Dispone medidas para cubrir la demanda estival sin apagones. Rehabilitación de usinas antiguas, compensaciones a industrias y generadores móviles en el AMBA.
El Plan Verano de Javier Milei para evitar cortes de luz
Captura de redesEl megaapagón que este miércoles dejó a 622.000 hogares sin luz, evidenció fallas en el Plan de Contingencia y Previsión que el gobierno de Javier Milei ideó para evitar los cortes de energía eléctrica en los picos de demanda veraniega. Pensado para pasar la temporada estival, luego se decidió prolongarlo hasta casi el final del mandato del economista libertario.
El Plan Verano se aprobó el 1° de octubre del año pasado y comprendía el período desde diciembre 2024 a marzo de 2025; pero por medio de la resolución 294/94 del área de energía, entonces a cargo Eduardo Rodríguez Chirillo, la administración mileísta extendió el escenario crítico de abastecimiento y las medidas paliativas y de emergencia hasta marzo de 2027.
De esta manera, lo que se anunció como un programa específico para pasar el verano se transformó en un Plan de Contingencia XL, que abarca los próximos tres períodos estivales y los inviernos de 2025 y 2026.
Más allá de la duración, la letra chica del Plan Verano planteó datos llamativos e interrogantes sobre el alcance de las medidas. Especialistas y empresarios consultados por Letra P señalaron que en los fundamentos de la resolución, el gobierno de Milei reconoció un estado de situación del servicio eléctrico más complicado del que había admitió al inicio de la gestión.
Según el análisis oficial, en materia de generación “la cobertura de la potencia requerida durante las últimas dos décadas se ha deteriorado por la insuficiente inversión en equipamiento. La disponibilidad efectiva del parque de generación –que tiene casos extremos de máquinas térmicas con antigüedades que van de 30 a 50 años- resulta insuficiente para cubrir las demandas pico de potencia sin recurrir a la importación de los países vecinos”.
Por el lado del sistema de transporte eléctrico, la evaluación oficial advirtió que “el 40% de las instalaciones agotaron su vida útil por no haber realizado la reposición de la capacidad funcional perdida, planteando un alto riesgo operativo que afecta a los usuarios y a la escasa oferta de generación existente con un alto grado de vulnerabilidad ante contingencias simples”.
En relación con la ampliación de la oferta de energía para poder mitigar los cortes en los días críticos, el Plan de Contingencia le otorga un rol preponderante a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).
Junto con la importación de energía y potencia de los países limítrofes en los días y horas de demanda elevada, la administración libertaria prevé implementar un régimen de “remuneración adicional, complementario y excepcional” que promueva la disponibilidad de todas centrales térmicas (antiguas y modernas) en los meses y horas críticas durante un período inicial de diciembre de 2024 a marzo de 2026; y que podrá ser prorrogado por 12 meses adicionales hasta marzo de 2027.
Las generadoras que se adhieran a ese esquema deberán garantizar el funcionamiento real y pleno de las usinas entre las 12 y las 22 en los meses de altas temperaturas y entre las 18 y las 23 en los períodos invernales de junio a agosto.
Las acciones definidas para las redes de transporte ponen en evidencia que, luego de más de un año, recién ahora el Gobierno se dio cuenta de los problemas que se registran en ese eslabón del negocio eléctrico.
Además de salir a “propiciar nuevos instrumentos regulatorios para fomentar las inversiones en ampliaciones de los sistemas de transporte”; el Plan de Contingencia prevé que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) identifique las obras de alta tensión y distribución troncal que fueron paralizadas por la motosierra mileísta “con el objetivo de crear mecanismos que permitan su puesta en servicio comercial en el menor plazo posible”.
El paquete de emergencia contempla también una serie de medidas operativas que debían encarar Edenor y Edesur. Cada una de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tenía que poner en marcha un Programa de Atención de Contingencias que tiene cuatro ejes:
El Plan de Contingencia tiene, además, un mecanismo "voluntario y remunerado" para las grandes clientelas industriales que acepten reducir sus consumos en los días y horarios de mayor demanda. Cada MW contratado que dejen de consumir será compensado en dólares al costo de las usinas más caras.
Otro punto del programa energético es la creación del Comité de Seguimiento de Implementación del Plan de Contingencia, que debía monitorear y evaluar la ejecución de las medidas.
Este comité está integrado por el ENRE y Cammesa, que son las ejecutoras y responsables principales del plan. Tiene como función la autoevaluación y el control entre el ente y la empresa.