Toto Caputo evita, de momento, tocar el gasto tributario que se mantiene en el Presupuesto. Qué medidas son las más cuestionadas y quiénes ganan.
Javier Milei y el ajuste
TélamEl otro ajuste posible a la motosierra de Javier Milei y la licuadora de Toto Caputo es poner la lupa sobre los beneficios impositivos. Son los recursos que deja de recaudar el Estado por exenciones históricas, algunas alejadas de su objetivo original. En el Presupuesto, llegan al 2,49% del PBI y privilegian a jueces, grandes empresas y al campo.
La intención original a la hora de eximir a un determinado sector de un impuesto es beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. Según un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto (OPC), el gasto tributario tiene dos tipos de evaluaciones: una técnica, en la que se busca determinar la efectividad, conveniencia y costo de la medida; y otra política, es decir si la medida implica la mejor asignación posible de esos recursos.
En las oficinas del Ministerio de Economía no hay, de momento, intención de tocar esas partidas. Muchas deberían reformarse a través del Congreso ya que están sujetas a leyes impositivas; otras, como las reducciones de alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), bastaría con un decreto.
En el menú de opciones hay cientos de tratamientos impositivos diferenciales, unos con más impacto que otros. Algunos de los más señalados en detalle de acuerdo con la hoja de ruta 2023, actualmente prorrogada por la falta de un Presupuesto aprobado para 2024, son exención del impuestos y régimenes de promoción industrial especiales.
La normativa está vigente desde 1936, cuando la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad del impuesto que gravaba el sueldo de jueces federales. En 1960 se eliminó esa exención, pero la Corte luego lo declaró inconstitucional, debido al artículo 110 que dispone que el salario de jueces es “una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna”.
En el Presupuesto 2023 está calculado que el Estado deja de recaudar alrededor de $237.850 millones o un 0,16% del PBI por jueces nacionales y provinciales que no pagan Ganancias. Es una de las medidas más cuestionadas y el Congreso optó por una decisión política en 2016, cuando sancionó una nueva ley que establece que sí están alcanzados por el impuesto jueces, fiscales y personal judicial nombrados a partir del 1° de enero de 2017. Por ejemplo, de nueve magistrados que hay en Comodoro Py, sólo la jueza María Eugenia Capuchetti está alcanzada por la normativa, por haber sido nombrada con posterioridad a la fecha de vigencia.
Entró en vigencia con la Ley 19.640, sancionada en 1972. Por ese entonces, se buscaba alentar el desarrollo económico de zonas periféricas, desde una mirada productivista del país. Para eso se diseñó una serie de beneficios fiscales y aduaneros para las actividades que se realizan en el territorio provincial, entre ellos la exención del IVA de la compra y venta de productos. La mayor parte del empleo y de la producción de la zona corresponde a la industria electrónica.
El régimen tiene detractores que critican el costo fiscal alto y el beneficio sólo direccionado a un grupo cada vez más concentrado de empresas y también quienes lo reivindican por la cuestión geopolítica de mantenimiento de los puestos de trabajo y zona austral. Un informe de Fundar detalló sus complejidades, entre ellas hizo foco en el subrégimen industrial, encargado de intermediar en la entrada de productos elaborados en la isla hacia el territorio continental argentino. Mientras que en tierra fueguina no se paga IVA, en el continente sí, por lo que cuando una empresa de la isla comercializa dentro del continente se le compensa el valor tributado.
La estimación de gasto tributario para este régimen es del 0,14% del PBI.
Se trata de una exención que refiere a entidades con fines de interés público que cumplen actividades de utilidad social que, de no ser desarrolladas por ellas, necesariamente deberían ser atendidas por el Estado. En diálogo con Letra P, el tributarista Sebastián Domínguez planteó: "En algunas ocasiones hay empresas de interés comercial que se disfrazan de cooperativas o asociaciones para evitar los impuestos". Se estima que representa un 0,07% del PBI, alrededor de unos $107.281 millones.
Se trata de residentes argentinos que tienen inmuebles rurales en el exterior y que no pagan el impuesto a los Bienes Personales. Según había determinado para el Presupuesto 2024, sólo unas 450 personas residentes en el país son beneficiadas con esta exención. Para los cálculos de 2023, este privilegio representa el 0,02% del PBI o $33.729 millones de pesos.