Fuentes oficiales rechazan que el titular de la cámara agroindustrial CIARA-CEC expusiera públicamente el conflicto. Brasil pidió revisar los análisis técnicos.
Las declaraciones de Gustavo Idígoras sobre presuntas detecciones de soja HB4 en Europa generaron incomodidad en áreas del Gobierno vinculadas a agricultura. Funcionarios de Argentina y Brasil cuestionaron los métodos utilizados por laboratorios europeos y evitaron validar resultados que todavía permanecían bajo revisión técnica y diplomática.
El malestar creció luego de que el titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) diera por válidas detecciones reportadas por el sistema europeo RASFF. Tanto la administración argentina como el Ministerio de Agricultura brasileño mantuvieron reparos sobre esos análisis.
“Hay una diferencia entre actuar con prudencia técnica y salir a convalidar resultados que todavía están siendo cuestionados por los propios organismos oficiales”, señaló una fuente con conocimiento de las conversaciones abiertas entre exportadores y funcionarios.
Las objeciones apuntaron a los métodos utilizados en laboratorios de la Unión Europea para detectar el evento HB4. Según explicaron fuentes oficiales, algunos ensayos identificaron marcadores genéticos presentes también en otros desarrollos transgénicos ya autorizados.
El cuestionamiento se concentró sobre el gen bar y la proteína PAT. Tanto en Argentina como en Brasil sostuvieron que esos indicadores no alcanzaban para confirmar de manera inequívoca la presencia de HB4 sin pruebas específicas y metodologías previamente validadas.
El gobierno brasileño avanzó incluso un paso más. Según fuentes del sector, elaboró un cuestionario de 13 preguntas dirigido a autoridades europeas para exigir acceso a datos crudos, cromatogramas y documentación metodológica vinculada con los análisis reportados.
Dentro de despachos oficiales también generó ruido el planteo para que el Estado intervenga de manera directa en un conflicto que consideraron “entre privados”. Cerca de Agricultura remarcaron que las responsabilidades comerciales y operativas debían resolverse dentro de la propia cadena exportadora.
Otra discusión se abrió alrededor de un supuesto pedido de inspecciones extraordinarias mediante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En el Gobierno entendieron que una medida de ese tipo resultaba improcedente mientras persistieran dudas sobre la validez técnica de las detecciones.
En paralelo, algunas fuentes privadas cuestionaron la difusión pública de reuniones y conversaciones técnicas todavía abiertas entre funcionarios, empresas exportadoras y otros actores del negocio agroindustrial. También señalaron que el vínculo político entre el titular de CIARA-CEC y distintos gobiernos había cambiado en los últimos meses.
La discusión avanzó en un momento sensible para el comercio exterior regional. Tanto Argentina como Brasil coincidieron en reclamar evidencia científica robusta antes de confirmar detecciones que podían generar impacto político y comercial en plena negociación por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
