Optimista y electoral, el ministro de Economía, Sergio Massa, enviará este viernes, aunque aceptó patear su tratamiento para después de las elecciones, el proyecto de Presupuesto 2024, que lleva el déficit cero como título principal. Es la segunda bandera después de la quita de Ganancias para trabajadores que buscará arrebatarle al expresidente Mauricio Macri y un intento de redoblar la apuesta que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pide un déficit de no más del 0,9% del PBI para el año próximo. La aspirante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fijó el mismo norte en su plataforma y el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, asegura que ajustaría incluso más que lo que pide el organismo crediticio.
Pase lo que pase, habrá un ajuste importante del gasto público, mala palabra para el kirchnerismo, destino inevitable en el contexto actual para la oposición y la biblioteca de la economía ortodoxa en la lucha contra la inflación. La discusión clásica está en dónde aplicar la tijera: el ministro candidato asegura que el recorte caerá sobre las grandes empresas.
En el Palacio de Hacienda tienen una fórmula: reducirán el gasto fiscal y subirá la recaudación. La hipótesis se cumpliría siempre y cuando el Congreso votara una separata para la reducción de beneficios impositivos que tienen las empresas y el gasto tributario aparece como potencial fuente de financiamiento para llegar a la meta imposible. Es el costo que asume el Estado cuando posterga las obligaciones impositivas de determinados contribuyentes, usualmente grupos empresarios y grandes firmas que -aseguran en los despachos oficiales- representa el 4,5% del PBI.
La lupa sobre este sector de poder es un guiño a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le señaló, apenas el titular de la cartera económica fue nombrado candidato del oficialismo, que el aumento de los márgenes empresarios de ganancias estaba presionando sobre la inflación en los precios al consumidor.
Cuánto ajustar el gasto, más ingresos y recuperar de las empresas
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) presentó proyecciones del déficit a cubrir el próximo año, con base de ingresos y gastos, sin tener en cuenta una sequía, antes de un fondeo con lo que Massa dejaría de costearle a las compañías:
- Con la actual estructura tributaria, los ingresos totales ascenderían a $29.357.000 millones, un 17,4% del producto.
- El gasto primario proyectado es de $32.000.000, un 19,2% del PBI, por lo que el déficit primario sería del 1,6% del producto.
- Al incorporar el valor promedio del pago de intereses de deuda entre 2017-2022, de $3.498.000 millones, el déficit asciende a 2,1% del producto.
- En total, el déficit base a cubrir estaría en 3,7% y el monto agregado llega a $6.162.000 millones.
- Para cubrir ese descubierto, el Estado debería recaudar un 21% más o recortar el gasto primario un 19%.
- En el caso de querer excluir del esfuerzo fiscal a sectores sensibles, como jubilados y pensionados, el rojo a cubrir asciende al 5,3%.
Con ese escenario base, reducir o eliminar los beneficios impositivos para las grandes compañías no solo implica una reasignación, es decir, una modificación legal de la estructura o una mejora de la administración impositiva, sino el respaldo de las provincias que se verían afectadas, ya que muchos son recursos coparticipables, y también del Poder Judicial, porque incluye la exención de Ganancias de jueces y altos funcionarios. IARAF calculó que, con base en los números de 2023, se podrían rescatar unos $6.224.744 millones, el 3,7% del PBI proyectado para 2024.
Con todo, aun con esos cambios, el Gobierno plantea sólo la reducción de los beneficios para las empresas, no la eliminación total. "Con los recursos extras derivados de la eliminación del gasto tributario, la Nación solamente cubriría el 59% del esfuerzo fiscal necesario", indicó el IARAF, siempre incluyendo en la ecuación un recorte a las jubilaciones, uno de los gastos sociales más importantes.
En un escenario en el que se reparte la carga del esfuerzo fiscal necesario en partes iguales entre ingresos totales, gasto primario y gasto tributario; el primero debería aumentar un 7%, el segundo reducirse un 6% y el tercero, caer un 56%. "Si se quisiera lograr el equilibrio fiscal conjuntamente con devolver a los jubilados el poder adquisitivo de 2017, los ingresos deberían aumentar un 10%, el gasto primario neto de jubilaciones debería bajar un 14% y el gasto tributario debería reducirse un 80%", aclara el informe.
"Otra posibilidad sería repartir el esfuerzo en partes iguales entre gasto primario y gasto tributario, ya que una reducción del gasto tributario implica un aumento en los ingresos tributarios del Tesoro nacional. En este caso, la reducción real del gasto primario sería del 10% (15% sobre el gasto neto de jubilaciones si se quiere evitar una reducción del gasto en jubilaciones), y la del gasto tributario del 84%. Para el escenario con devolución de nivel de gasto de 2017 a jubilados, el gasto neto de jubilaciones debería caer un 21% en términos reales y el gasto tributario un 120%, es decir, en este caso no alcanza con el gasto tributario para cumplir con el objetivo", describió la organización.
