La anulación de los decretos que ajustaban y reorganizaban esas áreas abre incertidumbre jurídica sobre recortes ya aplicados y la validez de medidas en curso.
El Congreso derogó cinco decretos de Javier Milei impulsados por Federico Sturzenegger, que disolvían organismos estatales y habilitaban recortes. La decisión deja en suspenso el rumbo del ajuste económico, abre un frente judicial y pone en duda la validez de las medidas ya implementadas bajo la motosierra libertaria.
La anulación alcanzó a decretos que afectaban a Vialidad Nacional, Transporte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos, la marina mercante y organismos culturales.
El debate jurídico gira en torno a dos puntos clave: si los cambios de autoridades y la disponibilidad de trabajadores siguen vigentes o deben retrotraerse.
El fallo legislativo supone un golpe al plan de reducción del Estado que Milei y Sturzenegger habían diseñado bajo las facultades delegadas. Aunque el oficialismo sostiene que las medidas ya aplicadas son válidas, juristas y la oposición advierten que podrían quedar sin efecto, lo que reabriría la discusión sobre el alcance del ajuste.
La indefinición genera un escenario de incertidumbre para las cuentas públicas y para los sectores alcanzados. Los organismos que estaban en proceso de disolución o fusión deberán esperar la resolución judicial, mientras sindicatos y trabajadores estatales reclaman seguridad jurídica sobre sus empleos y funciones.
Impulsadas por Sturzenegger, ministro de Desregulación y Trasformación de Estado, y aprobadas mayoritariamente pocos días antes de que venzan las facultades delegadas, las normas son:
Si bien en el Gobierno se preparan para seguir adelante y defender las medidas tomadas, el propio Sturzenegger reconoció que el golpe dado por el Congreso “nos lleva a un territorio jurídico desconocido”.
En el caso de los organismos del área de transporte, un día antes de que el Senado confirmara la anulación de los decretos, el ministro de Economía, Toto Caputo avanzó con los nombramientos del macrista y extitular de AUSA Carlos Frugoni al frente de la Accspt y de Paolo Marino en la AIAIA.
Según un análisis efectuado por letrados que asesoran a las empresas de ómnibus, la caída del decreto 461/25 no implicaría, en principio, que pierdan vigencia los cambios concretados en la transformación de la CNRT en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
No obstante, el informe que circula en las cámaras de sector advierte que “teniendo en cuenta que los efectos retroactivos de las decisiones adoptadas por decretos delegados admiten criterios diversos y antagónicos de naturaleza jurídica y política que generan un claro conflicto de poderes, es muy posible que la cuestión sea sometida al arbitrio judicial y que surjan medidas cautelares que condicionen, limiten o frenen la reorganización de los organismos en juego”.
En lo que respecta al INTA, Caputo ya comenzó con la restructuración y puso en situación de disponibilidad a casi 300 agentes de la planta permanente que tenían estabilidad adquirida.
Tras una denuncia de ATE y la Asociación del Personal del INTA (Apinta), la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns decidió que Economía debe dar marcha atrás con la resolución 1240/25 que dejó al personal en disponibilidad y en caso de que no cumpla deberá pagar una multa diaria de $10 millones.
Los dos sindicatos resaltaron que “todo lo que ocurrió en el marco del decreto queda sin efecto por más que el Ejecutivo se haya apurado a obrar antes de la sanción del Congreso. De otra manera, el Gobierno tendría la facultad de legislar de manera temporal con efectos perdurables aun cuando sus decisiones sean declaradas nulas”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez destacó que “conforme lo que establecen los artículos 29 y 99.3 de la Constitución, el rechazo por parte del Congreso de los decretos dictados en virtud de la delegación legislativa dispuesta por la ley Bases son nulos de nulidad absoluta e insanable debido a que el motivo constitucional del mismo es no haber cumplido las bases otorgadas y por ende haber invadido la esfera del legislador”.
Domínguez, director del Instituto de Derecho Constitucional, sostuvo que “cuando el Congreso ejerce el control político ulterior otorgado por la Constitución, el rechazo nunca puede operar con efecto derogatorio como si estuviera legislando, sino que, por el contrario, tiene de pleno derecho constitucional (ipso iure constitucional) efectos generales y retroactivos que impiden generar derechos adquiridos”.
En tanto, un análisis sobre los DNU publicado en la revista jurídica La Ley, del profesor Jorge Alberto Diegues, considera que “los efectos de un decreto rechazado por el Congreso perduran hasta la fecha en que se publica la decisión legislativa que lo rechaza”.
Según la visión de Diegues, “sin perjuicio del rechazo que haga el Congreso y a fin de dirimir situaciones controvertidas y dar seguridad jurídica a las partes si el decreto comenzó a producir sus efectos con relación a terceros, sólo se podrá impedir la subsistencia de esos efectos mediante una declaración judicial de nulidad”.
