El Gobierno intenta modificar la ley que limita la extranjerización del territorio. Quiénes están detrás del primer gran negocio que ofreció Argentina.
El gobierno de Javier Milei no logra, por el momento, conseguir en el Senado la aprobación que le falta al proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsó el ministro desregulador, Federico Sturzenegger. La eliminación de casi todos los límites mínimos a la extranjerización fueron difíciles de digerir mientras el país cantaba por las Islas Malvinas en el Mundial.
La iniciativa es empujada por grupos con alto poder de lobby que quieren comprar y vender tierras sin ningún tipo de restricción, en momentos en que crece el apetito por estos activos estratégicos vinculados al agua, la energía y los alimentos. Los dueños de la tierra pujan por valorizar su patrimonio. ¿Quiénes son?
Argentina es un país extenso que, desde sus inicios, repartió la tierra entre grandes hacendados. Aun así, hay miles de productores agropecuarios y ganaderos, lo que hace que las entidades gremiales del agro, sobre todo la Sociedad Rural, relativicen el problema de la tierra.
Sin embargo, los datos oficiales muestran una elevada concentración de la producción. Según el censo agropecuario que el INDEC publicó en 2018 y el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 36,4% de la superficie total del país (266.711.077 hectáreas) está en manos del 1,09% de las explotaciones agropecuarias más grandes. El 1% de las sociedades controla más de un tercio de la tierra productiva. El 5,5% de ese territorio, aproximadamente, está en manos extranjeras.
Es la conclusión a la que llegó un informe elaborado por Julián Domínguez, exministro de Agricultura de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández , que prepara una presentación para el Partido Justicialista en defensa de la ley de tierras que el Congreso sancionó en 2011, que limitó a 15% el total del territorio que podía enajenarse a extranjeros o sociedades no radicados en el país.
Para Domínguez, la ley de tierras es parte de la doctrina del peronismo. "Desde la doctrina social de la Iglesia, que el peronismo suscribe, creemos en el destino universal de los bienes. Primero está el desarrollo de la persona en comunidad y, después, los bienes jurídicos a tutelar", contrapone a la mirada de Sturzenegger. "Nunca un bien jurídico puede ser anterior a la nacionalidad y al desarrollo de la persona", definió.
Domínguez recordó el contexto de aquella norma. “En 2011, viajé a China y me mostraron interés por comprar 700.000 hectáreas. Luego, fui a India y un fondo de inversión manifestó voluntad de comprar un millón de hectáreas. Ahí tuve conciencia de que los fondos de inversión buscaban refugio para sus activos financieros, luego de la crisis de 2009. Buscaban activos que les dieran seguridad y habían definido la compra de tierras para producir alimentos como parte de esos activos”, le dijo a este medio.
Hay registros oficiales que permiten saber qué porcentaje de la tierra está en manos extranjeras, pero llegar a los propietarios, sean nacionales o no, es un trabajo artesanal.
El más importante de estos holdings es High Luck Group Limited, una sociedad de capitales chinos que formalmente no es dueña de tierras, pero tiene concesiones por 30 años para explotar 1.148.000 hectáreas en el noroeste del país para la extracción convencional de petróleo. ¿Cuánto es un millón de hectáreas? Bueno, como referencia, tené presente que la Ciudad de Buenos Aires tiene una superficie oficial de 20.590 hectáreas. High Luck controla 55 veces más que eso.
El grueso de su actividad en el país se concentra en Salta, donde opera el yacimiento Los Blancos y las áreas Tartagal y Morillo. También gestiona extensiones en Palmar Largo, Formosa.
Con presencia en el país desde 2008, High Luck forma parte del holding New Times Energy Corporation, de capitales chinos siempre asociados con el Estado. Aunque parezca mentira, explota recursos en Estados Unidos.
El principal terrateniente del país es el Grupo Benetton, la multinacional de origen italiano. Se estima que tiene unas 920.000 hectáreas distribuidas entre Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires. Las explota con producción ganadera -sobre todo, lana ovina-, agrícola, forestal y minera.
El holding llegó al país en agosto de 1991, cuando compró la firma Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. (CTSA). Esta infografía de El País ilustra la extensión de sus dominios.
En 1996, el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de tierras limítrofes a extranjeros, prohibida desde 1994, y regularizó la situación tanto del magnate italiano como de Joe Lewis, el dueño de Lago Escondido.
Lo sigue Cresud, la firma agropecuaria de Eduardo Elsztain, que tiene, también, numerosos desarrollos inmobiliarios con IRSA. IRSA y Cresud poseen, en conjunto, edificios de alta gama, tierras en ciudades, centros comerciales y unas 526.000 hectáreas en el sur, la zona núcleo y, sobre todo, el norte del país. Cuentan, además, con grandes extensiones de tierra en Paraguay, Bolivia y Brasil.
El negocio de Cresud es doble. Produce y decide operaciones de compra, venta y arrendamientos en función de sus necesidades y los vaivenes del mercado. Un mayor acceso de fondos de inversión extranjeros al país podría, potencialmente, mejorar el valor de la tierra. “Una hectárea que en California vale u$s 50.000 cuesta u$s 20.000 en la zona núcleo”, dijo Domínguez. “¿Cuánto tardarán los fondos en venir, con esos valores?”, se preguntó.
Elsztain, anfitrión del Foro Llao Llao, es uno de los más fervientes entusiastas con el gobierno de Milei. Alojó al Presidente en su hotel Libertador antes de que se mudara a la Quinta de Olivos. Nunca quedó claro quién pagó la cuenta.
El negocio agropecuario de Cresud reportó ingresos de 29% superiores a los de hace un año en los nueve meses que van desde junio de 2025 a marzo de 2026 (cierra balance a mitad de año), gracias a la ventanilla de retenciones cero. En pesos constantes, facturó casi $ 506.000 millones.
El gigante forestal de origen chileno Arauco tiene en Argentina unas 264.000 hectáreas de tierra, principalmente en Puerto Esperanza, Misiones, pero también en la provincia de Buenos Aires. Es la causa de que, por ejemplo, más de la mitad de la tierra de la localidad de Campana esté en manos extranjeras, según registros oficiales.
Esta empresa es la principal terrateniente de la provincia del litoral, con un negocio integrado que tiene aserraderos y plantas de tableros de MDF y los bosques en los que genera la madera.
Con operaciones de gran magnitud en Uruguay y Brasil, Arauco también posee fábricas en Canadá, Estados Unidos y México. Con una salvedad: en América del Norte no accede a la tierra, sino que debe comprarles el insumo a los productores locales.
Con más de 210.000 hectáreas de tierras en el país, Adecoagro es una de las empresas más grandes entre las firmas dedicadas a la agroindustria. En septiembre, se asoció con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para comprar Profertil, la productora de úrea que tenían YPF y Nutrien, por u$s 1200 millones. Adecoagro puso el 90% del capital.
Fundada en 2002 por Mariano Bosch, la compañía pasó a manos extranjeras en abril de 2025, cuando Tether, el creador de la stablecoin USDT, que ya tenía acciones en la empresa, elevó su participación al 70%, a cambio de u$s 615 millones.
Tether tiene como cabeza regional al uruguayo Juan Sartori, esposo de la hija de un oligarca ruso que tuvo mucha responsabilidad en el default de Bioceres, como contó Francisco Aristi en Letra P.
La familia Blaquier, ama y señora del noroeste argentino, tiene casi 160.000 hectáreas bajo control de su empresa Ledesma, que produce azúcar, papel, cítricos y otros y tiene una de las voces de mando en la Unión Industrial Argentina (UIA).
Fundada el 7 de mayo de 1908 como una compañía azucarera, con base en Libertador General San Martín, Jujuy, se expandió al mundo del papel hecho con fibra de caña de azúcar y al segmento agropecuario, con frutas y trigo. Sus últimos balances mostraron el efecto de una caída en el consumo tanto de azúcar como de resmas.
Los trabajos que dan cuenta de la propiedad de la tierra en Argentina son precarios. Hay un relevamiento muy puntilloso que hizo el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicos de la UBA, pero focalizado en la extranjerización del territorio. El mapa muestra en qué departamentos se excede el límite del 15% que puso la ley. Es parte de un debate clave, pero no agota el tema.
Los grandes grupos locales dueños de la tierra ven que el ingreso de fondos de inversión puede valorizar sus inversiones. Cresud, por ejemplo, tiene a Blackrock entre sus inversores, en porciones muy mínimas de capital.
La apuesta de Tether le da una segunda vida a esa búsqueda de activos estratégicos a los grandes dueños del capital financiero, ahora vinculados a los criptoactivos y a los desarrollos tecnológicos. Peter Thiel, radicado en el país, se convirtió en el monje negro de la ultraderecha y no ocultó su interés en campos. Hay quienes sospechan que los grandes multimillonarios quieren comprar los recursos naturales que abastecerán de energía barata a los datacenters.
Pero también hay grandes jugadores locales vinculados a la política. Llegó a contarse a Lázaro Báez como titular de más de 450.000 hectáreas en la Patagonia. El fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, le contó 250.000 hectáreas solo en Santa Cruz, que busca decomisar.
