La mesa política priorizó el financiamiento empresario y congeló desregulaciones más resistidas. Qué pasará con las farmacias, las garrafas y otras batallas.
El Gobierno priorizará el envío al Congreso de la reforma del Mercado de Capitales, mientras desmenuza el paquete que preparó Federico Sturzenegger, tras el fracaso de los cambios en la ley de Tierras. Contenido por la mesa política, el Coloso postergará la desregulación de la venta de libros y la apertura del cabotaje a buques y tripulaciones extranjeras.
La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió el control de la agenda legislativa para auditar la viabilidad política de cada medida antes de enviarlas al Congreso.
El traspié oficial con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada aceleró la decisión de buscar mayor consenso.
El primer proyecto que el Gobierno preparó para enviar al Congreso fue la reforma de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, anunciada por el presidente Javier Milei durante su última cadena nacional. La iniciativa buscó facilitar el acceso de las empresas a fuentes de financiamiento más rápidas y económicas.
La propuesta procuró ampliar los instrumentos disponibles para capitalizar compañías. A las acciones, bonos, fideicomisos y fondos comunes de inversión se sumaron activos digitales, criptomonedas, tokens de bienes reales y pagarés con cláusulas de actualización por índices o unidades de valor, especialmente destinados al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.
Los críticos advirtieron que una reducción de las autorizaciones previas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) podía dejar más expuestas tanto a las empresas como a los inversores. El proyecto redefinió el papel del organismo y lo orientó hacia criterios de libre competencia y eficiencia del mercado.
Entre las iniciativas que perdieron velocidad quedó la reforma de protección de la actividad librera, que contempló la desregulación del precio único del libro. El proyecto formó parte del paquete sectorial preparado por Sturzenegger, pero quedó sometido al nuevo filtro político que exigió ampliar los consensos antes de avanzar en el Congreso.
También quedó bajo revisión la apertura del cabotaje nacional. El proyecto permitía que buques de bandera extranjera realizaran viajes entre puertos argentinos sin obligación inmediata de contratar tripulación local. Además, excluía de esa categoría algunos transportes de granos entre Entre Ríos y el complejo exportador de Rosario.
El proyecto también establece que solo es obligatorio incorporar un porcentaje de tripulación argentina después de los 90 días de operación en aguas nacionales; si el buque permanece por más de 360 días, estaría obligado a contratar al 75% de la mano de obra local.
El titular del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), Mariano Vilar, sostuvo que Sturzenegger buscaba una “apertura indiscriminada del cabotaje con embarcaciones y tripulaciones extranjeras” y afirmó que la reforma beneficiaba a cerealeras como Dreyfus y a las grandes navieras.
Otra reforma proponía modificar la ley de Martilleros y Corredores. Eliminaba la obligación de contar con título universitario y pertenecer a un Colegio de Martilleros para intervenir en operaciones inmobiliarias, realizar tasaciones o emitir informes. También impedía fijar aranceles, comisiones u honorarios mínimos, máximos o sugeridos.
La ley establece que el precio de la comisión es del 6% de la operación de compra y venta, y el 4% del valor del contrato de alquiler. Si prospera el proyecto de Sturzenegger quedaría librado al mercado.
La iniciativa abría además el mercado a plataformas digitales que podían operar en todo el país. La denominada “libertad inmobiliaria” retomó ideas impulsadas por el diputado libertario Alejandro Bongiovanni, director de la Fundación Faro, y por Jorge Casotti, fundador de la plataforma Poptech Pint.
En el sector farmacéutico, el paquete habilitaba la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, incluso mediante canales digitales y entregas a domicilio. También flexibilizaba horarios, formas jurídicas y la dirección técnica de establecimientos. Laboratorios nacionales como Bagó y Roemmers podían ampliar así la comercialización de productos de libre disposición.
Son reformas a la Ley 17.565. Por ejemplo, se establecen horarios libres para la atención de las farmacias y un farmacéutico director técnico puede estar a cargo de varias farmacias. Además, las farmacias podrán constituirse con cualquier forma jurídica, de modo que flexibiliza los requisitos para abrir una.
Para la actividad agropecuaria, Sturzenegger proponía derogar la Ley 13.246 y trasladar los contratos de arrendamiento al Código Civil. La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, cuestionó la medida y sostuvo que “sería como volver cien años atrás” porque eliminaba regulaciones destinadas a equilibrar relaciones entre propietarios y arrendatarios.
Sarnari aseguró que el proyecto de Sturzenegger muestra “desconocimiento del sector” y remarcó que “nadie consultó a los productores, ni siquiera a la mesa de enlace”.
El anteproyecto también profundizaba la liberalización del mercado del gas licuado de petróleo. Planteaba derogar la Ley 26.020 y trasladar el régimen a la Ley de Hidrocarburos.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) había calculado que la garrafa de diez kilos aumentó 842% desde noviembre de 2023, más del doble de la inflación acumulada en el mismo período.
El 39% de los hogares argentinos accede al gas mediante garrafas. El precio de tres garrafas pesaba el 2,8% de un salario privado registrado y ahora pesa el 6,2% de lo que cobra una persona trabajadora en blanco.
Otro capítulo eliminaba las contribuciones obligatorias de los frigoríficos destinadas al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Ese dinero se recauda a través del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa).
La iniciativa recibió respaldo de empresas reunidas en la Cámara de Industrias Cárnicas (Cainca) que trabajaban para el mercado interno.
Sturzenegger también pretendía eliminar definitivamente la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), a la que el Gobierno ya había quitado financiamiento.
El paquete incluía además la eliminación de la intervención obligatoria de traductores públicos en determinados documentos y trámites. La fragmentación ordenada por la mesa política dejó esas reformas, junto con otros cambios sectoriales, pendientes de nuevas instrucciones.
