EMPRESAS Y DICTADURA

Las horas extra de Parodi, el gerente que marcaba trabajadores en Molinos

El jefe de Relaciones Industriales de la aceitera de Bunge & Born espió, hostigó y entregó gremialistas que fueron víctimas del Terrorismo de Estado.

Diez años después del inicio de la causa, el 4 de julio la Justicia Federal de La Plata detuvo a Emilio Parodi y lo indagó por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar: los testimonios en el expediente judicial coinciden en que desde su rol de jefe de Relaciones Industriales de Molinos Río de la Plata entregó listas con sus nombres y datos personales de empleados a las fuerzas represivas para que los secuestraran. Fueron decenas y casi todos permanecen desaparecidos.

Parodi hoy tiene 82 años y gerenció el área vinculada a Recursos Humanos de la empresa aceitera del conglomerado Bunge & Born. La acusación es por la privación ilegal de la libertad de 23 personas, secuestradas entre julio de 1976 y agosto de 1978. Todas trabajaban -o habían trabajado- en la planta de Avellaneda y eran activistas gremiales, o eran familiares.

“Quiero decir que soy absolutamente inocente de todo esto”, expresó Parodi durante su indagatoria. No respondió preguntas y aclaró que, por el momento, realizaría “consideraciones genéricas” y que se reservaría el derecho “ampliar en lo sucesivo” a través de su defensora oficial, Nora Mezzelani. De los nombres de las 23 víctimas por los que se lo detuvo y se intentó indagar, señaló que “sólo de 2 o 3” recuerda su nombre, por haber tenido “mucho trato en esa época” debido a su función de gerente de Relaciones Industriales “De las otras no. Pasó demasiado tiempo”, subrayó.

Con arresto domiciliario, por ahora

La orden de detención salió del Juzgado Federal número 3 de La Plata. En la mañana del 4 de julio, fuerzas policiales y funcionarios del Poder Judicial tocaron timbre en un departamento de la ciudad de Olivos, en la zona norte del Conurbano bonaerense, y le informaron a Parodi que debía acompañarlos. A última hora de la tarde, el juez federal Enrique Kreplak le tomó declaración indagatoria, en base al pedido de indagatoria que realizaron la Fiscalía y las querellas.

Luego, Kreplak lo envió a su casa con una custodia policial hasta tanto se verifique que su estado de salud es el adecuado para ser trasladado a la unidad penal número 34, la cárcel vip de Campo de Mayo. Desde entonces, comenzaron a correr los 10 días hábiles que tiene para definir su situación procesal.

“Que se llegue a juicio para poder decir en nombre de nuestros viejos que existió un poco de justicia, ¿no?”.

“Es algo sorprendente y bueno para nosotros”, definió Analía Fernández, hija de una de las víctimas y querellante en la causa, quien añadió que su “objetivo máximo” es que “se llegue a juicio para poder decir en nombre de nuestros viejos que existió un poco de justicia, ¿no?”.

Además, lamentó “que se haya tardado tanto, que muchos de los responsables ya no estén”. Parodi es, al momento, el único detenido e indagado, tanto civil como de las fuerzas de seguridad y militares implicados en los hechos, de la causa aunque los pedidos de indagatoria formulados por las partes en 2021 incluyeron a Carlos Jacobi y Enrique Zweegman, por el tiempo de los hechos directivos de Bunge & Born, a Ricardo Canullo, gerente de servicios administrativos-financieros y a Gonzalo Fernández Madero, de Relaciones Institucionales.

La persecución en territorio de Bunge & Born

En junio de 2013, Fernández, Ceferino Mattaboni y Roxana Freitas radicaron una denuncia ante la Justicia por el secuestro y la desaparición de sus padres durante la última dictadura. Avelino Freitas, Francisco Fernández y Ramón Mattaboni eran trabajadores de la fábrica aceitera más importante del grupo empresario Bunge & Born, ubicada en Avellaneda, y militantes gremiales cuando la cosa se empezó a poner fea.

La movida sindical por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo que no sólo implicaba reclamos a las patronales sino también una batalla emancipatoria de la burocracia sindical comenzó en Molinos más o menos al mismo tiempo que en el resto de las industrias del país: principios de 1970. Freitas, Fernández y Mattaboni junto a Marco Augusto Vázquez, José Pasquarrosa, Santos Ojeda, Carlos Espíndola, entre otros tantos trabajadores de la fábrica, integraron la “Agrupación 17 de Octubre”, desde la que llevaron a cabo medidas de fuerza durante los años previos a la dictadura. Dentro del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, empujaron la Lista Blanca que salió a pelearle la conducción a la Celeste.

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Fuente: Telam

Fuente: Telam

El jefe de los “Bomberos”

El hostigamiento a los trabajadores militantes había comenzado años antes del 24 de marzo de 1976, pero desde entonces recrudeció. Eso concluye la denuncia presentada en 2013 y que los hijos de los trabajadores desaparecidos forjaron con una investigación que iniciaron años atrás con la búsqueda insistente de testigos de la época. La causa recibió el impulso del Centro de Estudios Legales y Sociales y del gobierno bonaerense en calidad de querella y de la Fiscalía.

“Esto emociona y mucho, porque después de tantos años iba perdiendo la esperanza, algunos testigos iban muriendo, sentía que todo iba muy lento”, apuntó Natalia Freitas, otra de las querellantes.

Según los testimonios que recolectaron de extrabajadores, Parodi fue uno de los gerentes que encabezó la persecución y el hostigamiento hacia el plantel militante de la fábrica. Había ingresado a mediados de 1975 y en 1979 fue ascendido a gerente de Relaciones Industriales de todas las plantas de Molinos, cargo que ocupó hasta mediados de la década del 90. Previo al Golpe, buscó desvincular a los trabajadores comprometidos. Los presionaba para que renunciaran bajo amenaza. Emprendía esa tarea junto a Fernández Madero, otra persona identificada por los testigos.

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Según surge de la causa, personal de la Superintendencia de Seguridad Federal intervino dentro de la fábrica por pedido de la cúpula de Bunge & Born, pero además Parodi y Fernández Madero tenían una fuerza operativa trabajando para ellos: los llamaban “Bomberos”. Era personal civil que hacía tareas de Seguridad. Según los testimonios, se trataba de personal civil dedicado a hacer tareas de “seguridad”: “Eran como la policía, vigilaban a todo el mundo, se metían en el vestuario y abrían los cofres, hacían lo que querían, retenían las tarjetas, y cuando uno preguntaba lo llevaban a una oficina y ahí los revisaban”, contó uno de los testigos.

Además de dirigir a los “Bomberos”, los testimonios aseguraron que Parodi entregó listas a las fuerzas de seguridad de trabajadores que fueron secuestrados en las inmediaciones de sus lugares de trabajo, en sus domicilios o en lugares que solían frecuentar. Son varios los testigos que coinciden en la descripción de un operativo que sucedió en julio de 1976 –se presume que fue el 7 de julio– y que implicó la intervención de dos camiones del Ejército en la puerta de la fábrica de Molinos en Avellaneda en los que fueron “cargados” casi 80 trabajadores enlistados por Parodi. Las víctimas recorrieron diversos circuitos represivos. Entre los identificados, figuran Garage Azopardo, Coordinación Federal, Pozo de Quilmes, Comisaría 4 de Avellaneda, el Infierno, Vesubio y El Banco.

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