Toto Caputo busca que las privatizaciones aporten u$s 2300 millones a la cancelación de compromisos. Roggio, Filiberti y el regreso de los dueños de Suez.
Toto Caputo quiere sumar u$s 2300 millones con la privatización de empresas públicas y usarlos para pagar deuda, según se desprende del programa financiero que presentó este lunes. Los números, evalúan especialistas y empresarios, suenan optimistas. Las ventas de AySA y del material rodante del Belgrano Cargas serán el parámetro para saber qué tanto.
El 27 de agosto se abrirán los sobres con las ofertas de las empresas que quieran quedarse con la concesión de la empresa de Agua y Saneamiento del área metropolitana. Con los pliegos ya publicados, un puñado de compañías ingresaron al data room a solicitar los números de la firma estatizada en 2006.
Las compañías que tocaron el timbre para manifestar interés son las que había anticipado Letra P: la francesa Veolia, la chilena Aguas Andinas (prima de Veolia), las brasileñas Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp) y Rio + Saneamiento y las locales Aldo Roggio y Mauricio Filiberti, dueña de Carboclor y socia de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor.
Pero la intención del Gobierno -nunca oficializada, pero tampoco desmentida- de conseguir al menos u$s 500 millones como canon o “precio llave” choca con las perspectiva de los grupos interesados, que ponen el foco en la cantidad de inversiones que deberán realizar para cumplir con las condiciones de mejora de infraestructura, de unos u$s 3000 millones en diez años.
El precio de referencia quizás se afine luego de que el Gobierno publique el plan de acción para los primeros cinco años de gestión o primer ciclo tarifario. Las empresas tendrán en ese momento el horizonte de tarifas que piensa ofrecerles el Ejecutivo y qué obras pedirá.
Los últimos antecedentes fueron dispares. Javier Milei logró concesionar la hidrovía luego de un año y medio de rosca y un intento fallido, aunque sin canon de por medio. Pero ninguna empresa ofertó por Intercargo, que salió con un precio base de u$s 45 millones que no cubre sus activos ni refleja su balance superavitario.
“Por ahora, se mueve lento”, dijo una fuente que sigue el proceso. Otra contó que el Gobierno tenía expectativa en que grupos del sector energético mostraran interés, pero el negocio del agua no les genera atractivo. “Son márgenes estrechos y solo se gana plata con eficiencia”, explicaron. La energía mueve precios en dólares y un flujo de caja mayor al de AySA, cuyo valor está en la posibilidad de acceder a créditos blandos de organismos multilaterales destinados a la mejora del servicio.
El interés de Veolia, la empresa francesa, viene por partida doble. Entró al data room con nombre propio y, además, gestiona Aguas de Barcelona, que tiene una participación en la chilena Aguas Andina. Las vueltas del destino: Veolia compró Suez en 2022.
Suez manejaba AySA hasta que en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner la estatizó. Fue al CIADI -el tribunal del Banco Mundial, en el que Argentina juega de visitante- y, en 2015, obtuvo un fallo favorable por u$s 384 millones. En 2019, acordó con el gobierno de Mauricio Macri un pago de u$s 220 millones. Los u$s 500 millones que busca el Gobierno, dicen, son ese juicio, actualizado por inflación.
Entre los grupos locales, Benito Roggio e Hijos acelera. Además de manejar Aguas Cordobesas, comunicó que obtuvo un contrato en Perú, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para construir “reservorios, más de 470 kilómetros de redes de agua potable, más de 400 kilómetros de redes cloacales, estaciones de bombeo y más de 30.000 conexiones domiciliarias”. Destacó que la obra alcanzará a unos 370.000 habitantes y lo dimensionó como “el tamaño de un partido importante del conurbano bonaerense”.
Con ese trabajo y otras obras que gestiona en San Juan, Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Salta, añadió, “la empresa es uno de los principales actores en el desarrollo de infraestructura de agua y saneamiento en Argentina y América Latina”. La compañía explora asociaciones con empresas del exterior para presentar una oferta por AySA.
Filiberti, dueño de la empresa proveedora AySA Carboclor, mostró interés por la empresa, aunque deberá conseguir socio porque no reuniría los requisitos financieros y técnicos para ganar el pliego que, entre otras cosas, exige gestionar una empresa de servicios públicos en grandes ciudades. Filiberti, vale recordar, es socio minoritario de Edenor. Manzano y Vila no lo acompañarían en esta aventura.
La otra gran privatización que queda en cartera es la del Belgrano Cargas, con el Grupo México, las cerealeras y el propio Roggio entre los interesados. En marzo, el Gobierno avisó que la publicación de pliegos era inminente. Todavía no ocurrió. Dicen fuentes que siguen el proceso que los cambios en la Secretaría de Transporte y el lobby de distintos grupos demoró todo. Algunos detectaron un freno en la Secretaría de Legal y Técnica de la Casa Rosada. Otros, en el Palacio de Hacienda.
En este caso, los dólares entrarán por la subasta del material rodante. La licitación se dividirá en tres: talleres, locomotoras y vagones y gestión de vías. El Gobierno quiere garantizar el sistema open acces, por el cual cualquier empresa podría mandar su material rodante pagando un peaje al concesionario de las vías. El Grupo México quiere gestionar todo. Quien gane moverá a los puertos la carga del sector agropecuario y el creciente volumen que promete la minería.
Para 2027 quedarán, según las previsiones oficiales, la privatización de las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano. El Gobierno podría juntar unos u$s 800 millones por las acciones que posee de las compañías de gestión privada.
Enarsa posee el 65% de la central Belgrano y el 68,3% de San Martín. El resto está en manos de Central Puerto (10,6%), AES (7,1%), Enel (6,2%) y Pampa Energía (3,2%), entre otros.
Quedará para otro momento el debate sobre la pertinencia de quemar capital para pagar deuda, independientemente del modelo de gestión pública o privada de los activos. Por ahora, con Caputo convertido en el jefe de campaña de Milei, todo se trata de mostrarle al mercado que el Ejecutivo puede controlar al dólar en el año electoral.
