Tras el anuncio del pago de una suma fija para trabajadores del sector privado y público, el Círculo Rojo puso el grito en el cielo. Las críticas tienen un denominador común: afirman que el Estado "distorsiona" las relaciones laborales. La medida generó un rechazo casi a coro del empresariado que, en voz baja, apoyó la candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa.
La Unión Industrial Argentina (UIA) remarcó que "cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias". "Estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas", indicaron fuentes de la entidad, ante la consulta de Letra P. Dos semanas atrás, la agrupación industrial ya había advertido su postura cuando hizo circular un comunicado en el que planteaba que "una decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto" generaría contradicción en las escalas salariales.
La suma fija formará parte del temario de la reunión del consejo directivo de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que se realizará este martes. "Nos afecta como a todos. Para algunos sueldos es un aumento muy importante", aseguró un vocero de la entidad.
La Cámara Argentina del Comercio (CAC) reconoció en un mensaje para la prensa el deterioro de los salarios frente a la inflación, pero también advirtió que "buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación" y que para esa porción será "inviable que puedan afrontar la suma fija". La medida "acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso", detalló la entidad que dirige Mario Grinman.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a las pymes argentinas, cuestionó la "imposición" del Estado. Asimismo, sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular "atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto".
El comunicado de la entidad también señala que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales "acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado". "Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", se quejó CAME.
La suma fija será de $60.000, en dos cuotas de $30.000 a cobrarse en septiembre y octubre, para los trabajadores privados y los estatales que ganan hasta $400.000. El Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de 100% para las microempresas y de 50% para las pequeñas empresas. Las firmas que tengan más de 100 empleados deberán afrontar el bono por sí mismas.
Fuentes oficiales y empresariales descartaron una negociación previa del titular del Palacio de Hacienda con los representantes del establishment. Según pudo saber este medio, pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había pedido "contener la masa salarial" en el último acuerdo técnico, Massa aprovechó para presentar el paquete de medidas ante la titular Kristalina Georgieva. "Avisamos, no pedimos permiso", ratificaron en Economía.
El ganador de las PASO de Unión por la Patria fue Massa por más de 15 puntos, pero el espacio quedó tercero con el 27,28% de los votos. El minuto a minuto de la campaña oficialista.
Comenzó la pesca en mar abierto con la hipótesis de un ballotage con Milei. Operativo seducción, sector por sector. Intervención quirúrgica en el territorio. "Falta un mensaje de esperanza", dicen en el búnker de UP.