Intercambios vía licitación por caballos, maíz, frutas y rezagos: cómo funciona, desde hace años, el Club del Trueque. Los fondos de Plan ARMA que no aparecen.
No era una escena perdida de Rambito y Rambón, sino la postal más cruda del deterioro operativo. Bajo la gestión de Javier Milei, las Fuerzas Armadas exhibieron licitaciones en las que fruta, rezagos y animales terminaron como moneda de cambio. En ese esquema, los militares volvieron a convivir con una lógica de supervivencia que expuso décadas de precariedad acumulada.
La escena que encendió la polémica fue tan absurda como reveladora. El Ejército Argentino abrió una licitación privada para intercambiar hasta 70 toneladas de membrillo por repuestos mecánicos destinados a una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010, asignada al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza. El expediente apareció en el sistema oficial Compr.ar y convirtió una práctica administrativa silenciosa en un símbolo político.
Fuentes castrenses consultadas por Letra P aseguraron que el mecanismo "no nació con la gestión libertaria". Quienes conocen la estructura logística de Remonta y Veterinaria explicaron que ese sistema de permutas funcionó durante años como salida para mercadería perecedera, animales reformados o productos agrícolas que no lograban colocarse en el mercado tradicional.
La novedad no fue el trueque, sino que el ajuste dejó a la vista una práctica que antes circulaba sin mayor ruido burocrático.
Detrás del caso del membrillo apareció una radiografía más profunda. En registros oficiales figuran canjes de caballos reformados por insumos veterinarios, maíz por agroquímicos, frutas por maquinaria de mantenimiento, ajo por derivados industrializados y hasta camionetas de rezago por materiales sanitarios para baños.
El Club del Trueque, como lo bautizaron con ironía dentro del universo castrense, no nació con Milei, pero terminó convertido en metáfora del presente.
La Dirección de Remonta y Veterinaria arrastra desde hace años una lógica casi paralela de administración. Buena parte de sus campos, animales y producciones agrícolas se usaron como herramientas de compensación cuando faltaron partidas o cuando la colocación comercial de esos bienes resultó inviable. Lo que antes era una ingeniería silenciosa para sostener unidades, pasó a leerse ahora como síntoma de fragilidad estructural.
En las fuerzas hubo una definición tan seca como elocuente. Una fuente militar consultada por este medio resumió que era “el regreso del trueque, pero con expediente electrónico”. La frase no apuntó sólo al caso de la fruta. Expuso la contradicción de una institución que discute modernización, reequipamiento estratégico y alianzas geopolíticas mientras algunas dependencias negocian autopartes, sanitarios o agroinsumos con bienes propios.
La paradoja se volvió todavía más visible porque el Gobierno presentó casi en simultáneo el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), impulsado por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, como una herramienta para reconstruir capacidades militares y financiar infraestructura crítica.
La promesa oficial fue clara: parte de las privatizaciones y de la venta o concesión de bienes estatales se redireccionaría al reequipamiento. El esquema fijó que el 10% de activos no militares vendidos por el Estado y hasta el 70% de bienes propios de las Fuerzas Armadas podrían reinvertirse en Defensa. En la Casa Rosada lo presentaron como un giro histórico.
La expectativa quedó atada a una idea de recuperación. Modernización de bases, hangares, logística, comunicaciones, infraestructura antártica y adquisiciones de peso, como los F-16, blindados Stryker o eventuales proyectos navales, integraron el discurso oficial. La narrativa apuntó a un renacimiento estratégico tras años de deterioro.
Pero en el universo castrense apareció una pregunta inevitable: ¿cómo convive una promesa de reequipamiento de gran escala con unidades que siguen resolviendo necesidades menores a través de permutas de fruta, animales o rezagos?
La respuesta de oficiales activos y retirados fue incómoda. ARMA nació como una proyección de financiamiento de mediano plazo, dependiente del ritmo de privatizaciones y de la ejecución presupuestaria. Mientras tanto, el funcionamiento cotidiano siguió atado a restricciones concretas: mantenimiento, movilidad, asistencia médica, combustible, vestimenta y logística básica.
Ese contraste empezó a erosionar la épica de reconstrucción que buscó instalar el Gobierno. La compra de F-16 fue mostrada como señal de reposicionamiento regional. La discusión sobre una base integrada en Tierra del Fuego reforzó la dimensión geopolítica. También hubo anuncios vinculados a vehículos blindados, recuperación de despliegue y capacidad disuasiva.
Sin embargo, debajo de esa capa estratégica persistió otro cuadro. Salarios deteriorados, crisis en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), problemas de cobertura sanitaria, infraestructura envejecida y limitaciones operativas se convirtieron en parte del malestar interno. La tensión no estuvo en la discusión sobre grandes adquisiciones, sino en la distancia entre la política de exhibición y la realidad diaria de las unidades.
La licitación de membrillos condensó ese choque. No porque fuera una excepción administrativa, sino porque mostró el nivel de precariedad de una fuerza que, en paralelo a los anuncios de modernización, todavía resolvía necesidades mecánicas con esquemas de intercambio casi rurales.
El problema también tuvo una dimensión política. Milei construyó buena parte de su narrativa sobre la motosierra, el recorte del gasto y la reasignación de recursos hacia áreas consideradas estratégicas. Defensa figuró dentro de ese universo prioritario, pero, en los hechos, la motosierra dejó expuestas fisuras internas que el propio sistema militar venía acumulando desde hacía años.
La licitación detonó una pelea inmediata en Twitter. Sectores opositores usaron el caso para mostrar el deterioro del área. Del lado libertario aparecieron cuentas e influencers que recordaron que operaciones similares existieron bajo gestiones anteriores y que el mecanismo no era nuevo.
Para unos, la discusión fue la prueba de un Ejército empobrecido. Para otros, la exhibición interesada de un procedimiento administrativo viejo. Pero el expediente logró algo poco habitual: convirtió una práctica rutinaria en debate público sobre el estado real de las fuerzas.
En ese escenario reapareció la voz del exjefe del Ejército César Milani, quien trazó una crítica sobre el presente militar. Sostuvo que las fuerzas estaban “esquilmadas”, sin recursos suficientes para mantenimiento, con salarios deprimidos, cobertura sanitaria en crisis y un deterioro que alcanzaba funciones básicas como logística, alimentación y operatividad.
Entre membrillos, autopartes, inodoros, caballos, maíz y licitaciones de supervivencia, el expediente terminó exponiendo mucho más que una rareza administrativa. Mostró la fractura entre el relato del reequipamiento y la mecánica cotidiana de un Ejército que todavía se mueve entre promesas estratégicas y la lógica austera del trueque.
