Guillermo Ferraro con algunos de sus colaboradores en la reunión con el Círculo Rojo de la construcción
Toto Caputo y la deuda con las constructoras de obras públicas
El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, ratificó ante el Círculo Rojo de la construcción que el esquema de iniciativa privada que pretende implementar la administración de Javier Milei para desarrollar obras públicas, llegó para quedarse; y esbozó una lista preliminar de proyectos que podrían activarse con este modelo que ya se instrumentó en otros países con más fracasos que éxitos.
En ese listado incompleto que el funcionario presentó el jueves ante quienes integran el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) figuran puertos, rutas, centrales hidroeléctricas y ferrocarriles de carga, entre otras obras. En este marco, Ferraro reiteró el compromiso de la gestión libertaria de continuar con las obras en ejecución, previo proceso de renegociación de contratos; y confirmó que todas las concesiones vencidas serán puestas nuevamente en licitación.
Fuentes de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), cuyo secretario Rodrigo Pérez Graziano participó de la reunión con Ferraro, dijeron a Letra P que en el encuentro con el funcionario quedó evidenciado que "el Gobierno parece decidido a ir por el camino de la iniciativa privada” y se posicionaron: “En la CAC tenemos disposición para colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Es evidente que Argentina registra severas falencias en infraestructura y es conocida la restricción de erogaciones que habrá en el Estado nacional".
Mientras el gobierno de Milei sostiene la retirada del Estado de la obra pública, el informe sobre las perspectivas 2023 para América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que “el sector público debe desempeñar un papel crucial mediante la inversión en infraestructura pública estratégica y la movilización de la inversión privada”. No obstante, la canciller Diana Mondino anunció que buscará que Argentina se integre a la OCDE, como en su momento intentó la administración de Mauricio Macri.
En tanto, el Centro de Economía Política (CEPA) advirtió en un informe que “suspender la obra pública impactaría en juicios de las empresas y en un fuerte golpe al empleo: 505 mil puestos directos e indirectos”.
Según los datos oficiales de la administración saliente, hay un total de 2.302 obras públicas de diversas características que están en ejecución y adjudicadas. La lista (corta) de Ferraro con privatizaciones futuras, contratos a revisar y nuevas licitaciones de las concesiones es diversa y se enfoca en áreas clave.
Una de ellas son las rutas nacionales 12 y 14 a cargo de Caminos del Río Uruguay, del empresario Juan Guillermo Insúa, quien tiene prorrogadas sus concesiones hasta abril a través de una medida cautelar que le otorgó la justicia cuando el gobierno anterior buscaba renacionalizarlas.
Se agregan las terminales portuarias federales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, privatizadas en la década de los 90 y que tienen prorrogadas las concesiones hasta 2027. Dos empresas las controlan: TRP, concesionaria de las terminales 1, 2 y 3 que maneja el holding estatal de Emiratos Árabes Dubai Ports World, asociado con el grupo local de Alfredo Román; y APM, la operadora de la terminal 4 que pertenece al grupo danés Maersk.
El contrato de concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná quedó sin licitar y la Vía Navegable Troncal está siendo gestionada, mediante servicios de empresas privadas como la dragadora Jan De Nul, por la Administración General de Puertos (AGP), a la que Ferraro ya avisó que va a disolver.
Las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas en la región del Comahue, cuyas concesiones vencieron en 2023 y están todavía en manos de AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito) y Orazul Energy (Cerros Colorados), también están en la mira. Todas están bajo la supervisión de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), otra empresa candidata a ser privatizada.