Los aportes previsionales perdieron terreno pese a que las paritarias repuntaron. El nuevo esquema reduce contribuciones y genera debate sobre su efecto fiscal.
La caída del empleo formal golpea a la recaudación y la reforma laboral quitará más recursos al Estado
La caída del empleo formal se siente en las cuentas del Estado. En junio, los ingresos de la Seguridad Social volvieron a retroceder en términos reales pese a la recuperación del salario, una señal de que hay menos personas trabajadoras registradas aportando al sistema. En ese contexto, la reforma laboral abre interrogantes sobre la evolución futura de esos recursos.
La evolución de los aportes y contribuciones previsionales se convirtió en otro indicador del deterioro del mercado laboral registrado. La desaceleración de la inflación permitió cierta recuperación del poder adquisitivo, pero ese efecto no alcanzó para compensar la menor cantidad de personas que realizan aportes, lo que volvió a debilitar una de las principales fuentes de financiamiento de la Seguridad Social.
El escenario cobra mayor relevancia con la implementación de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y Toto Caputo. El nuevo esquema contempla una reducción de contribuciones patronales e incentivos para promover la registración.
La apuesta oficial es ampliar la base de aportantes mediante un mayor nivel de formalización, aunque distintos especialistas advierten que, al menos en el corto plazo, esas medidas podrían traducirse en una merma adicional de los ingresos previsionales.
El dato surgió de un informe de la consultora LCG, que destacó que la recaudación de la Seguridad Social volvió a caer 3% interanual en términos reales, manteniendo la dinámica observada durante los últimos meses.
La consultora sostuvo que la explicación ya no pasa por la evolución de los salarios. "Con salarios reales que empezaron a recuperarse en el margen por una menor inflación, cabe pensar que la caída del empleo es la que explica esta baja. Descartamos que la vigencia del RIFL (Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que implica una reducción de alícuotas para nuevos empleados) esté teniendo ahora un efecto significativo", afirmó.
La misma lectura realizó el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadín Argañaraz, al analizar la recaudación de junio. "El segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la Seguridad Social, habría descendido un 2,9% real interanual. Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal", señaló.
Los dos informes coinciden en un punto: la recuperación parcial del poder adquisitivo ya no alcanza para sostener la recaudación cuando la cantidad de trabajadores registrados continúa reduciéndose.
Este bache se produce en un contexto de caída generalizada de los recursos estatales, en el que la recaudación total de junio se desplomó un 7,5% anual real sin el efecto distorsivo que Ganancias aportó en mayo. Por caso, los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que el empleo asalariado privado continúa en retroceso. Al cierre del primer trimestre había 6,19 millones de trabajadores registrados, con una pérdida de 96.700 puestos respecto de un año atrás, equivalente a una caída del 1,5%.
El empleo público también mostró una disminución interanual de 18.200 puestos, mientras que el crecimiento del empleo registrado se sostuvo principalmente por el aumento del 3,3% en la cantidad de monotributistas.
Ese cambio en la composición del mercado laboral también repercute sobre la recaudación. Mientras el empleo asalariado aporta las alícuotas más elevadas al sistema previsional, el régimen simplificado realiza contribuciones considerablemente menores.
En paralelo, la informalidad continúa en aumento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 44,2% de las personas ocupadas trabajan de manera informal, el nivel más elevado de los últimos años, lo que reduce aún más la base de aportantes de la Seguridad Social.
Según un informe de C-P Consultores, "en marzo, el empleo privado registrado cayó con fuerza. Después de un primer bimestre de estancamiento (-0,05% y +0,02% respectivamente), el sector privado registrado volvió a mostrar una contracción importante y se redujo en 10.900 puestos (-0,18%). Así, después de lo que había parecido un freno, el sector privado profundizó la caída que viene registrando desde mayo del 2025 (-1,8%, -113.000)".
Las proyecciones hacia la segunda mitad del año anticipan una profundización de las tensiones sobre los ingresos del Estado a partir de la implementación de la Ley de Modernización Laboral. La normativa establece un esquema de incentivos basados en la resignación fiscal inmediata, introduciendo modificaciones de fondo en las alícuotas de las contribuciones patronales.
"El dato de empleo registrado de nuestro informe es elocuente. Y no hay indicios de reversión de la tendencia", dijo a Letra P el director de C-P, Federico Pastrana.
También para LCG la recaudación difícilmente revierta su tendencia en los próximos meses. "No esperamos un cambio de tendencia en la dinámica de la recaudación. A la contracción que ya arrastra en los últimos meses se sumará el impacto de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno: la baja de impuestos internos coparticipados dispuestos en la reforma laboral, la reciente reglamentación del RIFL , que propone la baja de contribuciones patronales para nuevas contrataciones", sostuvo la consultora.
También advirtió que, si avanza el denominado súper-RIGI, habrá nuevas reducciones sobre Ganancias para empresas, Derechos de Exportación e Importación, Créditos y Débitos y contribuciones patronales.
A su vez, recordó que la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que absorberá recursos actualmente destinados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), fue postergada hasta noviembre, por lo que su impacto pleno se trasladaría a 2027.
En ese contexto, LCG proyectó que los recursos tributarios de 2026 terminarán siendo 7% inferiores, en términos reales, a los de 2025.
El Gobierno sostiene que la reducción de las contribuciones patronales y los incentivos incorporados por la reforma laboral apuntan a revertir el problema de fondo: ampliar el empleo registrado y, con ello, la cantidad de aportantes al sistema.
Sin embargo, ese efecto todavía no aparece en las estadísticas. Por el contrario, los datos oficiales muestran que el empleo asalariado privado continúa en descenso, mientras aumenta el peso del monotributo y de la informalidad, dos modalidades que generan una recaudación previsional significativamente menor.
Así, la caída del empleo formal dejó de ser únicamente un problema del mercado laboral para convertirse también en un factor que comienza a afectar los ingresos en las arcas del Estado, justo cuando la reforma laboral abre un nuevo debate sobre cómo evolucionará el financiamiento del sistema previsional en los próximos años.