La mayor fabricante de pulverizadoras del país tambalea. Sueldos atrasados, deuda millonaria y baja producción. ¿Por qué frena si el agro supuestamente gana?
Planta de Metalfor en Marcos Juárez, clave para el campo de Córdoba
Hace apenas unos meses, Metalfor aparecía como un caso de éxito en Córdoba. La empresa, una de las principales fabricantes de maquinaria para el campo en Argentina, anunciaba la obtención de un financiamiento internacional por US$ 50 millones otorgado por la Development Finance Corporation de Estados Unidos.
Su conducción hablaba de un reordenamiento financiero que permitiría transformar deuda de corto plazo en financiamiento de largo plazo y proyectar una nueva etapa de crecimiento. Cinco meses después, la foto es completamente distinta.
El Ministerio de Trabajo de Córdoba abrió un procedimiento preventivo de crisis (PPC), la empresa negocia con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pago de salarios atrasados y los registros del Banco Central muestran una situación financiera delicada: más de $52.000 millones de deuda con 23 entidades financieras, cientos de cheques rechazados y un pedido de quiebra que, por ahora, no prosperó en la Justicia.
Los datos financieros reflejan la magnitud del deterioro. Según la Central de Deudores del Banco Central, Metalfor mantiene obligaciones por más de $52.400 millones distribuidas entre 23 bancos. Si bien una parte importante continúa clasificada en Situación 1 (normal), más de $22.000 millones ya aparecen en categorías de riesgo que van desde seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia.
La falta de liquidez también quedó expuesta en la cadena de pagos. Entre marzo y junio fueron rechazados 528 cheques por un monto superior a $5.000 millones. Sólo una pequeña parte fue regularizada posteriormente. Los balances del primer trimestre también muestran un fuerte freno en la actividad.
Según trascendió, Metalfor vendió 56 máquinas, cuando en igual período del año anterior había comercializado 116. Y la producción cayó de 86 a apenas 38 equipos.
El escenario terminó impactando también sobre los trabajadores. La empresa acumula atrasos en el pago de salarios desde hace meses y hoy mantiene una negociación abierta con la UOM bajo la supervisión de la cartera del gobierno provincial que depende del ministro Julián López.
Aunque muchas veces se asocia con empresas al borde del cierre, el PPC no implica necesariamente una liquidación. Se trata de una herramienta prevista por la legislación laboral para administrar situaciones de dificultad económica antes de que desemboquen en despidos masivos.
En este caso, además, el procedimiento no fue solicitado por la empresa, sino por la propia UOM, que entendió que era la herramienta adecuada para ordenar una negociación en un contexto de creciente deterioro financiero.
“Es una herramienta prevista para ser utilizada de forma oportuna. La puede pedir el sindicato, la empresa o incluso declararla de oficio el Ministerio de Justicia y Trabajo. Lo que busca es permitir que una empresa pueda reorganizarse temporalmente cuando atraviesa dificultades financieras que afectan su funcionamiento normal”, explicó a Letra P el abogado de la delegación de la UOM en Bell Ville, Carlos García Allocco.
El procedimiento habilita a discutir alternativas como reducciones transitorias de la jornada laboral, compensaciones por horas caídas u otros mecanismos que permitan sostener la actividad mientras la empresa intenta superar la crisis.
“Lo que se busca es discutir las propuestas de la empresa para funcionar en un contexto difícil y encontrar acuerdos que permitan transitar esa etapa temporal de dificultades. Si la empresa logra superar ese momento, luego se restablecen las condiciones normales de trabajo”, señaló.
Durante ese proceso, la legislación también establece una especie de tregua. “Mientras esté vigente el PPC se suspenden las medidas de acción directa y también los despidos por fuerza mayor. La ley fija un plazo de diez días para que la empresa y el sindicato intenten alcanzar un acuerdo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, aunque ese plazo puede prorrogarse si las negociaciones continúan”, precisó García Allocco.
Ahora la empresa deberá presentar un plan de acción que será analizado por el sindicato y discutido con los trabajadores en asamblea.
Para la UOM, el deterioro de Metalfor no apareció de un día para otro. El sindicato asegura que viene monitoreando la situación desde el año pasado, cuando comenzaron a detectarse los primeros retrasos salariales.
“Ya en 2025 habíamos abierto un expediente administrativo y empezamos a controlar el cumplimiento de los pagos salariales. En ese momento la empresa tenía expectativas por el clima de negocios, por las ferias del sector y por el crédito internacional que ella misma había anunciado. Era otro contexto”, recordó García Allocco.
Precisamente por esas expectativas, el sindicato decidió no avanzar entonces con el pedido del PPC. “El año pasado no era oportuno solicitarlo. Esta herramienta sirve cuando se utiliza en el momento adecuado para gestionar una crisis. En 2026 el contexto cambió y entendimos que era el momento de pedir la intervención del Ministerio de Trabajo”, afirmó.
El abogado aclaró que los trabajadores no dejaron de percibir sus salarios, pero sí comenzaron a sufrir atrasos cada vez más frecuentes.
“La empresa siempre manifestó el compromiso de ponerse al día, pero ante las dificultades para regularizar esa situación entendimos que era oportuno recurrir a esta herramienta”, sostuvo.
Actualmente, Metalfor emplea a unas 509 personas, de las cuales 252 están bajo convenio de la UOM y el resto corresponde a personal jerárquico, técnico o encuadrado en otros regímenes laborales.
La pregunta que deja abierta el caso excede ampliamente a Metalfor. La empresa fabrica pulverizadoras, fertilizadoras y maquinaria destinada casi exclusivamente al sector agropecuario, justamente el sector que el Gobierno nacional presenta como uno de los grandes beneficiarios del nuevo esquema económico.
Sin embargo, los números muestran otra realidad para la industria que abastece a ese mismo campo. La explicación probablemente no pase por la producción agrícola, sino por las decisiones de inversión. En el sector se escucha que una buena cosecha no garantiza automáticamente la compra de maquinaria nueva. Esa decisión depende del acceso al crédito, del costo financiero, de las expectativas sobre la rentabilidad futura y de la confianza para inmovilizar capital en bienes de largo plazo.
En ese contexto, distintos actores del sector vienen advirtiendo que el mercado de maquinaria agrícola permanece mucho más frío de lo que sugerirían los indicadores de producción del agro. Y justamente, el caso Metalfor parece reflejar esa contradicción.
Metalfor es una de las marcas históricas de la maquinaria agrícola argentina, con plantas en Marcos Juárez, Noetinger y Brasil, y constituye uno de los pilares industriales del sudeste cordobés. Y su crisis se produce en momentos en que distintos sectores manufactureros denuncian caída de actividad, menor utilización de la capacidad instalada y crecientes dificultades para sostener el empleo.
En ese contexto, la apertura del PPC deja de ser únicamente una noticia gremial. Se convierte en un indicador de un fenómeno más amplio: las tensiones que empiezan a aparecer en la industria metalmecánica vinculada al agro.
El propio García Allocco eligió la prudencia para describir el escenario. “Tengo fe de que sea un momento difícil que puedan gestionar y seguir adelante, como ocurrió con otras empresas de Córdoba. Hay que ir paso a paso. La responsabilidad ahora es de la empresa, que debe presentar una propuesta, y del sindicato, que la discutirá con los trabajadores para intentar preservar las fuentes de empleo”, concluyó.