La publicación del primer tomo de tres libros con el título La verdad los hará libres, un análisis historiográfico teológico de los archivos que la Conferencia Episcopal Argentina y el Vaticano desclasificaron, confirmó que la Iglesia no fue un actor ausente en la última dictadura militar. Presentado como un intento de aproximación a la “verdad histórica” de los hechos, pretende despejar dudas sobre las denuncias de complicidades que recaen contra la institución y revelar cuál fue, en realidad, el rol de las autoridades eclesiásticas en el contexto de los denominados “años de plomo” y la violencia política de los años previos; y también tras el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas contra el gobierno constitucional de Arturo Illia.
El informe resume la lectura, clasificación e investigación de esos archivos eclesiásticos respondiendo al eterno reclamo de las organizaciones de derechos humanos en su lucha por Memoria, Verdad y Justicia. También a la exigencia de una exhibición pública de esa base documental y no solo acotada -y mediante protocolo previo- a víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la represión ilegal en los años del terrorismo de Estado.
La investigación pretende, además, contestar a las preguntas sin respuestas que la sociedad le ha hecho a la jerarquía eclesiástica en estos 40 años de democracia por cumplirse en diciembre próximo. ¿La Iglesia fue cómplice de la dictadura militar? ¿Hubo clérigos que bendijeron y confesaban a genocidas? ¿Hubo miembros que participaron de los procesos de violencia? ¿La Iglesia hizo todo lo que estuvo a su alcance para recibir denuncias de desaparición de personas y contener a familiares de víctimas?
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El análisis de los documentos sobre “La Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983”, tal como reza el subtítulo de la obra, fue encargada a archivistas, teólogos e historiadores vinculados a la Universidad Católica Argentina (UCA): el sacerdote Carlos Galli, decano de la Facultad de Teología y miembro de la Comisión Teológica Internacional; el sacerdote e historiador Juan Durán, de la arquidiócesis de Mercedes-Luján; Federico Tavelli, el único laico; y Luis Liberti, religioso de los Misioneros del Verbo Divino, la congregación a la que pertenecía Jorge Novak, uno de los pocos obispos –junto con Jaime de Nevares y Esteban Hesayne- comprometidos con la causa de los derechos humanos.
Galli admite que revisar la documentación eclesiástica significó “un cierto descenso a los infiernos” porque muchas cartas relatan historias “dolorosísimas” que reflejan “todo lo cruel que implicó usar el Estado para desaparecer personas”. El sacerdote aclara –en una reciente entrevista con Télam- que no hay que pretender encontrar en esos archivos más información que la existente sobre el destino de las personas desaparecidas. “No es que la Iglesia supiera más y tuviera escondida esa información”, se ataja.
“El objetivo (de la investigación) es aproximarnos lo más posible a la verdad histórica, abierto a la luz de la fe, y sin relatos ideológicos ni apologías corporativas”, pide Galli de antemano, y puntualiza que tiene una finalidad única: “Buscamos investigar cómo actuó la Iglesia frente a los pedidos que le llegaban en base a lo que estaba sucediendo”.
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Tavelli destaca el significado de haber tenido acceso a documentos que aportan datos “interesantes” y que permiten reconstruir mejor ese pasado al que define “oscuro y doloroso”, entre otros referidos al secuestro de los sacerdotes jesuitas (Franz) Jalil y Orlando Yorio y al papel Jorge Bergoglio como provincial de la orden. También material sobre el crimen del padre Carlos Mugica, la reacción de los obispos ante el asesinato de Enrique Angelelli, hoy beato mártir de la Iglesia; la masacre de los palotinos en la parroquia de San Patricio o el secuestro de las monjas francesas.
Lijo, Bergoglio y una excepcionalidad
Previo a su divulgación pública, la Conferencia Episcopal Argentina entregó al juez federal Ariel Lijo la documentación eclesiástica inédita sobre denuncias que recibió la jerarquía por parte de familiares, además de pedidos de informes requeridos sobre la última dictadura. Luego de analizarla, remitió esa base documental a los presidentes de las Cámaras Federales a fin de que los magistrados que llevan adelante causas por delitos de lesa humanidad puedan consultarlas.
En 2012, el episcopado argentino encabezado por José María Arancedo tomó la decisión de sistematizar sus archivos de los años de la dictadura, la represión ilegal y la desaparición de personas, para ponerlos a disposición de víctimas y familiares, previo pedido explícito. Un año después, ya con Bergoglio en Roma, el papa dio instrucciones para abrir los archivos preservados en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires y también los denominados “secretos” del Vaticano para desclasificarlos; un caso de excepcionalidad dado que -según las normas canónicas- no se puede acceder a este material hasta que pasen 70 años. El proceso para sistematizar esa documentación de la Santa Sede se demoró hasta mediados de 2016, y recién en 2017 Francisco permitió que la comisión de expertos de la UCA pudiera utilizar esa documentación para completar la investigación que ahora acaba de ser publicada en tres tomos.
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En el primer tomo, ya publicado, la Iglesia “ofrece un marco de comprensión de la realidad social y eclesial argentina en la segunda mitad del siglo XX deteniéndose tanto en las concepciones teóricas como en las acciones concretas que alimentaron las diversas formas de conflictividad y violencia”.
El episcopado anticipó que el segundo tomo, de pronta aparición, “afronta las vicisitudes y contradicciones de la Iglesia católica durante los años del llamado Proceso de Reorganización Nacional con la intención de revelar, de forma cronológica e integral, todo el ciclo de los acontecimientos desde el golpe de Estado de 1976 hasta el regreso a la democracia en 1983”.
El tercero y último, según los obispos, ofrecerá una serie de ensayos con “diversas lecturas teológicas e históricas acerca de lo sucedido en aquel tiempo”.
