada en vigencia de ley Bases, el gobierno de Javier Milei aún no logró la privatización de ninguna de las ocho empresas estatales que tienen la aprobación del Congreso para pasar a manos privadas. Con una serie de medidas, el Ejecutivo instaló que acelerará en los próximos 12 meses.
La batería de resoluciones y decretos referidos al “inicio de los procesos licitatorios” que se conocieron en las últimas semanas dejaron instalada la sensación de que las privatizaciones estaban avanzando.
Pero lejos de esta imagen que intentó apuntalar el relato oficial, todavía no se han recibido ofertas por estas empresas y según los nuevos plazos fijados por el ministro de Economía, Toto Caputo, habrá que esperar entre ocho y 12 meses más para saber si las privatizaciones se pueden concretar.
En un golpe de efecto, el Gobierno anunció la venta de IMPSA, en acuerdo con Mendoza, a poco de asumir. Pero el ritmo del proceso libertario para las privatizaciones hizo que aquellas personas memoriosas recordarán la frase del celebre mago René Lavand, quien decía mientras hacía uno de sus trucos: "No se puede hacer más lento".
El capítulo II de la mega ley 27.742 autorizó la venta y/o concesión a operadoras privadas de las siguientes compañías estatales: AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, Enarsa, Corredores Viales y la ferroviaria de pasajeros SOFSA.
A esta lista se agregaron con determinados condicionamientos Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En los papeles, los responsables principales de llevar adelante las privatizaciones son Caputo y Diego Chaher, el exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano y exinterventor de Télam que conduce la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
Hasta ahora, el proceso licitatorio más adelantado y que tiene una fecha cierta para recepción de ofertas es el correspondiente a la Etapa I del sector vial. Comprende los tramos Oriental, integrado por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14 y el ingreso al límite fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana; y Conexión, que engloba los caminos de accesos y el puente Rosario-Victoria.
Los dos tramos totalizan 740 kilómetros de los 8.800 km que conforman la red de rutas nacionales con peaje operados por la estatal Corredores Viales que aún no salieron a licitación.
Si no hay una nueva prórroga, las ofertas por las primeras concesiones viales de la gestión libertaria deberían abrirse el 8 de setiembre. Después vendrá un plazo de 60 a 90 días para evaluar las propuestas que se hayan presentado.
De no aparecer interesados, Economía y la ATEP deberán reformular los pliegos de la licitación para insistir con el traspaso de las rutas a manos privadas.
En la última semana quedó autorizado "el inicio del proceso de privatización" que se concretará mediante la venta del 90% del paquete accionario de la empresa que controla el Estado.
El plazo fijado para efectuar la privatización se extiende hasta abril de 2026. Primero saldrá a la venta el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y luego se colocará e 39% restante en el mercado bursátil local. El personal seguirá manteniendo el 10% del Programa de Propiedad Participada (PPP).
La empresa tiene sus cuentas equilibradas y con tarifas sin subsidios que cubren la totalidad de los costos operativos de los servicios.
Desde diciembre de 2023, las tarifas aumentaron 367% y el último cambio regulatorio que impuso la gestión libertaria al restablecer el corte de agua potable a los hogares morosos quedó frenado en la Justicia.
Seis meses después de haber autorizado el procedimiento para su privatización total, Caputo estableció, a fines de julio, un año de plazo para que el Estado se desprenda de la ferroviaria que opera las líneas de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.
La privatización contiene un formato atípico de desintegración en varias unidades de negocios que no registra antecedentes en otros sistemas ferroviarios del mundo.
Para cada línea prevé: la concesión de las vías e inmuebles aledaños a operadoras privadas que se encargarán de los arreglos y mantenimiento con el cobro de pajes; el traspaso de los talleres a concesionarios que se ocuparán de las reparaciones y el alistamiento de trenes; y la venta de locomotoras y vagones a cuatro grupos distintos que se harán cargo de su puesta a punto y alquiler de las formaciones a los cargadores que demanden sus servicios.
El proceso de privatización arrancó oficialmente hace un mes y debería concluir en marzo de 2026. Está previsto que se venda el 100% del paquete accionario por medio de una licitación pública nacional e internacional.
El esquema de privatización no contempla el otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada (PPP).
Más allá de la demora que arrastra su traspaso, el futuro de la empresa quedó condicionado por la desregulación de sector implementada por la gestión libertaria que permitió el ingreso de ocho nuevas operadoras privadas al negocio de servicios aeroportuarios.
Tras haberla habilitado en abril, el Gobierno recién inició la privatización de la energética estatal en las últimas semanas con una normativa que fija un plazo de concreción de ocho meses.
Los activos y participaciones en empresas eléctricas y gasíferas que tiene Enarsa se venderán por etapas.
La primera, que aún no tiene fecha, corresponde al 50% de las acciones que tiene en Citilec, la sociedad controlante de Transener.
No cuenta con ningún esquema de transferencia ni fechas para una eventual privatización. Los números actuales muestran que las personas usuarias de los trenes de pasajeros del AMBA que opera la empresa pagan sólo entre el 5% y 10% del costo real de cada viaje y que el Estado sigue cubriendo con subsidios entre el 90% y el 95% de la tarifa real que debería cobrarse.
Según el presupuesto estimado para este año, afrontará un total de gastos operativos de algo más de $1 billón con una recaudación por venta de pasajes de sólo $84.000 millones.
Para cubrir este rojo operativo, prevé recibir de las arcas estatales una transferencia anual de subsidios que trepa a casi $971.000 millones
En el caso de empresa del sector atómico, la ley Bases estipuló que la inclusión privada será parcial ya que el Estado deberá mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
Quedó fijado, además, que será necesario el voto afirmativo del Estado para la ampliación o construcción de una nueva central nuclear, la salida de servicio de una usina por motivos no técnicos y la incorporación de accionistas que pasen a tener eventualmente el control de la sociedad.
Luego de haberla incluida en la ley Bases, el Gobierno prácticamente se olvidó de la privatización de la operadora estatal de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
Anunciado a fines de año pasado por Milei y su entonces asesor Demian Reidel, el Plan Nuclear Argentino, que tiene como objetivos a largo plazo la construcción de reactores modulares y la explotación de las reservas de uranio, no prevé cambiar la situación actual de la empresa.
Para la carbonífera, la ley Bases estableció que el Estado continuará manteniendo “el control o la participación mayoritaria en el capital social” y que, junto con la incorporación de inversores privados, se deberá implementar un Programa de Propiedad Participada para que el personal pueda acceder a un porcentaje minoritario de acciones.
En febrero, el decreto 115/25 había ordenado la transformación de la empresa en sociedad anónima bajo el nombre de Carboeléctrica Río Turbio S.A.
Este trámite se demoró más de lo previsto y recién en la última semana Caputo firmó la resolución 1181/25 para que las secretarías de Energía y Minería constituyan la firma Carboeléctrica Río Turbio y designen autoridades con la integración de un capital inicial de al menos $30 millones. Mientras tanto, la privatización parcial que está aprobada desde hace casi 14 meses no tiene plazos ni fechas de concreción.