En una habitación cerrada con candado dentro de la planta que la compañía Molinos Río de la Plata tiene en Avellaneda se guardaron por casi cinco décadas legajos laborales del personal que trabajó allí entre 1975 y 1983 y que fue perseguido, secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar. El nuevo grupo que compró la compañía a Bunge & Born halló los expedientes y los puso a disposición de la justicia; que ahora deberá evaluar si esa documentación prueba la complicidad empresarial con el sistema represivo.
“Esto es prueba nueva a analizar y será importante ver qué dicen los legajos de las personas que se llevaron de ahí”, dijo a Letra P Pablo Llonto, abogado querellante de Analía Fernández, Ceferino Mattaboni y Roxana Freitas, familiares de tres trabajadores de la empresa de alimentos secuestrados durante “los años de plomo” y que permanecen desaparecidos.
Esa querella presentó la denuncia con la que se inició la causa judicial que investiga los crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas sus padres y otra veintena de operarios de la planta de Avellaneda. El expediente busca pruebas que confirmen la hipótesis de que la dirección y el plantel jerárquico de Molinos Río de la Plata entregó a sus trabajadores a los grupos de tareas de la represión ilegal.
El hallazgo y un gesto
Pérez Companc Family Group adquiere el control accionario de Molinos Río de la Plata en 1999 y poco después de quedarse con la compañía cerró la planta de Avellaneda y la mantuvo inactiva hasta hace pocos meses, cuando inició un proceso para reactivarla.
En agosto de este año, los apoderados de Molinos Río de la Plata, Santiago Vaccaro y Omar Salvi, remitieron un escrito al juez Ernesto Kreplak detallándole que el hallazgo de la documentación se produjo un julio. En 2019, el magistrado había encabezó una inspección ocular en el lugar.
Molinos Kreplak
El juez Ernesto en la inspección ocular de la planta de Molinos en 2019.
“Se tuvo que abrir forzadamente un espacio del cual se carecía la llave para su apertura y al que nadie había entrado en virtud del tiempo transcurrido sin actividad en las instalaciones”, puntualiza el escrito en manos de Kreplak.
Salvi y Vaccaro relataron que al ingresar a la habitación que permanecía cerrada “se detectó la presencia de una gran cantidad de documentación relacionada al personal que habría prestado tareas laborales en las instalaciones de dicha planta”. También explicaron que entre esa documentación había libros laborales, recibos de haberes, legajos de personal, entre ellos del personal que “prestaba tareas en la planta entre 1975 y 1983”.
Los abogados de la compañía información, además, que “debido al paso del tiempo gran parte de la documentación se encontraba en mal estado” y que la habían trasladado a las oficinas centrales del grupo, en la localidad de Victoria, partido bonaerense de San Fernando.
En este sentido, Llonto ponderó la “predisposición” de la empresa para informar el hallazgo de la documentación y consideró que haberla entregado a la justicia constituye “un gesto a destacar en épocas en las que se intenta negar lo ocurrido”. “Hay empresarios que, frente al negacionismo de Javier Milei, en lugar de esconderse, se ponen a disposición”, valoró el abogado de la querella.
Documentación clave
La documentación está contenida en cuatro cajas de cartón grandes y más de diez pilas de carpetas y biblioratos de más de un metro de alto. Inmediatamente después de llegar al Juzgado Federal número 3 de La Plata, que investiga el secuestro y la desaparición de 23 obreros de Molinos, se informó que quedó “alcanzada por la medida de no innovar dictada oportunamente” en la planta de Avellaneda.
Llonto recordó que durante la inspección ocular que se llevó a cabo en 2019 a la planta de Avellaneda "había varios lugares cerrados con candado"; pero hasta ninguna de las partes solicitó un allanamiento del predio.
La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Matías Moreno y querellante en la causa, ofreció “los recursos humanos y materiales con que cuenta el Archivo Provincia de la Memoria (APM)” para que el material hallado “pueda ser digitalizado de manera rápida y efectiva”.
“Nos parece importante saber bien de qué se trata ese material, pero primero poder tenerlo en custodia y preservarlo para que no vaya a pasarle nada. Hay documentación que se pudo haber perdido, que se puede recuperar con técnicas que conocen los especialistas del centro de documentación del APM”, explicó Verónica Bogliano, coordinadora de las querellas de la Subsecretaría.
Un único procesado en la causa
La causa nació en 2013 a raíz de la denuncia de dos hijos y una hija de tres de los 23 trabajadores secuestrados de Molinos Río de la Plata identificados como víctimas; y no tiene miembros de las fuerzas armadas o de seguridad en la mira, solo civiles. Para construir su presentación, los denunciantes contactaron con testimonios de compañeros de trabajo de sus padres detenidos desaparecidos.
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Así pudieron reconstruir el rol del exgerente de Personal Emilio Parodi, el único procesado en el expediente y con prisión preventiva. A Parodi se lo sindica como quien entregó listas de empleados a las fuerzas de seguridad, que luego fueron secuestrados en inmediaciones de la planta de Avellaneda, en sus domicilios o en lugares que solían frecuentar.
La denuncia también logró la reconstrucción de un operativo en la puerta de la planta, en julio de 1976, que implicó la intervención de dos camiones del Ejército en los que fueron “cargados” casi 80 trabajadores enlistados por el entonces jefe de Personal. “Hay que buscar en esos documentos a ver si hay registros de aquel operativo”, planteó Llonto.
