Es Emilio Parodi. Está acusado de colaborar en la perpetración de crímenes contra tres trabajadores de la planta de Avellaneda.
Tres años después de ser detenido, Emilio Parodi, exjerarca de Molinos Río de la Plata, comenzará a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Está acusado de haber entregado a trabajadores de la empresa a las patotas de la última dictadura militar. A 50 años del último golpe de Estado, es el cuarto juicio por violaciones a los derechos humanos en el que la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado es puesta en foco.
El juicio comenzará este jueves 10 de septiembre, a las 11, en los tribunales federales de La Plata. Parodi llega al debate acusado por los secuestros de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, trabajadores de la planta que Molinos tenía en Avellaneda. Los tres fueron capturados el 7 de julio de 1976, durante un operativo realizado dentro y en los accesos al establecimiento. Permanecen desaparecidos.
Al tiempo de los hechos, Parodi se desempeñaba como jefe de Personal y ejercía tareas gerenciales vinculadas con los recursos humanos, una posición central para la acusación. Según la Fiscalía, los secuestros fueron el resultado de una articulación entre las fuerzas represivas y sectores de la estructura empresaria de Molinos Río de la Plata que conocían la actividad gremial de los trabajadores, podían identificarlos y controlaban sus movimientos dentro de la fábrica.
Parodi fue detenido e indagado en julio de 2023. Entonces, negó haber participado en los hechos que se le endilgaron y rechazó cualquier vínculo con las fuerzas armadas o de seguridad. También buscó limitar el alcance del cargo que ocupaba en 1976. Sin embargo, la Fiscalía reunió testimonios, documentación interna, un organigrama empresarial y hasta antecedentes profesionales aportados por el propio acusado que lo ubican en la conducción del área de Recursos Humanos.
El requerimiento fiscal de elevación a juicio, presentado el 1° de noviembre de 2024 por la Unidad Fiscal Federal de La Plata, considera a Parodi coautor funcional de las privaciones ilegales de la libertad.
El fiscal federal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira sostuvieron que sus actos “favorecieron y facilitaron la ocurrencia de los hechos” y contribuyeron luego a consolidar las desapariciones mediante “el impedimento de acceso a la información por parte de sus familiares”.
El juez de instrucción Ernesto Kreplak señaló además el aporte de Parodi para que los crímenes pudieran ser llevados a cabo. Los secuestros, apuntó en su elevación a juicio, “no se podrían haber ejecutado sin la colaboración del imputado, quien facilitó la consumación de las detenciones de las víctimas poniendo a disposición de los captores las instalaciones de la fábrica”.
Es el cuarto juicio de lesa humanidad que sienta en el banquillo de los acusados a miembros o personal jerárquico de empresas por su responsabilidad en secuestros y desapariciones de obreros de esas compañías –La Veloz del Norte, Ingenio Las Marías y Ford son los casos previos– y el primero que se desarrolla en La Plata. La acusación estará a cargo de la Fiscalía y de querellas en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales, de familiares de víctimas, de asociaciones gremiales –la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
A última hora del miércoles, el TOF conformado por Nelson Jarazo, Pablo Wilk y Yesica Sircovich, decidió que la audiencia de apertura sea virtual.
Son, hasta el momento y al menos, 27 los trabajadores de Molinos Río de la Plata que fueron secuestrados, desaparecidos o asesinados durante la última dictadura cívico militar. En este juicio, no obstante, se analizará la responsabilidad de Parodi en el secuestro de tres de ellos, ocurridos entre las 5 y las 8 de la mañana de aquel 7 de julio, cuando entraban o salían de sus turnos.
Aquella madrugada, hombres armados llegaron a la fábrica que Molinos Río de la Plata tenía en Avellaneda en dos camiones del Ejército e ingresaron en la planta ubicada en Deán Funes 90. Llevaban listas con nombres de empleados.
El primero en ser secuestrado fue Santos Ojeda, que tenía 24 años y era delegado de Molinos. Salía de la planta alrededor de las 5 de la mañana. Según la denuncia formulada por su tía ante la Conadep, los captores se presentaron ante el jefe de Personal como miembros de Coordinación Federal, le pidieron a Ojeda que se identificara, lo apuntaron con un arma y lo obligaron a subir a un vehículo. Cuando la familia fue a buscarlo a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, primero le confirmaron que estaba allí y le pidieron que llevara ropa. Al regresar, negaron su presencia.
Francisco Fernández tenía 27 años, arreglaba las máquinas de la fábrica y desarrollaba actividad gremial. Cuando llegó para comenzar su turno a las seis de la mañana, no encontró su tarjeta. Al dirigirse a la oficina de seguridad, hombres vestidos de civil lo capturaron y lo sacaron del establecimiento. Su esposa se enteró varias horas más tarde, cuando un vecino llegó hasta su casa para avisarle que Francisco había sido detenido. Fernández dejó tres hijos de seis, cinco y tres años.
Roberto José Rivolta Bonino, de 35 años, fue interceptado cuando se disponía a ingresar a la fábrica. Como Fernández y Ojeda, permanece desaparecido.
Entre la estructura probatoria de la causa figuran decenas de testimonios que indican que las patotas del Ejército contaban con listas de trabajadores con participación política o sindical. Guido Almaraz, exempleado de Molinos y uno de los testigos, declaró en la instrucción de la causa que los capataces de las distintas secciones identificaban a los activistas y que el personal de seguridad de la empresa colaboraba con esa tarea. Según su testimonio, “ese listado habría pasado al personal de seguridad y luego a Parodi, quien después lo habría entregado al Ejército”, cita el requerimiento.
Hugo Lasalle, otro exempleado, recordó que los responsables del operativo llegaron con dos camiones, los estacionaron en los accesos y entraron con nóminas que, según creía, habían sido suministradas por Parodi. Los represores retiraron las tarjetas de los empleados incluidos en ellas y los capturaron cuando se acercaron a reclamarlas.
La acusación también ponderó que el operativo se produjo en el interior y las puertas de una planta controlada por la empresa, sin que existan indicios de que los hombres armados hubieran tenido que violentar los accesos o vencer alguna resistencia. “Se facilitó la utilización de las instalaciones de la fábrica de Avellaneda”, apuntó el Ministerio Público Fiscal.
Los tres secuestros serán analizados dentro de una trama más amplia de persecución contra los trabajadores organizados. Antes del golpe de Estado, en Molinos se habían producido reclamos por las condiciones laborales. La agrupación 17 de Octubre, contraria a la dirigencia del Sindicato de Aceiteros y vinculada con los espacios políticos de tendencia revolucionaria de la época, llevaron a cabo dos tomas de fábrica en 1974. Los obreros denunciaban, entre otras cuestiones, la falta de libertad para circular dentro del establecimiento, el control ejercido por los jefes y algunas prácticas comerciales de la empresa: en la planta de Avellaneda la empresa acumulaba productos, los dejaba pudrir antes de sacarlos a la venta y secaba el mercado interno.
Los testimonios describieron a Parodi como el jerárquico que enfrentaba a los trabajadores durante los conflictos gremiales. Lasalle afirmó que, después del golpe, comenzó un plan sistemático de persecución contra la agrupación 17 de Octubre.
La represión buscaba desarticular las comisiones internas, sembrar miedo dentro de las plantas y modificar las relaciones entre los empresarios y sus empleados. “La persecución sufrida por militantes y dirigentes gremiales” representó, según el requerimiento fiscal, “un ataque al movimiento sindical en su conjunto, a su capacidad de organización y de defensa de los derechos laborales”.
FLa documentación de Molinos también integra la prueba. En los casos de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino, la empresa no conservó registros de su ingreso o egreso el día en que fueron secuestrados. En otros casos, anotó como abandono de trabajo la ausencia de empleados capturados fuera de la fábrica. Para el Ministerio Público, esas irregularidades no fueron meramente administrativas: sirvieron para ocultar las detenciones y dificultar la búsqueda emprendida por las familias.
La imputación de la Fiscalía no recae sobre la persona jurídica sino sobre Parodi, como uno de los hombres que dirigían y controlaban las relaciones laborales. No obstante, el requerimiento define a la empresa, sus directivos y su personal de control como “un eslabón indisoluble” del proceso que culminó en las desapariciones.
Molinos Río de la Plata, entonces controlada por el grupo Bunge & Born, obtuvo además importantes beneficios durante los primeros años de la dictadura. El informe elaborado por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero del Ministerio Público Fiscal determinó que la compañía pasó de registrar pérdidas en el ejercicio anterior al golpe a obtener ganancias en los dos períodos siguientes. Entre los ejercicios cerrados en julio de 1975 y julio de 1976, su resultado mejoró un 358 %.
El requerimiento no presenta ese crecimiento económico como una prueba aislada de responsabilidad penal, pero lo incorpora al contexto en el que ocurrieron los secuestros. Mientras la represión desarticulaba los reclamos gremiales, la empresa reducía personal, disminuía el peso de los salarios dentro de sus costos y mejoraba sus resultados. Para la fiscalía, el beneficio económico permite observar una relación de “prestaciones recíprocas” entre sectores empresariales y el aparato estatal.
