Los subsidios al gas y el régimen de zona fría volvieron a tensionar la discusión política en Córdoba. El IERAL de la Fundación Mediterránea respaldó el recorte impulsado por Javier Milei, aunque advirtió sobre el impacto que podía generar una aplicación abrupta del nuevo esquema tarifario.
La entidad que dirige el exjefe de la ANSES Osvaldo Giordano publicó un informe técnico en el que sostuvo que la ampliación del beneficio aprobada en 2021 “desnaturalizó el objetivo original del régimen” y elevó el costo fiscal sin financiamiento específico.
Como contó Letra P, el planteo impacta de lleno en Córdoba, una de las provincias incorporadas al sistema ampliado durante la gestión de Alberto Fernández y convertida ahora en un foco de conflicto entre la Casa Rosada y el gobernador Martín Llaryora.
En concreto, los seis diputados cordobesistas no dieron cuórum este miércoles, que Milei logró con el apoyo de los gobernadores de las zonas cálidas. El schiarettista Carlos Gutiérrez dijo temprano que si estos mandatarios apoyaban con contraprestaciones del Gobierno quedaría clara la avanzada política hacia la provincia y desnaturalizado el objetivo de mantener el ajuste fiscal.
El trabajo elaborado por el instituto económico fundado por Domingo Cavallo y dirigido por la empresaria Pía Astori validó el núcleo conceptual de la reforma libertaria. Según el documento, el sistema debe avanzar hacia una menor cantidad de subsidios generalizados y una mayor focalización sobre sectores vulnerables.
“El proyecto propone darle continuidad al régimen de zona fría en las zonas tradicionales”, señaló el informe. Sin embargo, recomendó la continuidad del beneficio ampliado a criterios de vulnerabilidad socioeconómica. “Acotar los subsidios en base a una mejor focalización es una medida pertinente de cara al objetivo estratégico de darle sostenibilidad y equidad al equilibrio fiscal”, indica el paper.
La mirada coincide con la posición del gobierno nacional, que cuestionó el alcance del régimen vigente por considerar que también beneficiaba a sectores medios y altos, además de generar subsidios cruzados entre regiones.
El IERAL también indicó que el esquema vigente acumuló “distorsiones severas” sobre la cadena de pagos del sistema energético y sostuvo que las tarifas debían reflejar con mayor precisión los costos reales del servicio.
El informe agregó argumentos técnicos para justificar el recorte del régimen ampliado. Uno de los principales puntos se vinculó con el financiamiento del subsidio, que actualmente se sostenía con un recargo del 7,5% sobre las facturas de gas de todos los usuarios del país.
La entidad también cuestionó la incorporación de provincias con menores niveles de consumo respecto de la Patagonia histórica. El documento remarcó que en el sur existía una “necesidad climática objetiva” que justificaba sostener el beneficio.
En cambio, para las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021 —entre ellas Córdoba— el instituto consideró que el subsidio debía limitarse a hogares vulnerables y no aplicarse de manera universal. Como publicó este medio, el cálculo oficial indica que 2,2 millones de personas, cerca de 700 mil hogares, acceden a la dispensa económica.
Otro de los cambios analizados en el proyecto oficial fue la modificación de la base de cálculo del descuento. La iniciativa plantea que el beneficio deje de aplicarse sobre la tarifa total y quede reducido únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En términos prácticos, el descuento continuaría vigente, aunque con un alcance considerablemente menor para los hogares.
Pese al respaldo conceptual a la reforma, el documento evitó otorgarle un apoyo irrestricto a la estrategia de la Casa Rosada. Una postura política que no sorprende en una entidad que apoya el rumbo libertario, aunque se permite hacer consideraciones, como le demostró a Toto Caputo en su última visita a Córdoba. El auditorio de la Mediterránea no fue fácil para el ministro de Economía.
En esa línea de advertencias, el informe advirtió que una implementación acelerada del nuevo régimen podía provocar “aumentos tarifarios abruptos” con fuerte impacto social.
Entre las recomendaciones aparecieron límites a los incrementos por factura, esquemas de convergencia gradual, revisiones para hogares vulnerables y herramientas destinadas a reducir la volatilidad tarifaria.
El gradualismo exigido es quizás el único guiño a la postura política que expresó el gobernador Llaryora, que defendió su continuidad pese a la incomodidad que le genera defender una ley promovida por Máximo Kirchner.
No obstante, en la redacción queda clara que la preocupación del Círculo Rojo provincial tiene otro sustento: el clima social en una economía en recesión sostenida.
En otros términos, la Mediterránea advierte que las reformas energéticas sin mecanismos de transición adecuada solían generar “resistencia social y política”, con riesgo de comprometer la sustentabilidad de los cambios.
